15 de enero de 2023, 4:00 AM
15 de enero de 2023, 4:00 AM


Lo dije antes y lo repito hoy: todos los golpes que viene padeciendo desde hace años la ya débil democracia en Bolivia son resultado no solo del cada vez más descarado abuso del poder de la cúpula que gobierna el país desde hace casi dos décadas, sino también de los desaciertos recurrentes vistos en todas las fuerzas u organizaciones que se reconocen como opositoras al MAS. Desaciertos que tienen orígenes o causas diversas y que van desde la simple ignorancia o falta de experiencia en la práctica política, a la total ausencia de escrúpulos o coherencia entre lo que dicen defender y lo que realmente los mueve. 

No parece haber otra explicación para lo que está ocurriendo hoy en Bolivia, que está padeciendo otra arremetida del poder central, más violenta, desmedida y descarada, tal como lo demuestran los lamentables hechos registrados en La Paz tras los conflictos entre cocaleros y el protagonizado por los mineros, los registrados en Santa Cruz en la protesta por el Censo 2023, y luego contra el secuestro y encarcelamiento del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. Éstos, apenas algunos de la larga lista de ataques sistemáticos a los que está recurriendo el gobierno que preside Luis Arce en todo el territorio nacional.


Ataques a la democracia que se han ido perfeccionando a través de un también cada vez mayor control y manipulación de los otros poderes del Estado, en especial el de la Justicia y el electoral. Un avance que parece no tener fin, insisto, favorecido por los desaciertos de quienes están en el frente contrario y que, por lo visto ahora mismo, están decididos a repetir errores. ¿No es acaso lo que está por suceder en Santa Cruz, en el manejo de la grave crisis que plantea el golpe dado por el gobierno de Arce a la principal institución de poder y representación política que tiene el departamento, como es la Gobernación?

Un golpe anunciado, que se veía venir, que tarde o temprano iba a llegar, pero frente al cual parece que ni la Gobernación estaba preparada. ¿De qué otra manera se explica que tras el violento secuestro del gobernador y su encarcelamiento en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro se haya presentado un dilema tan absurdo como el que sigue hasta hoy sobre la conducción del gobierno departamental? Un dilema planteado no por ambiguedades atribuídas al Estatuto Autonómico, sino por una serie de susceptibilidades y diferencias que existen al interior de Creemos, la agrupación ciudadana que lidera el gobernador Camacho.

Diferencias y susceptibilidades no asumidas ni aclaradas públicamente, pero que son un secreto a voces, y de las que por supuesto tiene pleno conocimiento la cúpula del MAS. El problema no es que existan esas diferencias o desencuentros. Al final de cuentas, todas las organizaciones políticas están viviendo situaciones similares. Que lo diga el MAS, tal vez el ejemplo más claro de una crisis interna. El problema está en negar su existencia, lo que sin duda impide enfrentar de manera transparente y responsable la gran pelea que le toca librar a Santa Cruz: preservar la autonomía de su Gobierno departamental y con ella, muchas otras libertades.

Podría añadir algo más. Por lo visto hasta ahora, el problema no está apenas en negar lo que es evidente desde hace ya tiempo, sino en forzar una narrativa no menos perversa que la que alienta el partido de gobierno y que pasa por acusaciones de traición o golpes entre iguales. Un absurdo a estas alturas del partido, cuando lo que está en juego es lo que resta de democracia en Bolivia. Un punto de quiebre que no admite paso en falso, ni medias tintas, ni demoras en la toma de decisiones que ayuden a poner freno al caballo desbocado en el que se ha convertido el gobierno del señor Arce.