Escucha esta nota aquí

*** Esta investigación se realiza en alianza con Mongabay Latam

Lo que la Mburuvicha Cuña Isabel Borda solía observar de niña en la comunidad de Caigua ya no existe más. Sabe que los lugares que le recuerdan a su infancia no podrá mostrárselos a sus nietos. Ella es la capitana de su comunidad, es lo que significa Mburuvicha Cuña en guaraní, y ha sido testigo de cómo los árboles de cedro, quebracho, quina y lapacho han ido desapareciendo con el paso de los años. Incluso, la aparición de los tigres, como se suele llamar a los jaguares, se ha convertido en un gran evento, con suerte se dejan ver una vez al año. Bañarse en la quebrada ha quedado en el pasado, ahora el agua provoca comezón en el cuerpo. Y ni hablar de beberla de la vertiente. 

La anciana de 80 años dice que todo comenzó cuando se supo que los suelos de la serranía del Aguaragüe, en el chaco tarijeño, almacenaban inmensos yacimientos de petróleo. Luego se encontraría gas y lo que vino después es una larga historia de denuncias sin respuestas. Fue así como este territorio, históricamente habitado por guaraníes y weenhayeks, se transformó en lo que es hoy: una zona de sacrificio ambiental que enriquece el erario de Bolivia.

Las actividades petroleras en Tarija, departamento donde se encuentra el Parque Nacional Aguaragüe, comenzaron 42 años después de la fundación de Bolivia. Las poblaciones guaraníes y wenayeks ya estaban en pleno apogeo cuando se libró la guerra del Chaco (1932-1935). Hay bibliografía que sostiene que la disputa por el control del Chaco Boreal entre bolivianos y paraguayos tuvo su origen en el petróleo; están también los que afirman que el afán por encontrar una salida al océano Atlántico, tras la pérdida de la salida al Pacífico en la guerra con Chile, desencadenó este enfrentamiento. 

Lo cierto es, y en lo que todos los historiadores coinciden, que intereses de petroleras transnacionales -como la estadounidense Standar Oil y la anglo-holandesa Royal Dutch Shell- azuzaron a los contendientes y jugaron su propio juego. El panorama no ha cambiado en la actualidad, solo se cambiaron las banderas.

Perforación

La empresa estatal encargada de todas las operaciones energéticas en la zona, Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), señala que desde 1927 se han perforado 54 pozos en los campos Caigua, Los Monos, Sanandita, Camatindi y Buena Vista que se encuentran al interior del parque Aguaragüe y en zonas limítrofes. En términos de económicos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 Bolivia exportó al mundo el equivalente a $us 8756 millones de dólares y de esa cantidad, 2797 millones fueron generados por la venta de gas. Este recurso natural no renovable representa hasta un 27% del Presupuesto General del Estado (PGE). 

Este dato sirve para tener una idea de cuánto esfuerzo y recursos han destinado los gobiernos de Bolivia a la búsqueda de nuevos yacimientos dentro del Parque Nacional Aguaragüe, aunque esto haya generado un impacto irreparable en el medio ambiente, y a los pueblos indígenas y campesinos que habitan en las áreas de actividad hidrocarburífera.

“El peligro son las petroleras por las contaminaciones de las perforaciones que realizan y los desechos que sacan y dejan”, dice Isabel Borda, mientras permanece sentada en el patio de su casa. Los años le han hecho más lento el caminar, pero la fuerza de su espíritu combativo sigue intacta. Hurga entre sus memorias y saca retazos de la historia de la lucha junto a su pueblo por el derecho al agua, por la remediación del daño ambiental y por mejores condiciones de vida.

El testimonio de Isabel Borda es uno de los tantos que ha reunido el equipo periodístico de EL DEBER y Mongabay Latam que viajó al parque nacional Aguaragüe para informar sobre los impactos de la exploración de hidrocarburos, las tareas pendientes en la remediación ambiental y la historia de denuncias acumuladas por las comunidades.​

Hecha la ley, hecha la trampa
¿Qué dejaron las siete décadas de explotación del oro negro? A la serranía del Aguaragüe convertida en una zona de sacrificio, responde sin dudarlo el especialista en industrias extractivistas del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) Jorge Campanini, que dedicó todo el 2012 y 2013 a investigar in situ el caso de esta área protegida.

