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Según un monitoreo satelital periódico de la Fundación para la Conservación Bosque Seco Chiquitano (FCBC), entre el 11 y el 21 de julio se desmontaron cuatro hectáreas adicionales a las más de 100 que se han desmontado desde marzo de este año en el área protegida municipal Bajo Paraguá.

Entre el 15 y 18 de junio, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT) estuvo en el lugar, declaró ilegales los desmontes, citó a los colonos que estaban deforestando y llamó a la paralización de los desmontes. Sin embargo, casi dos meses después no se ha emitido informe de forma pública al respecto, según consultó EL DEBER a la Alcaldía de San Ignacio, que también acompañó la inspección en esa fecha.

Hace un par de días, la ABT sobrevoló la Chiquitania para evaluar los incendios y concluyó que no se observaron quemas de magnitud, a pesar de que activistas alertaron sobre ingreso de fuego al ANMI San Matías. Con respecto a los desmontes del área protegida Bajo Paraguá, hasta ahora nada se ha dicho.

Según Maida Peña, presidenta del Comité de Gestión del Bajo Paraguá, y también cacique de Porvenir, en un patrullaje realizado este 31 de julio, evidenciaron las huellas de la maquinaria, que muestran que siguen los avances en la zona que se supone protegida.

Peña lamentó que la ABT no diga ni haga nada, y aseguró que si fuera alguno de los originarios, hasta por una leña les iniciarían juicio, como ocurrió en la comunidad Cachuela, a un barbecho de un señor, de una hectárea. "Hasta allá se desplazó una comisión para amedrentarlo y abrirle proceso". 

De continuar esta situación, Peña dijo que como comunarios no van a callar. Aseguró que harán respetar sus bosques.

Reunión pasada

El 22 de julio, los caciques de las comunidades Porvenir y Piso Firme, de la TCO Bajo Paraguá; la Organización Indígena Chiquitana (OICH); la Fundación Natura y la ABT, se reunieron para acordar el trabajo conjunto y buscar solución al avasallamiento y desmonte en el área protegida (AP) municipal Bajo Paraguá.

Según el acta del encuentro, Maida Peña, cacique de Porvenir y presidenta del AP Bajo Paraguá,  entregó a la ABT la información relacionada a los asentamientos ilegales en el área protegida, mientras que Agustín García, de parte de la OICH, manifestó su preocupación por la depredación de los bosques chiquitanos.

El documento dice que el director ejecutivo de la ABT, Omar Quiroga, presente en la reunión, dijo que debe darse un diálogo con los colonos para aclarar los límites, para saber quiénes cometen los actos ilegales. Peña le respondió que la ABT tiene conocimiento de quiénes son los actores, "pertenecientes a la comunidad San Martín".

El acta enfatiza en que Quiroga insistió en que debe buscarse la forma de hacer un manejo integral de los recursos naturales para el beneficio de la población local dentro de la reserva (a pesar de que el Inra ya dejó claro que los asentamientos no son legales).

En la reunión, también los caciques pidieron a la ABT un informe sobre los responsables del acarreo de llantas para posibles quemas. Edison Tomichá, coordinador de la ABT, respondió que deben tener las pruebas necesarias para no incurrir en una errónea acusación. "La ABT está investigando para una correcta acusación", dijo en esa oportunidad, pero hasta la fecha no hay resultados.

En esa oportunidad, la ABT se comprometió, para el 29 de julio (plazo vencido), a analizar la información del INRA sobre la legalidad o no de los asentamientos en Bajo Paraguá, y el origen de las llantas. De haberse cumplido con esa fecha, el 3 de agosto debía pactarse una reunión entre las autoridades de Bajo Paraguá y los interculturales, pero Peña lamentó que la ABT incumpliera todo lo que asumió como compromiso.

Otro de los puntos abordados por los chiquitanos fue el pedido de informe de parte de la ABT, de las 66 hectáreas desmontadas dentro del Parque Noel Kempff Mercado por propietarios de haciendas aledañas. Asimismo, solicitaron la paralización del Plan de Manejo Forestal de 90.000 hectáreas en la TCO Bajo Paraguá, que desde hace 20 años son manejados por los mismos comunarios, y traspasados con poder notarial, y a quienes la ABT ha otorgado el permiso.

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