17 de noviembre de 2022, 4:00 AM
17 de noviembre de 2022, 4:00 AM

Cuando finalice el paro indefinido, Santa Cruz y el país tendrán que comenzar a preguntarse qué hacer con la nueva Policía boliviana, que dejó de ser del Estado para convertirse en el brazo armado y represor del Movimiento al Socialismo (MAS). Su reciente actuación en el conflicto en Santa Cruz dejó demasiadas evidencias de la completa desnaturalización de su rol constitucional para adoptar una identidad asociada con el vandalismo y el terrorismo de Estado. Hablar solo de la violación de los derechos ciudadanos, si bien es necesario, no resulta suficiente porque sus abusos superaron ampliamente esos límites en sí mismos condenables. 

En este tiempo digital en que cada smartphone es una cámara de grabación de videos ya nada pasa inadvertido, mucho menos la violencia y los atropellos contra la dignidad de las personas. Por eso en estas semanas todos pudimos observar con completa nitidez aquello que ya veníamos criticando hace algún tiempo: la Policía se ha convertido en la fuerza armada de los grupos de choque del partido gobernante, que salen a sembrar violencia en la ciudad.

Hasta hace unas pocas horas, en la ciudadela del Plan 3.000 del Distrito 8 la Policía peleaba cuerpo a cuerpo, gas contra petardo, contra jóvenes organizados en torno al reclamo de censo en el año 2023; pero no peleaba sola, lo hacía aliada a grupos de choque que intentaban acallar la voz de los que protestaban. Los uniformados no tuvieron ninguna consideración con los hogares afectados en horas de la madrugada, donde había personas inocentes y niños que en varias noches no pudieron dormir y tuvieron que aguantar los efectos de los agentes químicos. 

A la Policía ya no parece importarle las críticas ni las evidencias de su nuevo alineamiento político alejado de su mandato constitucional. La Policía actúa allí donde le manda el Ministerio de Gobierno, y últimamente con frecuencia lo hace para proteger y apoyar a esos grupos de violentos contratados para desarticular o infiltrar las protestas. 

Si ese es su nuevo rol, a nadie debiera extrañarle que cuando pase el conflicto la Policía asuma nuevas posiciones en alianza, por ejemplo, con otros grupos delictivos y que vuelve a apuntar y disparar sus gases lacrimógenos contra la población. No es exagerado decir que la población perdió a su Policía Nacional porque pasó a ponerse al servicio de la represión política de un partido hoy en el Gobierno. 

Quizá por esa su nueva identidad se explican también excesos que hace muchos años no veíamos en los efectivos policiales. Todos observamos aquella imagen del viernes 11 de noviembre, cuando dos policías obligan a dos jóvenes detenidos golpeados a sentarse en la calle mientras un tercero trae una especie de bomba molotov, se la coloca a los muchachos, y pide al de la cámara grabar esa escena. En el lenguaje coloquial eso se llama ‘plantar’ una evidencia incriminadora, a la manera de las mafias. 

En otros lugares de aquel mismo día, grupos de cinco a seis efectivos policiales golpeaban en el suelo a una persona detenida sin motivo aparente. Golpear a una persona ya es un abuso, hacerlo entre seis es además cobardía. 

Las rociadas de gas lacrimógeno en la cara de las personas, a menos de un metro, cuando estas no representan una amenaza para nadie, son otro capítulo vergonzoso de esta nueva Policía que se vio en los días recientes. 

Entre las cuentas por revisar cuando todo pase, que no se quede sin al menos debatir este problema también nuevo. Si un país no tiene una Policía independiente, entonces ¿quién protegerá a los ciudadanos de esa Policía?

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