La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) se declaró en estado de emergencia y pide una reunión con el Ministerio de Economía, pues no tiene recursos ni para completar la planilla de septiembre.

El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, remarcó que en busca de recursos ya se reunió con el Viceministerio de Presupuesto, pero aún no concretaron el apoyo económico, por lo que piden audiencia a la máxima autoridad de economía del país.

Cuéllar dijo que aún no se completó el pago de los sueldos de septiembre y tampoco se tiene los recursos para cubrir octubre, noviembre, diciembre y los beneficios sociales. 

Aclaró que la planilla de la Uagrm bordea los Bs 58 millones mensuales; cuenta con más de 1.200 docentes y más de 1.000 administrativos. A esto se suma una deuda flotante de Bs 100 millones.

La Uagrm tiene más de 150.000 estudiantes, de estos unos 90.000 tienen registro activo. Es una de las tres universidades públicas más grandes del país. 

En un pronunciamiento público con las instancias del cogobierno las autoridades morenianas no descartaron protestas para exigir recursos.

Les propusieron un convenio.

El rector Cuéllart señaló que en las reuniones con el Viceministerio de Presupuesto se les planteó entrar a un convenio de desempeño institucional-financiero. "Estamos de acuerdo, es importante tomar medidas correctivas al interior de la universidad, para hacerla sostenible. Sin embargo, creo que este convenio no debe condicionar una solución inmediata al soporte extraordinario que estamos pidiendo". 

El presidente de la Federación Universitaria de Profesores (FUP), Rogelio Espinoza, señaló que si por la emergencia se firma el convenio de desempeño, el Gobierno nacional debe respetar la libre determinación y autonomía de la Uagrm.

A su vez el vicerrector Reinerio Vargas, remarcó que otra línea que impulsarán en busca de recursos será solicitar la realización del censo, pues aseguró que debido a la postergación la casa de estudios superiores dejó de percibir Bs 150 millones.

"No podemos ser objeto de controles adicionales que no estén enmarcados en las normas constitucionales que nos permite a las universidades públicas desarrollar las actividades", insistió. 

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