16 de agosto de 2023, 4:00 AM
16 de agosto de 2023, 4:00 AM

El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, ha ofrecido una recompensa de 100 mil dólares americanos a quien proporcione datos certeros que ayuden a la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

El anuncio da pie a una serie de consideraciones. En principio, surge una contradicción entre las declaraciones oficiales y los resultados de la búsqueda de Marset, puesto que tanto el ministro Del Castillo como viceministros y altos jefes policiales declararon hasta el cansancio que el narcotraficante está rodeado, ansioso y deprimido, y que su captura es cuestión de tiempo. ¿Si el cerco es tan fuerte, qué sentido tiene la oferta de una recompensa?

Hasta ahora, las fuerzas antidroga llegaron una hora tarde a la mansión que ocupó Marset hasta el día de su fuga, llegaron tarde a la estancia donde, supuestamente, el prófugo grabó uno de sus videos virales; llegaron mucho tiempo después a casas, centros deportivos y otros espacios en los que este particular personaje disfrutó de su estancia en Bolivia e hizo ostentación de su fortuna. Lamentablemente, siempre tarde. ¿Será que la recompensa ofrecida cambia el curso de los acontecimientos?

En Colombia, hace 40 años, el Estado, forzado por la desesperación, se vio obligado a ofrecer recompensas para la captura de Pablo Escobar y los anuncios fueron profusamente difundidos en medios de comunicación. En ese entonces las organizaciones criminales tenían poder económico, político y militar, y gozaban de amplias redes de protección, por eso los premios económicos fueron necesarios, aunque no del todo efectivos. ¿Cuál es la motivación última de la recompensa ofrecida por Del Castillo?

Adicionalmente, se debe mencionar que en Bolivia existen recompensas para quienes delaten a los contrabandistas, mecanismo que está debidamente legislado y reglamentado; pero la oferta lanzada por Del Castillo carece de sustento jurídico sólido; en caso contrario, hace tiempo que decenas de narcotraficantes, pedófilos o estafadores habrían sido delatados, capturados y sometidos a la justicia. Es necesario cuestionar ¿qué partida presupuestaria contempla el pago ofrecido por el Gobierno? ¿quién y cómo validará la información recibida? y, aunque suene irrisorio, ¿será un pago facturado? Sin contar con el hecho de que actualmente faltan dólares en la economía boliviana.

Aunque uno se esfuerza por creer en todos los discursos oficiales, porque es peor darle crédito a un delincuente confeso, los hechos hablan por sí solos. La Policía no halla al narcotraficante más buscado y éste se da el lujo de usar sus redes para provocar a las autoridades y marcar la agenda de la discusión pública. Es decir, lleva la iniciativa y obliga a las reacciones mediáticas de los voceros del Ejecutivo.

Para colmo de males, en una respuesta tristemente típica de las sociedades permisivas con el delito, el hombre más buscado recibe elogios y aplausos en cada una de sus apariciones. Al punto de que el villano juega a convertirse en el héroe de la historia. Ese hecho tiene dos lecturas posibles: pérdida de valores en la sociedad o desprestigio de las autoridades. En el caso presente, aplican los dos criterios.

Opaco panorama el que se descubre con el caso Marset. Debilidades estructurales y la conducta errática de los servidores públicos ponen en evidencia el fracaso boliviano en el combate al narcotráfico, fracaso que podría acarrear consecuencias mayores en el mediano y largo plazo.

En circunstancias como ésta se pone en juego el temple de los gobernantes, se dedican cumplir su mandato o se empeñan en pensar en su reelección ¿Cuál será la apuesta del presidente? Es tiempo de que tenga una necesaria reflexión y tome decisiones. Hay un futuro en juego que vale más, mucho más que una recompensa de 100 mil dólares.

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