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La Ley de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia nació la madrugada del viernes, tras ocho horas de intenso debate en el Senado, la cámara legislativa que finalmente la sancionó para enviarla al Órgano Ejecutivo para su respectiva promulgación.

Se trata de una norma que delegará al Instituto Nacional de Estadística (INE) “en el nivel central del Estado” la difusión de información oficial del país.

Esa redacción, “transversal” en una buena parte de los 33 artículos de la nueva norma, generó críticas desde la oposición. “Es una ley hipercentralista porque reserva para el nivel central y del INE la prerrogativa de divulgar datos oficiales, dejando de lado las iniciativas regionales y de gobernaciones que también producen estadísticas”, afirmó la senadora Cecilia Requena de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) en un contacto con EL DEBER.

La senadora consideró que está ley forma parte del “paquetazo” de leyes que promovió el Ejecutivo para ejercer “un mayor control del Estado sobre la sociedad” porque, “además de centralizar su tuición en el Gobierno, es punitiva”, señaló.

De hecho, la ley también crea la figura de “informantes” para recabar datos de casi todos los agentes naturales y jurídicos de la sociedad. El artículo 4 de esa ley establece los sujetos que podrán entregar información al INE “es toda persona natural o jurídica, pública, privada o mixta, organizaciones autónomas, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, entidades religiosas y de creencias espirituales, organismos internacionales, agencias de cooperación y otras”.

De acuerdo con Requena, la norma contempla que “el INE establece el formato y los plazos para que esa información sea entregada”. En caso de incumplimiento, se estipulan hasta 7.200 UFV (unos Bs 10.000).

El artículo 21 de la ley menciona que es obligación de los informantes suministrar al INE y las entidades del nivel central del Estado, datos fidedignos en el plazo fijado, salvo cuando se trate de información clasificada como confidencial o reservada”.

A través de una declaración para la prensa, el INE señaló que esas multas estaban establecidas en el marco de otras normativas de fiscalización y de control del Estado.

“La información proporcionada por informantes no podrá ser revelada en forma individual y solo podrá ser publicada de norma anonimizada”, señala el cuerpo legal, que aclara que no podrá ser utilizada con propósitos tributarios, judiciales administrativos o policiales, aunque medie orden administrativa o judicial.

La normativa decreta atribuciones del INE, funciones del director ejecutivo y principios de la información estadística. “Hemos lamentado, durante el debate que la ley no contenga requisitos para ser titular de esta institución”, afirmó y recordó que el estatuto del MAS, en su artículo 67, establece que los cargos públicos están reservados para sus militantes.

El diputado del MAS Juanito Angulo señaló que toda ley tiene mecanismos sancionatorios y de control y cuestionó a los opositores por la intención de generar polémica y confusión.

El INE aseguró que la ley respalda la modernización de la entidad en el marco de estándares internacionales sobre datos oficiales.

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