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La Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) solicitará a los jueces que los bienes de 30 personas implicadas en el caso Pedro Montenegro pasen a poder del Estado. Los vehículos, inmuebles, empresas y dinero en efectivo, ubicados en La Paz y Santa Cruz, han sido valuados en más de $us 6 millones.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, hizo conocer la decisión de Dircabi y precisó que se quiere evitar que estos bienes sean transferidos, en la mayoría de los casos de forma irregular, a terceras personas para evitar que la justicia tome control sobre los mismos.

“Hemos tomado la decisión de interponer la demanda de extinción de dominio de bienes ilícitamente obtenidos en el marco de la Ley 913 de sustancias controladas, en el caso Montenegro-Medina”, aseguró la autoridad .

La decisión, que hizo pública ayer el ministro Romero, fue tomada luego de concluir con una investigación sobre los bienes de la supuesta organización criminal dedicada al narcotráfico, donde Montenegro, el excoronel Gonzalo Medina y el extranjero prófugo Enrique Villarreal serían los cabecillas. Las pesquisas fueron lideradas por Dircabi en coordinación con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Marcelo Gutiérrez, director nacional de Dircabi, dijo que las pesquisas concluyeron con la identificación de los bienes de 30 personas involucradas con Montenegro, Medina y Villarreal. “Se trata de los testaferros o palos blancos, que los implicados en las investigaciones penales por narcotráfico utilizaban para esconder el dinero que se obtenía por el tráfico ilícito de drogas”, explicó la autoridad y precisó que hoy el responsable jurídico de Dircabi hará efectiva la acción de extinción de dominio, en la Fiscalía cruceña.

La solicitud que hará Dircabi es por 40 inmuebles, dos empresas, 24 vehículos y una préstamo de $us 1 millón.

Cuestiona solicitud

El abogado de Pedro Montenegro, Ariel Góngora, descalificó la acción que Dircabi realizará y dijo que primero se debe probar quienes son los propietarios de los vehículos, las casas y demás bienes que fueron investigados.

El jurista acusó de inconstitucional la ley que establece el mecanismo para solicitar la extinción de dominio y señaló que a su defendido primero tienen que probarle que tiene o tuvo testaferros, además de demostrar que cuenta con bienes millonarios.