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No hay mal que dure 100 años, reza el dicho popular. Al máximo dirigente universitario nacional Max Mendoza Parra, le llegó la hora a sus 52 años de edad y al menos 30 años de estudiante.

 El sábado al mediodía el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ponía en conocimiento, a través de las redes sociales, la aprehensión del exdirigente universitario Max Mendoza por los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica.

El exdirigente universitario había reaparecido después de varios días de ser objeto de fuertes acusaciones en su contra con otros 13 dirigentes vestidos de azul en una llamativa y poco creíble actitud acusatoria a través de un video donde, sin responder por lo que se lo acusaba, tomó una actitud de contragolpeador.

Ante el aluvión de críticas y el descrédito en el que se encontraba, acusar y atacar era su única defensa, pero no funcionó. Las sordas denuncias que esgrimió supuestamente respaldado por un equipo con rostros y posturas incómodas, no tuvieron eco, ni en los medios, ni en la justicia, menos en el mundo académico donde se “desarrolló su actividad” durante tantos años.

 En su currículum figura que Mendoza Parra es presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), la máxima organización de estudiantes universitarios, hace más de diez años. Que fue nombrado miembro del Presídium del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y que viajó a ocho países (Argentina, Cuba, Perú, España, Venezuela, México, Estados Unidos, Brasil) entre 2018 y 2021, con viáticos que sumaron Bs 160.566,37.

Por si fuera poco, tenía a disposición dos vagonetas de alta gama para movilizarse de un lado a otro, percibiendo un sueldo de Bs 21.870. Pero todo esto hubiese pasado desapercibido si no ocurría una desgracia. Mendoza fue ligado al trágico episodio que ocasionó la muerte de cuatro estudiantes en Potosí durante una avalancha en una asamblea estudiantil que debía definir las elecciones en la Federación Universitaria Local (FUL), provocada por la activación de una granada de gas.

El Congreso de Universidades debía reanudarse desde 2018, el prorroguismo y las irregularidades avalaron a Mendoza que ahora el estamento universitario quiere expulsar. Hoy el sistema universitario se rasga las vestiduras de ese sujeto aprovechador, oportunista y funcional a un sistema corrupto que data de varias décadas y que ha servido a decenas de otros funcionarios.

Con Mendoza detenido, el XIII Congreso Nacional de Universidades en Potosí inicia hoy y quiere barajar y dar de nuevo. Será más que necesario pasar la escoba hasta debajo de la alfombra de las universidades públicas para terminar con lustros de ineficiencia, corrupción y servilismo político.

Las universidades serán centros de formación, investigación y servicio público o no serán nada. Suman propuestas para cambiar y regular el sistema universitario, entre ellas, la evaluación de la estadía de los estudiantes con más de ocho años en la universidad, las reelecciones de dirigentes y la titularidad de los docentes. Bienvenidas sean las reformas para recuperar institucionalidad, mejorar el sistema, la estructura organizacional y cambiar la imagen, porque son recursos de todos los bolivianos y bolivianas los que están sobre la mesa. La educación no acepta ‘privilegios’, debe ser para todos y con las mismas oportunidades.






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