4 de agosto de 2021, 5:00 AM
4 de agosto de 2021, 5:00 AM


El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, irá a la reelección, por cuarta vez consecutiva, por un nuevo mandato en las elecciones del próximo 7 de noviembre, con su esposa de candidata a la Vicepresidencia y con siete candidatos de la oposición encarcelados por él mismo entre junio y julio de este año.

El dictador centroamericano ha perdido hasta la última gota de sangre de la cara y se campea soberbio e impune por sus dominios como un emperador al que nadie puede cuestionar, porque si lo hace, ese mismo instante se va a prisión acusado de traición a la patria. No hay para él ningún límite en su enfermiza ambición de poder.

La táctica orteguista, si así se puede llamar, es bastante conocida en los esquemas populistas de la región: en este caso es su partido, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional controlado por él mismo, naturalmente, el que “le pide” volver a ser candidato, con el voto unánime de sus 2.932 asambleístas.

El guerrillero Ortega gobierna su país sin interrupciones desde enero del año 2007, actualmente con 75 años de edad, y desde 2017 tiene a su esposa, Rosario Murillo, de 70 años, como vicepresidenta del país. En las elecciones de noviembre, también ella irá a la reelección en el binomio Ortega-Murillo.

El matrimonio irá a la reelección prácticamente sin candidatos que se le opongan, porque recientemente siete de los principales aspirantes de la oposición fueron encarcelados por “traición a la patria” gracias a una ley aprobada por Ortega, que sanciona con prisión de 10 a 15 años a quienes “promuevan la injerencia extranjera y apoyen las sanciones internacionales”. Con la justicia controlada por Ortega, no hay opositor que quede en las calles.

Los candidatos ahora detenidos tenían la intención de llevar una candidatura única, pero tras su detención todo quedó en solo eso, una intención ahora imposible de realizarse. Todos ellos fueron acusados por Ortega de ser “terroristas” y “mercenarios” al servicio del “imperialismo” de Estados Unidos.

Una de las candidatas detenidas, con arresto domiciliario, es Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, que gobernó entre 1990 y 1997, que aparecía en las preferencias electorales con posibilidades de vencer al matrimonio Ortega-Murillo.

Mientras tanto, la comunidad internacional que observa de lejos los abusos y arbitrariedades de un régimen que a diario viola los derechos humanos de los nicaragüenses, solo atina a establecer diversas sanciones contra los gobernantes, funcionarios de gobierno y familiares de Ortega. La Unión Europea, por ejemplo, impuso restricciones migratorias y financieras a Rosario Murillo y a su hijo Juan Carlos, junto a otros seis funcionarios del Gobierno de Ortega, por graves violaciones de los derechos humanos.

En el régimen de Ortega el control total de las instituciones del Estado le permite reelegirse indefinidamente junto a su esposa y reprimir a los que no piensan como él, pero además llevar adelante un Gobierno megalómano, de excesos y absurdos como la creación en febrero de este año de la “Secretaría nacional para asuntos del espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes”. Y no es broma.

También se acusa al Gobierno de Ortega de manipular las cifras de contagios y muertes por covid-19 en su país: la estadística oficial reconoce solo 195 muertos por el virus en un país que tiene mucha pobreza y uno de los peores sistemas de salud de toda América Latina, pero diversos estudios que se realizan desde el exterior señalan que la cifra de muertos en ese país por coronavirus supera fácilmente las 7.000 personas.



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