Una tarea pendiente

Hace tres semanas finalicé mi labor como instructor de microeconomía aplicada, un módulo condensado sobre el estudio y la práctica de los mercados. El trabajo final de los estudiantes consistió en un resumen de los estudios de mercado de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de las Empresas (AEMP).

Según ley, la AEMP se encarga de defender la libre competencia, el gobierno corporativo y el registro de comercio. Los tres elementos anteriores son importantes porque permiten que los consumidores puedan beneficiarse al comprar bienes y servicios al precio más bajo determinado por el mercado con la calidad adecuada, mejorar la eficiencia de las empresas, y proporcionar la seguridad jurídica a las empresas legalmente establecidas.

Asigné a cada estudiante un estudio de AEMP para que: i) comprenda cómo funciona cada mercado; ii) vea si existen distorsiones o ineficiencias; y, iii) proponga medidas para solucionar las eventuales fallas de mercado.

Los estudios de AEMP son diversos y variados. Van desde pañales y leche para niños hasta servicios funerarios. O fertilizantes en la agricultura, repuestos de vehículos, detergentes de ropa, oleaginosas, mantenimiento de ascensores, pruebas de Covid-19, etc.

Al leer los estudios, pude extraer algunas conclusiones que considero relevantes. La primera es que, a pesar del esfuerzo de análisis, estos solo se concentran en el segmento formal, por lo cual varias conclusiones son inválidas.

Por ejemplo, varios estudios apuntan a que existe poca competencia por el limitado número de empresas. Sin embargo, no contemplan los actores informales, además del contrabando, o incluso el efecto del comercio externo en la competencia. Por tanto, las conclusiones al respecto son inexactas.

Por otra parte, en varios de ellos se apunta a que existiría un desmedido poder de mercado de los mayoristas en la cadena logística, sin considerar que estas empresas aportan valor, por ejemplo, al reducir los costos de comercialización o al generar costos más bajos (economías de escala).

Algunos de ellos han sido la base para políticas específicas como fijación de precios, cuotas de mercado o la creación de empresas estatales. O, de sus conclusiones se deducen implícitamente estas políticas.

Desafortunadamente, varias intervenciones en mercados específicos en vez de solucionar problemas de competencia y gobernanza han impedido mejorar el bienestar y la eficiencia.

Un profesor de economía proponía tres preguntas para evaluar políticas públicas que las parafraseo: i) ¿existe alguna alternativa mejor a la política planteada?, ii) ¿cuál es el costo de la política?; y, iii) ¿cuál es la evidencia que respalda esta política?

Varias medidas no pasan las preguntas mencionadas o no tienen una cuantificación adecuada de los costos y beneficios que implican. Como resultado se aplican políticas con buenas intenciones, pero resultados inciertos o, en el peor de los casos, más perjudiciales que los problemas detectados.

La promoción de la competencia y de la buena gobernanza son esenciales en una economía moderna. Y las regulaciones que vayan en esta dirección son bienvenidas en tanto pasen los estándares técnicos del caso. Existen varios economistas capacitados en Bolivia y el mundo que son expertos en la correcta regulación de mercados.

También existen buenas prácticas internacionales. Por ejemplo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile, un cuerpo colegiado, sentó precedentes en la dirección adecuada, con fallos basados en evidencia legal, económica y empírica rigurosa elaborados por especialistas en cada uno de los mercados.

Se impusieron multas a empresas que incurrieron en prácticas de colusión, incluyendo reembolsos a cientos de miles de afectados. Pero también se aceptaron demandas de empresas contra entidades estatales por regulación inadecuada.

Necesitamos buena regulación para empresas privadas y también estatales, que promuevan la competencia y una buena gobernanza.

Es una microtarea pendiente con macroefectos.