Sostiene que la actividad petrolera y su herencia, los pasivos ambientales -como se les denomina a los pozos abandonados o mal sellados que generan emanaciones de hidrocarburos-, no solo puso en riesgo la única fuente de agua del chaco tarijeño, sino que por las brechas y caminos que se abrieron se facilitó el proceso de desmonte, la tala ilegal de madera, la cacería furtiva y cambió el modo de vida de sus habitantes.

Precisamente por estos problemas, que no son recientes, y tras años de protestas de las comunidades, el gobierno de Hugo Banzer Suárez tomó la decisión de crear, el 20 de abril de 2000, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado de la Serranía de Aguaragüe. En total, 108.307 hectáreas destinadas a la conservación y distribuidas entre los municipios de Villamontes, Yacuiba y Caraparí. 

Los objetivos de la creación del parque eran conservar una muestra representativa de la biodiversidad existente en ese ecosistema de transición entre selvas de montañas y chaco serrano, además de proteger la serranía del Aguaragüe por ser la única fuente de agua de las poblaciones del Chaco tarijeño.

Las serranías del Aguaragüe se han convertido en fuente inagotable de recursos naturales. Foto: Gustavo Jiménez


Pero, el que se haya convertido a este territorio apetecido por las petroleras en área protegida no frenó el daño ambiental. Si bien el artículo 8 de la Ley 2083 pone un candado a “cualquier actividad que atente contra la conservación del área”, en otro de sus artículos (el 9) la misma norma da una llave para abrirlo: “En casos excepcionales y cuando sea de interés nacional el aprovechamiento de recursos mineros o energéticos (...), este deberá realizarse en estricta observancia de las disposiciones legales ambientales (...)”, dice. 

Evo Morales, desde el primer año de su gobierno y acogiéndose al polémico artículo 9, le dejó el camino libre a las petroleras, pese a que esta decisión no estaba en sintonía con su modelo del “Vivir bien en equilibrio con la Madre Tierra”. 

Lo que el exvicepresidente Álvaro García Linera dijo en mayo de 2013, cuando YPFB organizó el IV Congreso Internacional, permite graficar mejor la política económica del MAS. “En una buena parte de esas zonas altamente petroleras y gasíferas se han ido declarando en los años parques, para que no los exploremos, para que guardemos, seguramente, para alguien”. En esa misma conferencia, García Linera ofreció incentivos a quienes quisieran invertir en actividades de exploración petrolera, que incluía el Aguaragüe.

Para el 2013, el gobierno de Evo Morales ya tenía al 72,5% del parque Aguaragüe comprometido y distribuido “entre contratos petroleros, contratos de Sociedad Anónima Mixta, convenios de estudio y áreas reservadas para capitales extranjeros”, señala el Cedib, según un informe de Connectas.

Actualmente, en el área protegida opera la petrolera Chaco -que fue filial de British Petroleum (BP) y socia de la argentina Pan American Energy (PAE)- que en 2009 fue nacionalizada y pasó a manos del Estado. Desde entonces es conocida como la YPFB Chaco. 


Algunos pozos de donde se explotaron los hidrocarburos ya se encuentran inactivos. Foto: Gustavo Jiménez

Según un documento enviado (en marzo de 2020) por esta petrolera al diario EL DEBER y Mongabay Latam, hasta la fecha se han perforado siete pozos (CAI-15, AGC-X1, CAI-1002, CAI-X1001, CAI-12, CAI-13 y LMS-X12) para la exploración y desarrollo de los campos Caigua, Los Monos y el Bloque Aguaragüe Centro.  Hay un pozo exploratorio, el AGC-X1, que se encuentra en etapa de perforación y otro, el LMS-X13, en planes de perforación.

YPFB Chaco hace énfasis en que todas sus actividades están incluidas en “los contratos de operación y contratos de servicios petroleros firmados con YPFB en representación del Estado boliviano” y que ha obtenido las licencias ambientales que la normativa vigente exige. 

