El alcalde Jhonny Fernández y la gerente de Emacruz Andrea Hoyos, aseguraron la continuidad de los 14 servicios que brinda Vega-Solví por ocho meses. Concejales de la oposición cuestionaron la ampliación

26 de abril de 2022, 7:43 AM
26 de abril de 2022, 7:43 AM

A partir de hoy corre el nuevo contrato transitorio para el servicio de aseo urbano y tratamiento de residuos sólidos por los próximos ocho meses, firmado entre la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz (Emacruz) y Vega-Solví. Las autoridades municipales aseguraron que los 14 servicios que se tenían antes continuarán, mientras que los concejales de la oposición cuestionaron la nueva ampliación del acuerdo con el operador.

El alcalde Jhonny Fernández dijo que el contrato se firmó el pasado viernes y ahora lo que les corresponde como Ejecutivo es hacerle un seguimiento a los 14 servicios que se encuentran plasmados en el documento para que se cumplan. “Hay que hacerle una fiscalización a fondo al barrido, recojo y entierro (de la basura)”, añadió el burgomaestre.

Dentro de la misma linea, la gerenta general de Emacruz, Andrea Hoyos, agregó que durante el período transitorio de aseo urbano se contará con los mismos servicios y con los mismos precios del contrato fijados desde hace nueve años, es decir no se tendrá ningún incremento en el costo del servicio para los ciudadanos. El monto estimado para el servicio transitorio es de Bs 196 millones por el lapso de ocho meses, lo que equivale a Bs 24,5 millones por mes.

Según la queja de los vecinos, Vega-Solví no logró consolidar algunos de los servicios en todos los distritos de Santa Cruz de la Sierra. Entre ellos están: la recolección y transporte diferenciado de residuos sólidos reciclables, la implementación, operación y mantenimiento de Ecopuntos, la limpieza de ferias y eventos especiales y el lavado de vías pavimentadas, plazas y áreas circundantes a los mercados.

La semana pasada, el Concejo Municipal aprobó la ley para la provisión temporal del servicio de recojo de basura donde indica que Emacruz tiene entre sus atribuciones y competencias, realizar las gestiones legales y administrativas para contratar a la empresa que brindará el servicio transitorio, mientras se lleva adelante una licitación internacional para contar con un nuevo operador por ocho años.

La norma aprobada y la aplicación del artículo 33 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Safco), son el marco legal para la determinación que tomó Emacruz para dar continuidad al contrato con Vega-Solví.

Boleta de garantía

El concejal por la alianza C-A, José Alberti, sostuvo que para la nueva ampliación del contrato se tendría que cambiar la boleta de garantía y es algo que les preocupa porque para liberarla se necesita primero tener los informes de impacto medioambiental que da la Gobernación de Santa Cruz.

“Emacruz antes de liberar la boleta de garantía debe exigir (a Vega-Solví) el cumplimiento de los compromisos que estaban en el marco del primero y segundo contrato, además de los informes de impacto medioambiental. Estamos a la espera que la Gobernación se pronuncie sobre este informe”, dijo el edil.

Por otro lado, su colega de bancada Federico Morón dijo que le “asusta” lo declarado por la gerenta Hoyos quien dijo no tener conocimiento sobre la boleta del contrato que venció ayer. “Entonces hay que preguntarse ¿qué va a pasar con esa boleta de garantía ante tanto incumplimiento de Emacruz en el anterior contrato?”, cuestionó.

Aseguró que si no existió el cumplimiento a los 14 puntos del contrato no se debería de devolver la garantía, pero ante la nueva extensión considerada “ilegal” por Morón, quienes deben responder por la boleta son los seis concejales, cuatro de UCS y dos del MAS, que votaron a favor de la ley “dándole el espaldarazo” al alcalde Fernández.

En tanto el concejal por Demócratas, Manuel Saavedra, refiriéndose a la ampliación del contrato con Vega-Solví dijo que con esta tercera ampliación se incurre en una ilegalidad. “Desde Emacruz nos han querido hacer ver que estamos en una emergencia sanitaria, creada por ellos mismos, porque desde enero ellos sabían que iban hacer una contratación transitoria y no hicieron nada”, observó.