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26 de julio de 2022, 4:00 AM
26 de julio de 2022, 4:00 AM

Santa Cruz volvió a hacer un paro disciplinado en una nueva lucha regional, esta vez contra la amañada postergación del Censo de Población y Vivienda que intenta el Gobierno central, y lo hizo de una manera serena, pacífica.

Pese a los augurios de fracaso que proclamaban autoridades del Ejecutivo y dirigentes del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), la medida se cumplió de una manera indiscutible, que incluso sectores que habían anunciado que trabajarían normalmente no lo hicieron; es el caso del transporte público y los gremiales. El hecho es que ayer no hubo ni servicio de transporte público ni mercados abiertos.

A diferencia de las movilizaciones del pasado, cuando a los paros acompañaban bloqueos y movilizaciones de instituciones para hacer acatar la medida, ayer los cruceños se sumaron al paro de la manera más pacífica porque bastó con que no salieran de sus domicilios para que la protesta se hiciera escuchar de forma firme.

El de ayer fue un primer paso con el que Santa Cruz cumplió su objetivo en la medida que se trataba de demostrarle al Gobierno que la demanda de un censo transparente, oportuno y no tardío no es solamente de las autoridades e instituciones, sino de la población cruceña.

El siguiente paso se definirá en el transcurso de la semana, se habla del jueves, cuando el Comité Interinstitucional que encabeza la Universidad Gabriel René Moreno volverá a reunirse; de no tener una respuesta positiva a la demanda de la región, se adoptarán nuevas medidas encaminadas a acentuar la presión.

Hasta ahora el Gobierno no le ha explicado al país la razón de una postergación excesiva del Censo. De noviembre de 2022 en que debía realizarse, a mediados de 2024 es un aplazamiento sospechoso que deja cuando menos dos posibilidades: o el Instituto Nacional de Estadística (INE) no hizo definitivamente nada en todo este tiempo, o detrás hay una estrategia política del partido gobernante para impedir el reordenamiento estadístico del país, que implica una nueva distribución de los recursos y de la representación parlamentaria en función de la nueva composición poblacional de cada departamento.

Resulta particularmente inadmisible el hecho de que hasta pocos días antes de la decisión de postergar la consulta, el INE y el propio Gobierno aseguraban que el cronograma de trabajo se encontraba en orden y que todo estaba garantizado para que la cita con la población se realice en noviembre próximo.

A estas alturas, todo indica que no es suficiente con calificar de ineptitud el trabajo de los funcionarios del INE, porque hay algo más grave aun que se esconde detrás de la postergación.

Las autoridades nacionales han mostrado en estos días una actitud evasiva al atribuir supuestamente a las regiones el aplazamiento del Censo, pero también al ignorar las demandas de diálogo de Santa Cruz, que cuando menos quiere saber por qué se pretende hacer una postergación tan alejada en el tiempo.

Si el presidente Luis Arce y sus colaboradores creen que pueden continuar ignorando la voz de la región más grande y productiva del país, se estarán equivocando completamente, porque Santa Cruz es un pueblo que no baja los brazos fácilmente; ya lo ha demostrado en varias oportunidades. Ignorar no solo la importancia, sino también la fuerza de esta región es llevar al país por un sendero de muchos riesgos y de cuyas consecuencias será responsable el primer mandatario y su Gobierno.

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