Existen rastros de que el caso se conocía desde hace tiempo; sin embargo, una publicación del diario español el País detonó el pronunciamiento de autoridades nacionales, eclesiales y ex alumnos del cura

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7 de mayo de 2023, 6:00 AM
7 de mayo de 2023, 6:00 AM


En 350 páginas de un diario personal se resume el horror al que fueron sometidos casi 90 menores de edad, entre 1972 y 1987, la mayoría del internado del Colegio Juan XXIII, de la población Villa Granado, en Cochabamba.

El autor, Alfonso Pedrajas, alias ‘Pica’, sacerdote español de la congregación Compañía de Jesús (jesuitas), estuvo en varias ciudades de Bolivia desde la década del 60, y falleció por cáncer en 2009, a los 62 años.

Abusó sexualmente de menores que estaban bajo su cuidado, todos de escasos recursos, en el internado donde fue subdirector, y se cree que existen más víctimas en otras poblaciones. En 1982 fue enviado a Oruro, para trabajar con los mineros, pero regresó al Juan XXIII, ya con el cargo de director del establecimiento.

Los abusos los hizo públicos el periódico español El País hace pocos días; sin embargo, según narra el diario personal de Pedrajas, en su momento fueron de conocimiento de la congregación, que justificaba el hecho como una debilidad física y le recomendaron “rezar mucho”.

Reacción tardía
Fernando Pedrajas, sobrino de ‘Pica’, que encontró el diario de su tío con los relatos de las violaciones, el 14 de agosto de 2022 dio a conocer los abusos al directorio del colegio y también al directorio de los exalumnos, solicitándoles una investigación.

Los pronunciamientos se dieron recién tras las publicaciones de El País y el escándalo mediático en Bolivia, a pesar de que las violaciones eran de conocimiento de la congregación en la época cuando ocurrieron los hechos.

Con respecto a las agresiones que se dan de parte de los curas, Claudia Ribera, trabajadora social del Programa Avisa, dijo que lo que corresponde siempre, y en primera instancia, es realizar la denuncia ante el Ministerio Público, y no ante la Iglesia, “porque entre ellos se tapan, y debido a eso muchos casos han quedado impunes”.

Para Ribera, en cualquier caso de abuso o violación, cuando se detecta que el agresor incluso puede ser el hermano o padre biológico, se pone en conocimiento del Ministerio Público, “entonces ¿por qué no vamos a denunciar a un cura? Con mayor razón debe hacerse, considerando que la Iglesia tapa delitos para no quedar mal y tiene un poder grande. Es difícil pensar que un agresor se esconda detrás de una sotana”, dijo.

La experta en el tema considera que es muy difícil detectar a un agresor en una unidad educativa, ya que el abuso por lo general se da en el mismo entorno familiar de los menores.

Jéssica Echeverría, abogada y fundadora de la Red Ciudadana Red Ciudadana Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil, lamentó que, cuando se trata de un líder espiritual o religioso, por lo general la víctima recién se anima a denunciar en la adultez por lo que significa esta autoridad religiosa en el entorno, “y por lo general hay más de una víctima”, apuntó.

Echeverría no cree que ‘Pica’ fuera un único agresor sexual, por eso la protección de la congregación. “Una persona correcta, tras saber de los hechos, lo hubiera apartado de inmediato de los menores; sin embargo, hubo permisividad”, cuestionó.

La abogada agregó que si las víctimas han guardado silencio por tantos años es porque no se sienten preparadas para denunciar, pero no sólo porque hay una Iglesia que calla, sino porque también existe una justicia que falla, “y que termina favoreciendo a los pederastas, dejando en total indefensión a las víctimas”.
Lamentó que esta indefensión se dé no sólo en los casos de abuso sexual infantil, sino también en los de feminicidio.

Ribera dijo que el sistema judicial boliviano está pensado para que las víctimas desistan, porque a los que quieren denunciar, incluso se les llega a pedir papel bond, tinta, y hasta se los manda a otras oficinas, fuera de los horarios de trabajo de estas.

Hugo Cuéllar, ex coordinador del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y actual docente universitario, indicó que existen varios filtros para evitar que se den casos como el de ‘Pica’, de abusos masivos, pero que, como siempre sucede en Bolivia, no han funcionado.

Oportunismo político
En el caso de ‘Pica’, Echeverría ve oportunismo de parte de algunas autoridades. Dijo que si realmente les interesara proteger a los niños y luchar contra los abusos sexuales y los violadores, habría otro tipo de justicia y otra fiscalía. 

“Es oportunismo porque, en la práctica, los pederastas siguen siendo beneficiados por jueces y fiscales, salen libres. La justicia está peor que nunca. 

Cree que el caso quedará en nada porque pocas personas manejan el tema y tienen interés real en que las víctimas de violencia sexual reciban justicia. 

“Solamente se usa para que algunos salgan al calor de ciertas diferencias con la Iglesia, cosa que es de conocimiento público”, dijo. 

Para ella, si esta situación afectara de verdad a los actores políticos y judiciales, pondrían como prioridad el tema, con una orden desde el Ejecutivo, de que se cambie la situación de las víctimas de abuso sexual. 

