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Tras el efectivo vaciamiento del Congreso y la renuncia de Mercedes Aráoz a la vicepresidencia y también a la presidencia interina del país, Martín Vizcarra se afianza como presidente de Perú.

Recibió en el camino un fuerte respaldo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los gobernadores, los alcaldes y un electorado que respaldó su decisión de descabezar al Parlamento controlado por el fujimorismo. La Secretaría General de la OEA demandó que el Tribunal Constitucional de Perú (TCP) se pronuncie respecto de la decisión del mandatario de desactivar el Poder Ejecutivo.

Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía expresaron su lealtad a Vizcarra, quien también recibió el apoyo de numerosos gobernadores regionales y de la Asociación de Alcaldes.

El desconcierto por el choque de poderes que vuelve a sumir a Perú en una gran crisis política no se tradujo de momento en caos, donde la bolsa y el dólar se mantenían estables ayer y todas las actividades se desarrollaban normalmente.

Tras disolver el parlamento, que estaba controlado por la oposición fujimorista, Vizcarra dijo que convocará a elecciones para el 26 de enero de 2020 apegándose al plazo que establece la Constitución.

El clima de tensión se centró en el Palacio de Gobierno y el Congreso, que estaban fuertemente custodiados por la Policía, con más restricciones de ingreso que las habituales.

A través de la Conferencia Episcopal, la Iglesia llamó al diálogo y la calma, así como a “actuar de acuerdo al orden constitucional y democrático”.

Pugna de poderes

La Organización de Estados Americanos (OEA) consideró deseable que las partes en Perú “realicen gestos que propicien la calma ante la crisis” y vio como “un paso constructivo” que las elecciones se hayan convocado “conforme a los plazos constitucionales”.

En su comunicado, la Secretaría General de la OEA señaló que “es un paso constructivo que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la nación”.

En el documento, la OEA consideró “conveniente que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas”.

Por su parte, Mercedes Aráoz, ayer en horas de la mañana, se pronunció sobre su toma de mando y mensaje brindado ante un Congreso disuelto. Aseguró que el acto solo fue ‘un acto político’.

En horas de la noche, a través de una carta difundida en su cuenta de Twitter, Araóz se dirigió al titular del disuelto Parlamento, Pedro Olaechea, para informarle sobre su renuncia irrevocable al cargo de segunda vicepresidenta de la República y a su flamante cargo de presidenta debido a que “se ha roto el orden constitucional” en el país.

Empresarios, en contra

La cúpula empresarial acusó a Vizcarra de perpetrar una “violación de la Constitución y al sistema democrático”. Los líderes del Congreso también lo acusan de haber dado un “golpe de Estado”.

La organización de empresarios privados, la Confiep, expresó su “enérgico rechazo a la violación de la Constitución y al sistema democrático que ha perpetrado el presidente”, que “ha sumergido al país en una grave incertidumbre”.

Solo Comisión Permanente

Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio lo que fue calificado como un “autogolpe” y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Ahora, en cambio, Vizcarra invocó la Constitución para dar este paso.

Hasta los nuevos comicios funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 27 miembros, 18 de ellos fujimoristas. Ellos son ahora los únicos autorizados por la Policía para ingresar al edificio legislativo, de acuerdo a la ley.

Los legisladores cesados no pueden postularse a la reelección y, de hecho, ya perdieron sus privilegios: el parlamentario Roberto Vieira no pudo abordar un vuelo a Estados Unidos este martes en el aeropuerto de Lima con su pasaporte oficial.

Vizcarra lanzó el domingo un ultimátum al Congreso advirtiéndole que lo disolvería si le negaba el lunes un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con lo que buscaba impedir que estuviera dominado por la oposición.

El Congreso hizo caso omiso y tras el decreto de disolución respondió aprobando la suspensión temporal de Vizcarra y designó en su lugar a Aráoz.

“En Perú no hay dilema de dos presidentes, hay un presidente que ejerce de hecho y derecho sus funciones, y ese es Martín Vizcarra”, dijo, antes de conocerse la renuncia de Aráoz, el jurista Diego García-Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y excanciller peruano.

En las calles se puede percibir la popularidad de Vizcarra. “Nosotros queremos democracia, que se cierre el Congreso se respalda”, dijo la enfermera Sandra Luyo, de 45 años.

Por su parte el abogado Ángel Sotomayor, de 60 años, manifestó también su acuerdo con la medida de Vizcarra, al considerar que el Congreso estaba “dominado por un grupo político que su jefa está en la cárcel” por el escándalo de la brasileña Odebrecht, en referencia a Keiko Fujimori, quien se halla en prisión preventiva.

Vizcarra ganó popularidad al impulsar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro presidentes anteriores quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

DENUNCIAN A MERCEDES ARÁOZ POR ‘USURPACIÓN DE FUNCIONES’ Y OPOSITORES ALISTAN APELACIÓN

Antes de dar a conocer su renuncia a sus cargos públicos, Mercedes Aráoz, según la facción de congresistas opositores que no aceptan la disolución del Parlamento, fue denunciada ante la Fiscalía por el delito de usurpación de funciones.

Así lo anunció el legislador del izquierdista Frente Amplio Marco Arana en los exteriores de la Fiscalía, a la que llegó a pie y acompañado por su colega Wilbert Rozas, para presentar la denuncia que también se extendió contra el presidente del Congreso, Pedro Olaechea y la diputada Milagros Salazar por las acciones que tomaron el lunes para enfrentar “ilegalmente” la disolución de la Cámara.

“Lo que ha ocurrido es una situación ilegal, una situación que ha apuntado en contra de la democracia y la institución parlamentaria”, señaló Arana ante los medios en referencia al nombramiento de Aráoz -el lunes por la noche- como “presidenta en funciones”.

Aráoz no debió conspirar como lo hizo durante todas estas semanas contra el propio presidente de la República”, criticó Arana, quien tras la disolución del Congreso continuará en su labor como miembro de la comisión permanente, que es conformada por 29 legisladores y que no puede ser disuelta, según establece la Constitución.

Por su parte, los líderes del recién disuelto Congreso de Perú evalúan presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para revertir esa medida presidencial, aunque desconfían de los magistrados de esa corte, dijo el martes el jefe parlamentario Pedro Olaechea.

“Estamos evaluando presentar un recurso al tribunal para que defina si la disolución se ajusta a la Carta Magna, pero lo estamos analizando porque hoy día sabemos que el Tribunal es adicto al Gobierno” del presidente Martín Vizcarra, expresó Olaechea.



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