El análisis realizado por los españoles reconoce la existencia de un servidor externo ilegal al igual que denunció la OEA. Sin justicia creíble, no existe reconciliación en el país, dice

30 de julio de 2021, 10:15 AM
30 de julio de 2021, 10:15 AM

El exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, califica como una maniobra política la acción del Ministerio Público, que - en su opinión- pretende "crear un relato falso" sobre el caso fraude electoral de 2019 mediante el "análisis de integralidad electoral" realizado en España.  

Aparicio lamenta el avance hacia una desinstitucionalización que se produce en el país y que afecta a la convivencia entre bolivianos.

Conocedor de los procedimientos internacionales, Aparicio recuerda que tanto Diego Pary como Héctor Arce reconocieron en la reunión de la OEA que el informe emitido y respaldado por la organizaión era vinculante, lo que significa "que es un documento con validez jurídica". 

Para el exembajador, este intento de la Fiscalía por desacreditar el informe de la OEA "no tiene seriedad" y solo se explica por el interés de "fabricar un relato" para favorecer al expresidente Evo Morales.

El ex embajador compartió su análisis en el programa 'Influyentes', de El DEBER Radio, y desmenuzó algunas partes del informe realizado por un equipo técnico de la Universidad de Salamanca, a pedido de la Fiscalía boliviana. El documento "reconoce conexiones de procedencia desconocida como dijo la OEA", destaca Aparicio. Este "servidor no monitoreado" también fue denunciado por el responsable de Ethical Hacking en Bolivia.

Durante la entrevista, manifestó su sorpresa ante la confirmación, por parte de los analistas españoles, "de la existencia de un servidor ilegal" y la afirmación posterior de que "se destruyeron las evidencias".  En este sentido, el diplomático cuestiona cómo se destruye un servidor informático si no es por una intervención interesada, aunque en el informe de la Fiscalía no se atiende este hecho.

Tanto la existencia del servidor externo como la posterior destrucción del mismo supone "una contaminación del proceso; un perito forense debía determinarlo con claridad puesto que contamina todo el proceso electoral", manifestó.

Aparicio está convencido de que la misión del Ministerio Público perseguía "una absolución" y por ello solicitó un trabajo "por encargo con información parcializada ofrecida por la propia Fiscalía". 

La investigación realizada por el equipo español remite una comunicación con Marcel Guzmán de Rojas, gerente general de Neotec, y que se encuentra prófugo de la justicia boliviana. Este aporte contrasta con la ausencia de contacto con Ethical Hacking, la empresa que auditó el proceso informático y que asegura contar con evidencias de la manipulación electoral.

El camino de la reconciliación

El diplomático boliviano ve un camino difícil hacia la reconciliación. El interés manifiesto por el grupo que ejerce el poder para construir un relato favorable que le exonere de toda culpa por los sucesos de 2019 y 2020 se complementa con una justicia sumisa con este propósito, dijo. El segundo pilar de la reconciliación se sostiene en una educación amplia e integradora.

"Una sociedad democrática no puede funcionar sin una justicia imparcial", recuerda Aparicio y añade que la actual justicia se ha convertido en "un instrumento de persecución, de represión" que recurre a la prisión preventiva como una medida de castigo suplementaria mucho antes de la sentencia que pueda disponerse. En Bolivia, sentencia, "no hay alternativas de defenderse".

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