13 de noviembre de 2023, 4:00 AM
13 de noviembre de 2023, 4:00 AM

El país enfrenta una crisis sin precedentes debido a los incendios forestales que persisten con una fuerza devastadora hasta noviembre. La aguda sequía ha exacerbado esta tragedia, afectando ahora a numerosas comunidades indígenas que luchan contra las llamas.

La comunidad indígena Buena Vista, perteneciente al Territorio Comunitario de Origen (TCO) Takana 1, ha sufrido pérdidas lamentables. Cinco casas y varios vehículos han sido consumidos por el fuego, obligando a evacuar a unas cien familias. A pesar de la advertencia de la comunidad hace 40 días, la ayuda tardía de las autoridades y el acceso limitado a las áreas afectadas han dificultado los esfuerzos de extinción.

Las condiciones climáticas extremas han complicado la labor de los bomberos y el personal de rescate. El Ejército y Defensa Civil han intervenido, utilizando cortafuegos, aunque algunas áreas han resistido los intentos de contención. La situación es crítica, con informes recientes indicando que las llamas amenazan incluso al municipio de San Buenaventura.

Los incendios forestales no se limitan a una región. A nivel nacional, se informa de incendios en varios municipios, incluyendo Palos Blancos (TCO Mosetenes), San Buenaventura, Villa Tunari (cerca del Tipnis), Magdalena, San Borja y Rurrenabaque. La magnitud del desastre es evidente con 16 incendios activos en todo el país, la mitad de ellos en Santa Cruz, donde persisten desde hace más de un mes.

En este contexto crítico, legisladores han instado al Gobierno a declarar el estado de desastre en áreas afectadas. Es imperativo no subestimar la gravedad de la situación y redoblar esfuerzos para combatir incendios activos y prevenir futuros brotes durante la prolongada sequía.

Las declaraciones incendiarias de diferentes actores políticos añaden complejidad al panorama. Mientras un dirigente cívico provincial acusa al Gobierno de provocar los incendios, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, sugiere motivaciones políticas detrás de estas acusaciones.

Se entiende que la autoridad de Gobierno se refería a la propuesta del Comité Cívico cruceño de establecer una nueva relación de Santa Cruz con el Estado, la misma que será presentada el día de hoy, según se ha anunciado. En esta propuesta se habla de cambios para fortalecer la autonomía, lo cual implica la asignación de mayores competencias autonómicas y de recursos. Aquí se abre el debate y cabe preguntarse: ¿A quién le corresponde asumir la responsabilidad por todo lo relacionado a los incendios forestales?

La realidad es compleja: la expansión humana en parques nacionales y territorios indígenas ha exacerbado los incendios y otros desastres ambientales. La gestión sostenible del territorio requiere la participación de todos los niveles del Estado y comunidades locales.

Las comunidades indígenas, ya afectadas por la explotación irracional de la tierra y la contaminación causada por la actividad minera, son ahora víctimas directas de los incendios. La destrucción ambiental afecta la salud, la fauna y la actividad forestal, creando un panorama sombrío a largo plazo.

El 2023 debe ser un punto de inflexión. Los incendios recurrentes, agravados por el cambio climático, demandan medidas estructurales. Aunque propuestas como la autonomía regional pueden enfrentar obstáculos, la colaboración entre el poder central, departamental y las comunidades es esencial. Bolivia está en estado de emergencia, y la tarea de extinguir los incendios y prevenir futuros desastres es una responsabilidad compartida que no puede esperar.



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