La normativa a la que hace referencia es el Decreto Supremo 2366, promulgado en 2015 por Evo Morales, que sostiene que al ser los recursos hidrocarburíferos de interés público y para el desarrollo del país, se da luz verde a las actividades petroleras en áreas protegidas.

Cementerio de chatarras y de filtraciones
Jenny Noguera no nació en Caigua, comunidad que se encuentra a los pies del Aguaragüe, pero sus padres se mudaron ahí cuando tenía apenas 13 años. Llegaron en busca de una mejor educación para su hija, pues en la comunidad Zapatera Norte de Caraparí no contaban con el nivel secundario en las escuelas.

La primera impresión que tuve cuando llegué a Caigua fue la de encontrarme frente a un cementerio de chatarras. Había maquinaria abandonada por todos lados y pozos con grifos de los que se podía uno llevar petróleo a casa para los mecheros ante la falta de luz eléctrica. Yo me pasaba preguntando por qué esto, por qué lo otro, a mis padres, a mis nuevos compañeros, a mis profesores, así entendí que todo eso era por el petróleo que se llevaron. Por eso también no me podía bañar, ni tomar el agua. Así comencé a involucrarme en la defensa del Aguaragüe.

Cuando Noguera conoció Caigua, en el 2007, el Aguaragüe ya había sido declarado parque nacional, pero aún no había comenzado la era del gas. La constante presencia del agua contaminada, la represa que no abastecía lo suficiente, los pozos mal sellados, llevó a la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) a liderar una marcha en el 2010 desde Yacuiba hasta Villamontes. En esa masiva manifestación participó Jenny; la ex Mburuvicha Cuña de Caigua, Isabel Borda; el dirigente de Taiguati, Pablo Eguez, y la Mburuvicha Cuña de la Comunidad Indígena Guaraní San Antonio, Elena Cuéllar, entre otros tantos.

En aquella oportunidad, el Gobierno los escuchó y aceptó firmar un convenio para detener las actividades extractivas en el Aguaragüe y dar paso a la remediación ambiental pendiente en los pozos abandonados en la era del petróleo. 

Lo que no se les dijo, explica el especialista en industrias extractivistas Jorge Campanini, “es que ese trabajo de sellado de pozos, de los más riesgosos, iba a dar lugar a nuevos procesos exploratorios, procesos de perforación. Entonces, el problema socioambiental cambió e incluso se incrementó porque ahora hay centenares de personas moviéndose por ahí, en medio de emanaciones de gas, de filtraciones de petróleo y con el agua contaminada”.

Así fue como comenzó la segunda ola de explotación en Aguaragüe. En la segunda década del siglo XXI se han extraído, informa YPFB Chaco, 31.7 billones de pies cúbicos (BCF) de gas y 19.1 miles de barriles (MBLS) de petróleo que han sido “entregados a YPFB, en conformidad a lo previsto en los contratos de operación y contratos de servicios petroleros”. En términos monetarios, estas cantidades de gas y petróleo recuperados de este parque nacional se traducen -según YPFB Chaco- en una renta petrolera de aproximadamente 120 millones de dólares, de los cuales 60 millones han sido destinados al Erario nacional, por concepto de regalías y tributos.

El remedio resultó peor que la enfermedad, dice Pablo Egüez, el dirigente de la comunidad Taiguati (Villamontes), que participó en la gran marcha de la APG y que por promover movilizaciones que denuncian la contaminación del agua ha sido procesado por daño económico al Estado.

Como si nosotros no tuviéramos derechos, como si no fuéramos bolivianos, como si el Aguaragüe no fuera también del Estado.

En la queja de este líder hay amargura, pero ni un atisbo de resignación. Lo mismo sucedió con Elena Cuéllar, la capitana de San Antonio, quien enfrenta un proceso por daños al Estado tras liderar, a principios de este año, un bloqueo a un campo administrado por YPFB Chaco. 

El agua está contaminada, no solo daña a la salud, también a los cultivos y tampoco tenemos trabajo. Pedíamos que la empresa contrate a la gente de la comunidad, conforme a ley, pero nos iniciaron procesos. Conozco las leyes, no tengo miedo.

