Vinculan a narco abatido con las FARC y Gobierno ve clanes familiares

El ciudadano colombiano Eduardo Alfonso Suárez Rodríguez, abatido en el operativo antidroga del Parque Noel Kempff Mercado, pertenecería a la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según la Fiscalía. El domingo, el ministro Eduardo Del Castillo negó la existencia de cárteles en Bolivia y dijo que solo hay presencia de “clanes familiares” y grupos que se aventuran a comercializar droga. Legisladores de la oposición rechazaron que la autoridad “minimice” este ilícito que crece con fuerza en el país.

La comisión de fiscales a cargo del caso, durante la inspección del lugar donde asesinaron al sargento Wálter Huayhua Yucra, encontró escrito en la tierra la palabra “FARC” y otras señales que la Policía identificó como alertas de los narcotraficantes sobre la presencia de efectivos policiales.

“En el lugar se encontró en la tierra escrito ‘FARC’ y habían otras señales, nada raro que pertenezca a este grupo. Son señaléticas como triángulos y redondos dibujados que, (según) lo que manejan los policías se usan como símbolos de alerta sobre la presencia de policías ahí. (Los dibujos) estaban escritos en la tierra y como si estuviesen hechos con la planta del pie o con un palo”, informó el fiscal Fernado Mejía a EL DEBER.

La autoridad presume que hay un laboratorio de producción de droga, ya que “los ciudadanos colombianos internados en la maleza no están al azar en el lugar y estaban defendiendo algo, por eso en el fuego cruzado se abatieron al ciudadano colombiano y al funcionario policial”.

El Ministerio Público secuestró un teléfono satelital, un arma de fuego M44, ropa del ciudadano colombiano, casquillos, un cuchillo, la identificación de Suárez, una billetera, municiones y tabletas.

Sobre el arma M44, el fiscal dijo que es un armamento de asalto y que sólo la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas tienen acceso. A diferencia de la Fiscalía, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, aseguró que el extranjero abatido fue “encontrado con un fusil de alto calibre, estamos hablando de un AK4, calibre 5.56 milímetros”, manifestó.

Además confirmó que el colombiano tiene antecedentes. “Una vez recopilada toda la información correspondiente se pudo verificar que este hombre tiene antecedentes por portación de armas de fuego y a la fecha nadie ha reclamado su cuerpo” de la morgue de Santa Cruz.

Se conoce que hay más colombianos que la Policía logró reconocer por el acento extranjero. Mamani también dijo que no sólo existiría el colombiano que perdió la vida sino otras personas también de nacionalidad extranjera.

La comisión de fiscales no sólo investiga la muerte del sargento, sino que abrió un segundo proceso penal por el delito de tráfico de sustancias controladas, ante el hallazgo de la pista clandestina Los Fierros.

El 13 de diciembre se infiltró una patrulla del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) del Oriente, conformada por 10 efectivos policiales en el área protegida ubicada en San Ignacio de Velasco, para realizar interdicción al narcotráfico, patrullaje y rastrillaje.

Tres días después, el 16 de diciembre, al realizar el patrullaje, aproximadamente a las 10:00, fueron emboscados por personas que portaban armas de fuego, quienes dispararon contra los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).
Producto de esta emboscada, el sargento de Policía Walter Huayhua perdió la vida después de recibir “13 impactos de bala”, según el informe del viceministro Mamani.

Según las primeras investigaciones que realizó la Policía, a 50 kilómetros del área protegida hay una pista clandestina que era utilizada por estos sujetos para el despacho de sustancias controladas, aún sin confirmación del destino, así como otros compartimientos hechos de palos y turriles para que estas personas se dediquen al ilícito.

Otros operativos antidroga recientes, en el departamento de Cochabamba, alertan sobre la presencia de dos colombianos. En Alto Sivingani se logró detener a Jhon Abrego Lucumí, de 40 años, y a Luis Olivio Arboleda Góngora, de 33 años, ambos colombianos y que ahora están en la cárcel de El Abra. Ninguno está vinculado con el operativo en el Parque Noel Kemff Mercado.

Cárteles en Bolivia

El jefe del MAS, Evo Morales, afirmó que la muerte del sargento Huayhua es resultado “de la protección al narco”, en alusión a Del Castillo, a quien señala de montar casos de tráfico de droga en su contra. Por su lado, Carlos Romero, exministro de Gobierno, acusó al gobierno de Luis Arce de estar perdiendo el control de la lucha contra el narcotráfico.

“Se está convirtiendo en un problema de Estado. Se está volviendo un escenario de colombianización, en el sentido de que se van liberando progresivamente determinados pedazos territoriales estratégicos y éstos van formando un poder oscuro, un poder mafioso, un poder paralelo al Estado”, dijo Romero en referencia que los avasallamientos están vinculados al narcotráfico.

Ante la consulta acerca de si en el país existen cárteles, el ministro de Gobierno dijo que lo que hay son clanes familiares y grupos que se aventuran a comercializar y producir droga.

“No podemos hablar de la presencia de cárteles en territorio nacional, lo que existen son clanes familiares que se organizan para cometer actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y así también existen pequeños grupos que tienen la aventura de introducirse en el territorio nacional para poder comercializar y producir pasta base, clorhidrato de cocaína dentro del territorio nacional”, aseguró.

Estas declaraciones provocaron la indignación de los legisladores de Cremos quienes consideran que la autoridad minimiza el problema del narcotráfico en Bolivia.
“Preocupa la visión del ministro Del Castillo y el Gobierno el MAS que sostienen que no pasa nada en el país. Ya en marzo se titulaba en los medios que los cárteles internacionales ganan terreno en Bolivia porque ya nuestro país no es un país de tránsito sino de producción de droga”, aseguró el senador Henry Montero.

Por su lado, la diputada María René Álvarez dijo que no es primicia hablar del incremento del narcotráfico en zonas protegidas y sobre la presencia de “grupos armados e irregulares” que atentan contra la vida, la seguridad e integridad de los bolivianos”.

“Hemos denunciado la presencia de cárteles extranjeros operando en el país y los posibles vínculos gubernamentales que puedan existir para garantizar sus operaciones y el tráfico de droga hacia otros destinos internacionales”, escribió en sus redes sociales. Desde el Legislativo, pedirán informes a Del Castillo, quien fue citado varias veces y no se presentó a los requerimientos.