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Hoy es la zona con mayor presión económica y demográfica. Estudiosos del tema y autoridades indican que ha recibido entre 700 y 1.400 asentamientos de familias, la mayoría de otros departamentos, lo que ha ocasionado que entre 2015 y 2021 el padrón electoral hubiera crecido hasta 37% en algunos municipios.

Una reciente denuncia de avasallamiento en el área protegida Bajo Paraguá desnudó una práctica que lleva más de una década, que se acentuó en los últimos años, involucrando a partidos políticos, instancias del Estado llamadas a administrar y custodiar el bosque y la tierra, instituciones religiosas, indígenas del lugar, nuevos comunarios de otros puntos del país y grandes hacendados bolivianos y extranjeros.


Si hay 1.400 nuevas comunidades asentadas en toda la Chiquitania, como asegura Fernando Rojas, dirigente de la Asociación de Cabildos de San Ignacio de Velasco (Asiciv), por datos obtenidos del Viceministerio de Tierras de la gestión pasada, y si en promedio cada comunidad está constituida por 30 unidades familiares, cada una de las cuales (artículo 3, inciso II) tiene derecho a quemar 20 hectáreas, de acuerdo a los PM20, contemplados en la Ley 741/2015, que simplifica el trámite al mínimo, el augurio es preocupante.

Según este cálculo, 840.000 hectáreas podrían arder. Esto, descontando los riesgos de que el fuego se salga de control, de la existencia de las otras quemas de miles de hectáreas generadas en las grandes propiedades y en las comunidades fantasmas, así como en los avasallamientos en áreas protegidas.






La ley 741 es parte de lo que se conoce como el combo incendiario, junto con la Ley 1171, y el decreto 3973, que fue abrogado por la ex presidenta de transición Jeanine Áñez.

En el último tiempo, el paisaje en la Chiquitania ha ido cambiando, la zona boscosa se va convirtiendo en plantaciones de todo tipo, las más grandes, de soya.

Datos de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) muestran que entre 2005 y este año se agravó la deforestación en la zona de la Chiquitania en todos los municipios. En San Ignacio de Velasco, entre 2005 y lo que va del año, el hábito de tumbar bosques se incrementó en 54%; en 59% en Concepción; en 43% en San Javier; 88% en San Miguel; 80% en San Rafael; y 80% en Roboré.

La necesidad de expansión agroindustrial, de la mano de grandes productores o de comunarios, ya puso sus ojos en la Chiquitania. Esto debido a que en las zonas previas, como Cuatro Cañadas y San Julián, la deforestación alcanzó su máximo nivel, por encima del 90%.

El mapa elaborado por FAN muestra la tendencia de la deforestación en el departamento, apunta que esta práctica se concentraba, hasta el año 2000, en el Norte Integrado, y que solo alcanzaba a una parte de la provincia Ñuflo de Chávez. A partir de ese año, ha migrado a la Chiquitania, adentrándose en una zona de tradición boscosa, no agrícola.

Un reporte de la Fundación Tierra, que analiza la relación entre la tenencia de la tierra y los incendios de 2019, concluyó que entre agosto y septiembre de ese año, Santa Cruz experimentó la mayor crisis ambiental ocasionada por los incendios forestales, con una superficie quemada de 3,6 millones de hectáreas, 9,6% del territorio cruceño.

La investigación estableció que 47,3% de la superficie quemada es propiedad privada (individual y colectiva) y el resto, 52,7%, es tierra fiscal o de propiedad estatal. Las propiedades privadas afectadas están mayormente consolidadas con títulos de propiedad otorgados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra).

Las llamas se concentraron especialmente en cuatro zonas: San Ignacio de Velasco, San Matías, Concepción y el corredor San José de Chiquitos-Puerto Suárez. Las dos primeras zonas tienen un historial de incendios recurrentes, pero en las otras dos el fuego era menor en extensión, y menos frecuente.