Sobre los procesos, YPFB Chaco responde de forma general y escueta: “En el pasado se ha iniciado procesos por daños contra el Estado. A la fecha ningún proceso se encuentra vigente o activo”. 

En lo que sí se explaya, en la entrevista escrita que concedió para esta investigación, es en los trabajos que realiza en las comunidades del área de influencia. “La empresa cuenta con una política de inversión social mediante la cual, de forma voluntaria, financia la implementación de proyectos sociales con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de las poblaciones vecinas de las operaciones y actividades de la empresa”, indica el documento.

Proyectos ejecutados por YPFB

Cuando solicitamos una entrevista con el Ministerio de Hidrocarburos y la petrolera estatal para incluir sus versiones sobre las denuncias por las emanaciones de gas, filtraciones de petróleo y contaminación del agua, no recibimos respuesta alguna. Solo YPFB Chaco, que tiene a su cargo la operación hidrocarburífera en el Aguaragüe y es subsidiaria de YPFB, atendió por escrito (en marzo) la solicitud. 

“El fuerte olor a petróleo del agua extraída de la quebrada Aguaragüe es producto de las emanaciones naturales presentes en el Subandino a lo largo de las zonas que tienen relación con las fallas geológicas”, sostuvo la subsidiaria de YPFB. 

No es necesario esforzar la vista para apreciar que las 'aceitosas' emanaciones de petróleo afectan a una de las quebradas de donde los comunarios de Caigua se proveen de agua. Foto: Gustavo Jiménez


Un líquido aceitoso emana del suelo

Los habitantes de las comunidades que se encuentran al interior y en los alrededores de esta área protegida y que son parte de los municipios de Villamontes, Caraparí y Yacuiba, vinculadas a esta área protegida, dicen que están cansados de denunciar la contaminación, especialmente del agua, y de pedir que esta tenga las condiciones sanitarias necesarias para que puedan consumirla.

Vidal Bautista, habitante de Caigua, se tomó una pausa en medio de la búsqueda de una de sus vacas extraviadas para guiar al equipo periodístico de EL DEBER y Mongabay Latam a una zona al interior del Aguaragüe, donde hay emanaciones de gas y filtraciones de petróleo en las fuentes de agua.

Habían pasado 40 minutos, desde que el vehículo partió de Caigua rumbo al parque Aguaragüe, cuando a la vera del camino apareció la quebrada que lleva el mismo nombre de la comunidad. Vidal pidió que nos detuviéramos y se dirigió hacia el afluente. Se inclinó, escarbó la tierra desesperadamente hasta que empezó a aparecer un líquido aceitoso, de tono marrón claro y con un olor intenso a petróleo.

Vidal se puso de pie, caminó unos metros y repitió la operación, el resultado fue el mismo.

Aquí está el petróleo, aquí está. Antes eran emanaciones naturales, pero como han venido a perforar hay más contaminación. Ninguna autoridad nos hace caso.

Mientras habla levanta el líquido entre sus manos. Luego invita a que el equipo periodístico tome una muestra en la botella. 


Vidal Bautista asegura que desde que se reactivó la actividad hidrocarburífera se ha incrementado las filtraciones de petróleo. Teme que el agua contaminada comprometa la salud de sus dos hijos. Foto: Gustavo Jiménez

Un análisis ordenado por la Gobernación de Tarija, en enero de 2015, concluyó que el agua examinada “no era apta para el consumo humano sin antes un tratamiento previo”.

Sobre esta situación se le pidió explicaciones al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). A través de una entrevista escrita señaló, sin especificar fecha, que analizó 29 tomas de agua destinada al consumo humano con el fin de determinar su calidad. Los resultados encontraron que en 23 pruebas había contaminación, pero por restos fecales de animales.

Sobre la contaminación por las filtraciones de petróleo, Sernap dijo que se tomaron muestras de cuatro lugares cercanos a donde hubo actividad petrolera para evaluar la concentración de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) en el agua y “no se evidenció presencia significativa de TPH”.

Paralelamente, la Unión Europea destinó 250 millones de euros para la elaboración de un estudio en la zona que contó con la participación del Gobierno boliviano. Los resultados, en el caso del Aguaragüe, le dan la razón a la historia de denuncias de los indígenas y campesinos. 

