Vividor político inhabilitado
Por: Marcelo Chinche Calizaya
El pasado 20 de febrero, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo pública la inhabilitación de Evo Morales, por no cumplir el requisito de residencia permanente. Tal resolución, tiene carácter jurisdiccional inapelable.
La residencia permanente contempla tres principios: el domicilio o residencia habitual registrado y declarado en el padrón electoral: siendo éste a su vez, el lugar donde se desarrolla el “proyecto de vida” y, el principio de “verdad material” que hace efectiva la residencia. Principios que el MAS y el autócrata refugiado en Argentina, pretendieron soslayar, guiados al parecer, por sus prácticas insanas ejercidas durante 14 años de continua manipulación y distorsión de normas jurídicas y la CPE, según intereses y cálculos políticos.
No otra cosa podría deducirse de su afán de forzar una postulación a senador por Cochabamba, a sabiendas que se encuentra en Buenos Aires -cuya distancia por aire es de 2.064.9 Km-, bajo el estatus de refugiado político.
Es evidente la desesperación por gozar de inmunidad e inviolabilidad parlamentaria del directo responsable del monumental fraude de octubre de 2019 y que, desde nuestra óptica, dos razones de peso guían tal decisión. La primera, blindarse ante un inminente juicio de responsabilidades, encubrir la corrupción, abusos, fraude y los delitos de sedición y terrorismo. La segunda, exterioriza su deseo de seguir disfrutando de las mieles del poder, sin importar el lugar o el espacio desde donde ejercerla.
Tales pretensiones, le hacen merecedor –al igual que otros- del título de “vividor de la política”, pues no hizo otra cosa, sino desempeñar este cómodo oficio desde hace 31 años. Tras dos intentos fallidos (1989 y 1993), recién en 1997 lograría un curul. El 2005 llegó a la presidencia; al igual que el 2009 y 2014. Sin reparo alguno, manipuló normas jurídicas y la CPE, para repostularse el 2019, promoviendo un grotesco fraude, cuyo daño económico ocasionado al Estado asciende a más de 200 millones de bolivianos.
Como era de esperarse, el desconcertado vividor político, acusó al TSE de acatar instrucciones del gobierno. Su limitada capacidad de análisis y lectura apropiada de las normas vigentes, le impiden comprender que la decisión fue estrictamente legal.
Valdría la pena recomendarle al populista aprovechado que, de vez en cuando, no hace daño ilustrarse para opinar con propiedad y conocimiento de causa; evitando proferir hasta el hastío, paranoias achacosas de ataques constantes de la derecha, el imperialismo y, principalmente, pasar vergüenzas demandando aquello que, durante su gobierno, jamás cumplió y aplicó correctamente.
