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13 de octubre de 2023, 3:00 AM
13 de octubre de 2023, 3:00 AM

Una nueva controversia ha surgido en Bolivia, reavivando las viejas tensiones entre Santa Cruz y el Gobierno central. Esta discordia se desencadenó con la emisión de la Sentencia Constitucional 076/2023, que anula 38 artículos de la Ley 098 de Conservación del Patrimonio Natural de Santa Cruz, una legislación de 2015. Esta sentencia retira a la Gobernación de Santa Cruz la autoridad sobre 11 unidades de conservación, áreas protegidas y patrimonios naturales previamente identificados en la normativa.

La temporalidad y relevancia de esta sentencia son motivo de gran debate. ¿Por qué ahora? ¿Es mera coincidencia o el Gobierno está manipulando la normativa para inclinar la balanza a su favor y avanzar con su controversial propuesta vial que atraviesa zonas protegidas? El Gobierno niega tales acusaciones, asegurando que el proyecto de carretera Buena Vista-Tres Cruces permanecerá congelado hasta que se disponga del informe técnico que ambas partes aguardan.

La sentencia también otorga seis meses a la Asamblea Legislativa Plurinacional para aprobar una legislación nacional en apoyo de las áreas protegidas en todo el país. Mientras tanto, el gobernador Luis Fernando Camacho planea presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Departamental para reemplazar la Ley 098 y evitar que quede desprotegida frente a la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Una vez más, las instituciones en Santa Cruz se han unido para hacer frente a lo que perciben como un nuevo intento de centralismo, despojando competencias a los departamentos y erosionando aún más la autonomía regional.

La pregunta que se plantea es si el TCP actúa de acuerdo con la Constitución. La ambigüedad en el texto constitucional complica una respuesta definitiva. Por un lado, el Artículo 34 establece que cualquier persona tiene el derecho de ejercer acciones legales en defensa del medio ambiente. Por otro lado, el Artículo 346 establece que la conservación y aprovechamiento del patrimonio natural son responsabilidad exclusiva del Estado.

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno ha defendido la idea de que Santa Cruz no puede renunciar a su autoridad para legislar sobre su territorio y apoya la iniciativa de la Gobernación de tener un marco normativo propio basado en el Artículo 34 de la Constitución. La universidad también exigirá a la Asamblea Legislativa que cumpla con el plazo de seis meses otorgado por el TCP para aprobar una ley nacional que reconozca la importancia de la administración del territorio tanto para el Estado como para las regiones.

Para resolver este conflicto y evitar medidas de presión, como los paros cívicos pasados, es crucial que la futura legislación sea consensuada, estableciendo parámetros y principios para la creación de unidades de conservación a nivel nacional, departamental, municipal e indígena. Sin embargo, existe el temor de que la Asamblea Legislativa no logre una ley de concertación que considere el Estatuto Autonómico cruceño y otras disposiciones regionales.

Sería lamentable si el Gobierno central hubiera influido en los magistrados del TCP para inclinar la balanza a su favor y permitir la construcción de la carretera a través de los vitales acuíferos de la metrópolis de Santa Cruz. La protección de estos recursos hídricos, la flora y la fauna debe prevalecer sobre los intereses económicos y políticos derivados de la explotación irresponsable del territorio. El diálogo y el respeto a la autonomía regional son esenciales para encontrar una solución que beneficie a todas las partes involucradas y garantice la preservación del patrimonio natural de Santa Cruz.

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