En el último quinquenio, Bolivia pasó de exportador a importador de combustibles, con las consecuencias que ello acarrea a su economía. Hasta hace 10 años, el país registraba un superávit de entre $us 2.000 y $us 4.000 millones en la balanza comercial de los hidrocarburos. Sin embargo, desde 2022 hay un déficit de $us 1.000 millones anuales, según los datos de la consultora Gas Energy Latin América.​

Las filas de vehículos buscando diésel se han multiplicado en los últimos meses y en varias regiones del país, afectando a las exportaciones, la siembra de la campaña de verano y los viajes interdepartamentales. Sobre este tema, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, dijo que registraron un problema logístico y afirma que está cubierto el 80% de la demanda. Asimismo, atribuye las filas a la paranoia de la población y descarta que la subvención supere el bolsillo del Gobierno. “Las ventas de YPFB siempre estuvieron por encima de las compras”, dijo, pero los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran lo contrario.

Lo cierto es que iniciaron operativos y la Agencia de Hidrocarburos detectó la venta irregular de combustibles subsidiados en grandes cantidades a compradores extranjeros. Dorgathen también ve intenciones políticas de generar zozobra en la población e insiste en que hay una provisión adicional de gasolina y diésel para evitar el desfase.

Ahora, lo que es evidente es que al aumento en los precios de los hidrocarburos, provocado por la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra entre Palestina e Israel, se suma la escasez de dólares.

Sin embargo, no habrá una salida de alivio mientras se mantenga el subsidio a los combustibles. Bolivia compra caro para vender barato y con ello mantiene baja la inflación. La creciente dependencia de la gasolina y el diésel importados expone al país a sufrir la escasez de combustibles y eventualmente la falta de gas natural.

Es muy posible que para el año 2025, los ingresos de la exportación de gas no sean ya suficientes para cubrir el monto de subsidio a la importación de combustibles. Esto haciendo incluso un análisis si los precios estuvieran a 75, 80 o 90 $us/barril, debido al descenso del gas y el aumento del parque automotor. Si ello sucede,  crecerá la presión sobre el Tesoro General de la Nación, justamente cuando el Gobierno tiene un déficit fiscal por encima del 7% del Producto Interno Bruto desde hace ocho años consecutivos.

Lo cierto es que en 2003, cuando los expertos en hidrocarburos advertían que Bolivia necesitaba aumentar su ritmo de exploración para asegurar sus ventas externas e internas, nadie escuchó. Al contrario, en 2006 cambiaron las reglas del juego con la nacionalización de los hidrocarburos, desalentando la inversión extranjera de las compañías que operaban en Bolivia, capitales que son primordiales para este tipo de negocios de alto riesgo que se desarrolla en varios años.

Luego, asumiría un mayor protagonismo en exploración la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pero hasta la elección de zonas estuvo conducida por intereses más políticos que técnicos. ¿El resultado? El fracaso, grandes cantidades de dinero que solo dejaron información geológica, ni una molécula de gas comercial para reponer las reservas que cada vez son menos.

Ya es tarde para explorar y conseguir hidrocarburos que alivien la situación en el corto plazo, pero liberar las exportaciones para que ingresen dólares a la economía boliviana es una solución inmediata que está en manos del Gobierno.