3 de diciembre de 2023, 4:00 AM
3 de diciembre de 2023, 4:00 AM

La economía boliviana arrastra desde hace casi una década un preocupante déficit fiscal, mayormente atribuido a la subvención de los hidrocarburos importados. Es innegable que el precio subvencionado de la gasolina y el diésel ha contribuido a contener la inflación y ha generado beneficios económicos, lo cual hace que cualquier intento de eliminarlo enfrente una resistencia social, como ocurrió en 2010 cuando el presidente Evo Morales revirtió su ‘gasolinazo’ por la presión popular.

El déficit persiste y se refleja en el Presupuesto General del Estado de 2024, que prevé una subvención de 1.400 millones de dólares para la adquisición de hidrocarburos y un déficit fiscal del 7,8%. Ambas cifras indican la continuidad de la política económica del Gobierno para evitar conflictos sociales. La pregunta crucial es: ¿Hasta cuándo podrá el Estado soportar estas pérdidas?

Como globos de ensayo, han surgido voces dentro del oficialismo que sugieren la insostenibilidad del statu quo. Incluso el presidente Luis Arce admitió en un discurso que el país paga un precio “descomunal” por la importación de diésel y gasolina. Un diputado del MAS propuso reconsiderar la subvención, señalando sus vínculos con actividades ilegales.

Los expertos alertan sobre los efectos negativos del subsidio, desde el endeudamiento estatal hasta la escasez de dólares y la baja calificación de riesgo-país. Los contrabandistas aprovechan la situación, reexportando hasta un 20% del combustible barato a otros países, donde lo venden al precio internacional. La minería ilegal también se beneficia, causando escasez de combustibles para el consumo interno y legal. Los grandes perjudicados son la industria, la construcción y la agropecuaria, sectores que tributan y generan crecimiento para el país.

Hay soluciones parciales de bajo riesgo que no se han sabido aprovechar. El Gobierno no ha tomado medidas para permitir que otros actores cierren la brecha del subsidio sin un impacto social significativo. Por ejemplo, la ley permite a los empresarios privados importar directamente combustibles, opción que reduciría la erogación fiscal y eliminaría la escasez para el sector productivo. Sin embargo, esta posibilidad no ha sido aceptada por el centralismo, aparentemente debido a su deseo de monopolizar las decisiones estratégicas.

Algunos analistas energéticos proponen opciones sofisticadas, como precios diferenciados para los consumidores de combustibles, sugiriendo que los propietarios de vehículos de alta gama deberían pagar más. Proponen, incluso, que se niegue el abastecimiento de diésel y gasolina a los vehículos indocumentados o ‘chutos’.

Ajustes graduales y medidas inteligentes podrían minimizar el impacto en la población, permitiendo una transición más suave en lugar de una eliminación abrupta de las subvenciones. Una apuesta por el etanol podría reducir la dependencia de combustibles importados, siendo esencial que el Gobierno negocie con los productores una mayor provisión de este biocombustible sustituto.

La participación de diversos actores, incluidos representantes de la sociedad civil y expertos en energía, en un proceso de consulta y diálogo, es fundamental antes de tomar decisiones significativas. Esto ayudaría a comprender mejor las implicaciones y considerar diversas perspectivas.

La necesidad de ajustes se vuelve cada vez más urgente, y ya hay más políticos del oficialismo y de la oposición que lo reconocen, excepto aquellos que seguramente tratarán de sacar rédito político de un inminente rechazo popular. A pesar de todo, el país no tiene más opción que avanzar en la aplicación gradual de medidas correctivas para comenzar a revertir esta situación insostenible.

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