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Anticipa una investigación exhaustiva y ágil. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, responsabilizó al Comité Cívico pro Santa Cruz y al candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, por las dos muertes que se registró el miércoles en Montero, durante enfrentamientos por los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre.

“Estos muertos del pueblo los responsabilizamos a la dirigencia cívica y al señor Carlos Mesa, porque hemos venido diciendo que estaban queriendo muertos, muy bien, hoy lograron sus muertos y esto también lo vamos a denunciar ante los organismos internacionales”, dijo en entrevista con PAT.

La autoridad enfatizó que “no van a decir que esos muertos son producto del MAS, no nos van a venir a decir eso, no lo vamos a permitir, no lo vamos a aceptar”, a tiempo de acusar una “manipulación” de las declaraciones del presidente Evo Morales y su mención a un “cerco” a las ciudades para contrarrestar las protestas cívicas.

Comunicado del Gobierno:


Esta jornada dos personas, Mario Salvatierra Salvatierra (55) y Marcelo Terrazas Seleme (41), perdieron la vida producto de los violentos enfrentamientos registrados en el departamento cruceño, producto de disparos, mientras que existen otras seis personas heridas.

“Esto es muy grave, hemos ido advirtiendo de manera insistente, recurrente que hay grupos que están promoviendo la violencia. Cualquier derecho a la protesta está reconocido constitucionalmente, pero cuando esa movilización activa dispositivos violentos en escalada ascendente, que es lo que está sucediendo en Santa Cruz, en Cochabamba, la situación es gravísima”, acotó la autoridad.

Lamentó que se “mienta enfermizamente” y que se llenen de “patrañas” las redes sociales, enfatizando que “no se puede tapar el sol con un dedo”, apuntando a los movimientos cívicos la organización de “hordas fascistas”.

Romero también calificó los decesos como asesinatos “premeditados, planificados, con alevosía”, anticipando una denuncia ante la comunidad nacional e internacional, adelantando que se trataba de dos personas que demandaban su derecho a trabajar frente a las protestas que acusan un “fraude” a favor del MAS en los comicios.