“Nunca he visto lo que veo hoy, lo que hacen algunos jueces y fiscales es espantoso. Antes al menos había mayor cuidado, mayor pronunciamiento de parte del Ministerio de Justicia, funcionaba la Dirección de la Niñez, y sin embargo hoy los jueces liberan a violadores de menores y nada pasa. El Consejo de la Magistratura es un adorno. Esto encierra otras cosas, no un interés real de que esto deje de cometerse”, denunció.

Como muestra de la poca atención que se da a la vulneración de los derechos de la infancia, Echeverría lamentó que solo exista una red ciudadana contra el infanticidio y el abuso sexual infantil en el país, a diferencia de los numerosos grupos activistas pro mujer, medioambiente, animales, etc. 

Pronunciamientos
En los últimos días, exalumnos del Colegio Juan XXIII condenaron los hechos de pederastia ocurridos en ese centro educativo, señalaron que existió encubrimiento de la Compañía de Jesús, y pidieron incorporar a tres personas más a las investigaciones.

“Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo incondicional a los compañeros que fueron víctimas de tan repudiables actos de pederastia”, se lee en el documento que emitieron tras una asamblea de estudiantes antiguos que se realizó el pasado lunes 1 de mayo. 

Sin embargo, según el sobrino de ‘Pica’, dio a conocer los sucesos a los exalumnos en agosto del año pasado, a la par del directorio del colegio.

Por su parte, la Compañía de Jesús resolvió suspender a los provinciales (fiscales eclesiales) que ejercieron esas funciones durante la época que Pedrajas dirigió el colegio, y también a los provinciales que posteriormente asumieron esta responsabilidad, con el objetivo de investigar el caso.

Bernardo Mercado, representante nacional de la Compañía de Jesús, también se pronunció sobre los abusos de Pedrajas. Condenó los hechos y manifestó el compromiso de indagar para dar justicia a las víctimas.

La Compañía de Jesús también presentó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de La Paz por el delito de encubrimiento. 

Tanto Mercado como el delegado para la Creación de Ambientes Sanos y Seguros en Comunidades e Instituciones Jesuitas en Bolivia, Osvaldo Chirveches declararon este viernes en la Fiscalía Departamental de La Paz, dentro del caso del sacerdote Pedrajas.

“Lo peor es que lo sabían los curas y los ex alumnos, y callaron”, criticó Echeverría. Dijo que la Iglesia siempre minimiza pidiendo perdón, pero que de nada sirve si han protegido a los responsables cuando se han denunciado distintos hechos de pederastia. 

“Una violación no es un error, una equivocación, un secreto de confesión, o una debilidad. Abusar sexualmente de un menor es uno de los delitos más graves que existen a nivel internacional, dentro del sistema penal”, recordó.

Vulnerabilidad
La mayoría de las víctimas mencionadas en el diario de ‘Pica’ eran internos del Juan XXIII, becarios de escasos recursos.

Sobre este punto, y desde su experiencia en el tema, Echeverría explicó que, por lo general, el niño seleccionado por un pederasta es el que tiene mayor vulnerabilidad, “condiciones económicas bajas, con padres en otro país, proveniente de hogares desestructurados, etc. 

Por eso los pederastas buscan estar cerca de niños, como en los colegios, iglesias. Estudian a sus víctimas, las categorizan, y suelen abusar a los más silenciosos”, dijo.

Para ella, cuando la víctima del abuso sexual es varón, lo afronta de una manera más compleja que una niña, por la sociedad machista en la que se vive. 

“Para un varón es más difícil manifestarlo, hay mucho silencio y tendencia al suicidio. El daño es incalculable. Lo que ha sucedido con los jesuitas es tenebroso y nunca podremos saber realmente cuántos niños fueron abusados. No son suficientes los comunicados emitidos. Les robaron el derecho a una infancia sana y feliz, la huella del abuso sexual es irreparable”, dijo. 

Asimismo, agregó que muchas víctimas sienten que existe algo de justicia y paz al darse sentencia condenatoria contra los responsables, más allá de sanciones internas o disculpas, y que ahí radica la importancia de un sistema judicial a la altura de los derechos.

Germán Huanca Luna, ex alumno del colegio Juan XXIII, pidió a los medios de comunicación “mayor claridad e investigación a la hora de difundir sus noticias". Desde sus redes compartió su experiencia como ex alumno de un centro de alto nivel educativo, llamó a "condenar al cura pederasta. Nosotros como ex alumnos ya lo hicimos también, pero deslegitimar y desacreditar la experiencia educativa del Juan XXIII, eso es irresponsable”, enfatizó.

Sentencia en Perú

Un nuevo caso de pederastia afecta a la Iglesia católica peruana. 

Maurilio Paulino Villafana Morales, de 53 años, párroco de los distritos de Mato y Huata, de la provincia de Huaylas, en la región Áncash, fue condenado a cadena perpetua por el delito de violación de la libertad sexual.

Su víctima es una niña que fue ultrajada durante cinco años, entre 2014 y 2019. Su calvario
comenzó cuando ella tenía nueve años e integraba el coro de su parroquia.

Además de condenarlo a la máxima pena privativa de la libertad, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huaraz ordenó a Maurilio Villafana Morales a pagar una multa de poco más de $us 1.600.