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7 de marzo de 2023, 4:00 AM
7 de marzo de 2023, 4:00 AM

Por Azucena Fuertes Mamani, Trabajadora y comunicadora social

En Bolivia nuestros pueblos indígenas originarios y campesinos, tienen formas culturalmente propias para resolver conflictos, lo que se conoce como usos y costumbres; aplicados para restablecer la relación de solidaridad y armonía entre personas, con la naturaleza y la comunidad; no son sinónimo de violencia excesiva, destierro o muerte.

La Constitución garantiza a los bolivianos el derecho fundamental a “la vida”, señalando que “nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”, además que en Bolivia “no existe pena de muerte”; en cuanto a nosotras, expresa “en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia”.

Sin embargo, lo sucedido en el municipio de Uncía, al norte de Potosí, pone en duda la vigencia de los derechos humanos y el cumplimiento de la Constitución.

Bolivia ha quedado pasmada ante la noticia de abusos contra Martín Choque, indígena norte potosino, quien por retirar la silla al presidente del partido de gobierno (que acudió a un evento cultural con banderas y vítores de una campaña política), fue sometido a abusos conjuntamente a su familia, hasta provocar la pérdida de su bebé.

Frente a estos hechos se reaccionó al unísono, rechazando el uso desproporcionado de violencia. La respuesta del partido de gobierno mediante algunos parlamentarios y dirigentes no se dejó esperar, justificando tal inhumanidad con usos y costumbres.

Lograr el reconocimiento constitucional de los usos y costumbres en la administración de justicia, ha sido demanda propia de las naciones indígenas, para que por acciones como éstas, queden minusvaloradas al simple uso y abuso de la violencia; desechando de un plumazo el qhapaj ñan, suma jakaña, suma qamaña, teko kawi, maraei y ñandereko.

En ese marco es urgente cesar la actitud gubernamental de “laissez faire, laissez passer” cuando los delitos se cometen por los militantes del partido del Gobierno, hoy por hoy el MAS.

Quienes atacaron a Martín y a su familia y quienes ejercen la representación del Estado en Uncía deben cumplir la Constitución y la Ley de Deslinde Jurisdiccional que “prohíbe y sanciona toda forma de violencia”, además de establecer claramente: “Es ilegal cualquier conciliación respecto de este tema”.

Por lo tanto, así Martín o su esposa retiren la denuncia, como lo comprometió el alcalde de Uncía, la investigación debe seguir hasta identificar y sancionar a los responsables; así cumplir con la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

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