Hay división en el TCP por veto a 11 prendas de vestir
Camacho justificó el veto y dice que se debe mostrar ‘mejor presencia’. Flores, su colega, ve discriminación
No, no se trata de una controversia sobre la protección constitucional de derechos de las personas. Lo que desató la polémica entre magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fue la prohibición del uso de 10 tipos de prendas de vestir de lunes a jueves y una de lunes a viernes.
Unos, a favor, en nombre de lo que ellos llaman ‘mejor presencia’. Otros, en contra, de hecho señalan que puede haber discriminación por la vestimenta, algo que dice la Ley 045 Contra el Racismo. En este debate no han sido ajenos algunos congresistas, como la senadora Adriana Salvatierra (MAS), que desafió al tribunal a verificar si su disposición ‘aguanta’ una acción de inconstitucionalidad.
La medida fue criticada por Ruddy Flores, extitular del tribunal, que sostuvo que no debe haber restricción sobre las prendas de uso personal. Su colega Mirtha Camacho, que respaldó la prohibición, le contestó que los funcionarios del ‘alto tribunal’ deben mostrar mejor presencia.
El comunicado TCO-DGAF-JRH N.° 065/2017, con fecha del 17 de julio, circuló ayer. En el instructivo, el presidente del TCP, Oswaldo Valencia, dispuso que los funcionarios de esa institución deben vestir de manera “formal y discreta”, así que, dentro de sus funciones en un Estado laico, decidió prohibirle a las mujeres el uso de blusas transparentes, minifaldas, vestidos cortos, calzas y escotes. A los hombres les vetó el uso de las chamarras de cuero y zapatillas.
En el caso de los funcionarios que se identifican con los pueblos indígena originario campesinos, según el comunicado, se respetará su vestimenta, sin embargo, están obligadas a acudir a la Unidad de Recursos Humanos “a efectos de registrar su vestimenta originaria para fines de control”.
Según testimonios recabados ayer, algunos funcionarios tuvieron que volver a sus casas para cambiarse de ropa porque les impidieron ingresar. Hay que aclarar que la prohibición solo alcanzó a subalternos, porque algunas magistradas sí pueden ingresar con zapatos deportivos y buzos.
La división de los magistrados
Flores señaló que ese instructivo es decisión del presidente del TCP y de Recursos Humanos, por lo que él se desmarcó públicamente de la medida. Sin embargo, consideró que cualquier instructivo o acto administrativo de cualquier entidad pública debe ceñirse estrictamente a lo que dispone la Constitución, en este caso, un Estado laico y no una teocracia.
“No puede haber restricciones excepto aquellas que establece la norma que no puede haber ninguna discriminación por la forma de vestimenta y es un elemento que debe ser observado por cualquier ciudadano, más de una entidad pública”, criticó Flores.
Él planteó que revisar la medida porque cree que mella a los servidores públicos. Camacho calificó de pertinente el instructivo, pues “los funcionarios tienen cierta jerarquía y deben tener mejor presencia y vestir de forma más exigente”.
“Es una forma de discriminación”, dijo la senadora Salvatierra y pidió que “en vez de preocuparse de cómo se visten las personas, el TCP debe ocuparse de resolver la mora procesal constitucional”.
En esto ha coincidido el despacho de David Tezanos, defensor del Pueblo, que considera que el TCP vulnera garantías constitucionales y discrimina por su vestimenta, según un comunicado oficial.