Denominado “Gestión de pasivos ambientales en áreas protegidas y su influencia en el recurso hídrico”, el proyecto -ejecutado entre los años 2015, 2016 y 2017- encontró pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos en 15 de los 22 parques nacionales de Bolivia.

En el estudio realizado en el Aguaragüe se analizaron 41 pozos de hidrocarburos. Cinco de ellos presentan un nivel alto de riesgo que se evidencia en las fugas de gas y las filtraciones de hidrocarburos líquidos generado por daños en sus estructuras.

El impacto ambiental más severo se presenta en el aire, por la emisión constante de gas a la atmósfera. El estudio también encontró altas concentraciones de hidrocarburos totales cerca de un pozo, el SAN-13, así como sedimento a 35 metros de la quebrada.

Eso no es todo, hay un impacto ambiental severo para el agua, por las concentraciones de TPH muy por encima de los límites permisibles. 

Pese a que el Ministerio de Medioambiente, a través del Sernap, señala que en 2016 y 2017 ha evaluado pasivos ambientales y ha hecho el seguimiento al cierre técnico de 11 pozos en el campo Sanandita, 4 en el campo Los Monos, 1 en el Bloque Aguaragüe Centro y 7 el campo Caigua; los indígenas y campesinos consultados por EL DEBER y Mongabay Latam coinciden en que esto no es suficiente y que el problema no pasa por falta de pruebas al agua, sino porque estos resultados no se socializan o simplemente no significan una acción contundente que ponga fin a su calvario.

La lucha de los guardianes por proteger el parque

Esta área protegida no solo es afectada por la explotación de hidrocarburos, también por la tala ilegal y la caza furtiva.

La gran importancia biológica del Aguaragüe está en la confluencia de dos ecosistemas: el bosque serrano chaqueño y las selvas de montaña. Esto lo convierte en un hábitat crítico pues alberga a especies amenazadas de ambas regiones. Si bien la declaración del área protegida se realizó en el 2000, no fue hasta ocho años después que se asignó a tres guardaparques para su protección. Hoy son 11.

En el primer grupo estaba Delcy Terceros. Recuerda que en principio los patrullajes eran la rutina de todos los días, también los enfrentamientos con los madereros. En una ocasión, añade, fue atacada con una motosierra. Si no hubiera escapado a tiempo en la motocicleta, los piratas de la madera hubieran descargado toda su furia en ella, porque hasta entonces arrasaban con el cedro, el lapacho, el quebracho y otras especies maderables, sin que nadie pusiera freno.

Cuenta que con la misma frecuencia con la que se patrullaba, se visitaba a las comunidades indígenas y campesinas para que se conviertan en guardianes de su casa grande, el Aguaragüe.

Cuando Delcy Terceros, la primera mujer guardaparque del área tuvo que abandonar sus actividades para dedicarse a sus hijos, después de tres años de enfrentar a piratas y cazadores furtivos, Enrique Terceros le tomó la posta. Fue en 2011 y “no fue nada fácil”, dice este hombre que ha dedicado toda su vida a las áreas protegidas de Bolivia. Comenzó en el parque Noel Kempff.

Cuando le asignaron al Aguaragüe lo celebró. Significaba volver a su natal Chimeo, una comunidad guaraní, ubicada en el municipio de Villa Montes.

Es por eso que las serranías y montañas del Chaco Boreal no eran nuevas para él. “Así pude escapar de mis secuestradores”, revela. A esta experiencia es a la que se refiere cuando dice que al inicio “no fue nada fácil”. Un grupo de personas que vivían en el área de influencia del parque se molestó por los patrullajes de control para impedir el saqueo de madera y la caza. “Le cayeron al guardaparque”, narra y agrega que hoy las cosas han cambiado un poco, la gente está más consciente de la importancia de cuidar la biodiversidad del Aguaragüe”.

El sueño de Enrique Terceros es que el Aguaragüe vuelva a ser como era antes de que se descubriera la riqueza en su subsuelo, pero como sabe que esto es imposible; apuesta a la reforestación y a la preservación de la flora y fauna que aún queda.