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La audiencia cautelar de uno de los siete dirigentes denunciados por el conflicto de tierras en el municipio de Ascensión Guarayos,  que estaba prevista llevarse hoy en la capital cruceña quedó suspendida, debido a que el jueza fue recusada, informó el asesor jurídico del municipio de Guarayos, Robert Ágreda.

Se espera que la audiencia se instale mañana y que la jueza Nuria Lino, juez décimo de Instrucción en lo Penal del Municipio de Guarayos, lleve adelante dicha audiencia.

Según  Ágreda, el imputado se encuentra "internado en el hospital San Juan de Dios supuestamente por problemas cardiológicos, los mismos que tendrán que ser confirmados por un certificado médico", manifestó.

También el jurista indicó que los delitos por los cuales se lo acusa al imputado, entre otros, son secuestro y atentado a la salud pública, lesiones graves y leves, robo agravado y destrucción de bienes del Estado.

Mientras tanto, las instalaciones de la Alcaldía Municipal continúan tomadas y el alcalde Suizo de Nilson y los funcionarios desarrollan sus actividades administrativas desde la Feria Artesanal.

Recordemos que el conflicto surge por un grupo de supuestos loteadores que hace más de un mes tienen tomados los predios de la Alcaldía y exigen la renuncia del alcalde Suizo Nilson, secretarios y asesores jurídicos.

Los supuestos loteadores son acusados de ocupar de forma ilegal la propiedad privada de un empresario. Al ser conminados por la Justicia a desalojar el lugar, se desataron hechos violentos que aumentaron su intensidad en los últimos días. Ellos aseguran que los predios pertenecen a la Alcaldía.

Tampoco han logrado la renuncia del alcalde, y este grupo de pobladores, acusados de loteadores, amenaza nuevamente con bloquear la carretera que conecta Santa Cruz con Trinidad (Beni), si no son atendidos.

Inicialmente la demanda era que el alcalde anule la resolución que fue aprobada en 2010, por parte del Poder Legislativo, cuyo tenor de dicha resolución establece que los predios supuestamente avasallados son de propiedad privada y pertenecen al señor Mario Barbery. Este último llevó a cabo un amparo constitucional, el mismo que salió favorable al propietario y daba un plazo de 48 horas para se retiren los supuestos loteadores, situación que no ha ocurrido.

Las movilizaciones y medidas de presión, según Elizabeth Chemanduarazi, que lidera el grupo, son indefinidas, por lo que pide a la población a tomar sus recaudos.