Creemos se desmarca de diputado que anunció recurso contra decretos de salud
La agrupación opositora desautorizó al diputado Caleb Villarroel de hablar a nombre de la alianza después de que este anunciara la presentación de una Acción de Inconstitucionalidad de los decretos 4640 y 4641.
La agrupación opositora de Creemos a través de un comunicado oficial, desautorizó al diputado Caleb Villarroel que forma parte de sus filas, de hablar a nombre de esa entidad partidaria, al anunciar la presentación de una Acción Abstracta de Inconstitucionalidad de los decretos 4640 y 4641.
Las normativas exigen la presentación del carné de vacunación contra el covid 19 en distinta clases de trámites, ya sea bancarios, compras en supermercados, entidades educativas y compra de pasajes terrestres y aéreos.
“Aclaramos que es una posición personal que institucionalmente no respaldamos”, sostiene el documento del grupo político en la cual el gobernador Luis Fernando Camacho es su líder.
El documento expresa que reconoce su derecho a la libre expresión del legislador cruceño, pero lamentan su posición, en la que consideran que se encuentra basada en creencias personales, contrarias al Plan Nacional de Vacunación, del cual el Gobierno Departamental de Santa Cruz también es responsable del mismo.
“Está demostrado ampliamente que la vacuna salva vidas y en lugar de frenar este proceso y ponerle trabas, todas las autoridades debemos impulsarlos”, remarca el comunicado.
Respuesta de Diputado. Por su parte, el diputado Caleb Villarroel al ser aludido, en conferencia de prensa junto con su colega de Comunidad Ciudadana (CC), María José Salazar, respondió que siempre defenderá los derechos humanos y sobre todo la vida de los ciudadanos.
Por lo que juntos con integrantes del Movimiento Ana Barba, presentarán en las próximas horas la Acción Abstracta de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con sede en Sucre, con el argumento de que violenta los preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y mucho más cuando hay más del 50% de personas que todavía no han completado la dosis de inmunización.
Por ello, consideran que el Gobierno no debe imponer la presentación del carné de vacunación para poder ser atendido tanto en las instituciones públicas y privadas.