La investigación de Fundación Tierra dice que los incendios han expuesto a la luz pública la existencia de cientos de autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades campesinas en Santa Cruz, que si bien están implicados, no son los principales protagonistas en todas las zonas.

El problema del fuego es tan complejo, que genera preguntas entre los expertos, ¿cuáles son las fuerzas e intereses detrás de los incendios?¿Quiénes son los protagonistas?¿Cuál es el criterio para seleccionar a los beneficiarios de la tierra?

“Hay dificultad para obtener respuesta, son muchas las limitaciones en el acceso a la información oficial que, por ley, debería estar disponible para el público, y la exposición de datos e informes no es de agrado del poder político”, dice el balance de Fundación Tierra.

El director regional de esta institución, Alcides Vadillo, explica que al analizar el tema del precio de la tierra, no es lo mismo una hectárea de monte que esa misma hectárea sin bosque. “Hay una plusvalía por el cambio de uso de suelo que, dependiendo de la ubicación, oscila entre 800 y 1.200 dólares. Entonces uno comienza a entender por qué hay gente interesada en el fuego, como un mecanismo de eliminación del bosque”, argumenta.

Según Eliane Capobianco, experta en derecho agrario y ex Ministra de Desarrollo Productivo, toda la zona que se quemó hace dos años es la misma que se entregó. “La gente que llegó quema por costumbre, y como son tierras forestales, el fuego se propaga más rápido”, explicó.

Un funcionario del Inra, que prefirió no dar su nombre, dijo que esta práctica ya viene de la época de El Choré, cuando desafectaron un polígono grande para dar estas tierras a los interculturales. “Eso estaba prohibido porque era en el área de reserva forestal, El Choré nos protege de los vientos huracanados y es de donde vienen los acuíferos, pero pese a que hay una gran cantidad de poseedores ilegales y de asentamientos nuevos, consiguieron que el Inra les sanee y les titule en esa época”, recordó.

El empleado público del Inra dijo que se pretende desafectar una gran cantidad de tierra para meter sindicatos en la zona de Ichilo, en Yapacaní, que es parte de El Choré. “La Comisión Agraria Departamental se negó, pero seguirán insistiendo”, dijo.

Tierras comunitarias

De acuerdo a Capobianco, hay que separar las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de las otras tierras fiscales, a las que, ‘en teoría’, los indígenas no pueden acceder si ya se les entregó lo que les corresponde, con la figura de las TCO.

“Por eso a la mayoría de los que se entrega es a los campesinos, y otras organizaciones afines al MAS como las Bartolinas, etc.”, dice. Según ella, antes la ley permitía que los privados se adjudiquen, que compren tierras, pero con la Ley 3545 esto se prohibió y únicamente pueden darse en dotación inalienable, indivisible e imprescriptible. Con las TCO, el resto de la tierra queda para los no indígenas”, aclaró.

En San Ignacio de Velasco, la comunidad Chirimoya, que tiene más de una década de creación, y sus títulos en orden casi a la par, queda en el distrito 8, es una de las pocas interculturales en esa parte del municipio. La mayoría de ellas se concentra en el distrito 7, sobre el camino que comunica a Santa Rosa de la Roca con Piso Firme, que lleva hasta el área protegida Bajo Paraguá y el Parque Noel Kempff Mercado.

Hace tiempo, Chirimoya pidió ser municipio, según confirmaron en el Concejo, igual que San Martín, una comunidad intercultural que tiene más de dos décadas.

Su nombre sale a relucir mucho entre detractores. EL DEBER los visitó, previa llamada telefónica al dirigente Efraín Valle, pero se negaron a entrevista por razones diversas, una de ellas, que obedecen a una estructura orgánica; sin embargo, se negaron a facilitar el nombre o los contactos.

Como muestra uno de los mapas de estas páginas, Chirimoya está en medio de las comunidades interculturales (a la izquierda en la gráfica), y las originarias chiquitanas (a la derecha). La aparente soledad está rodeada de tierras fiscales (en color lila en la gráfica), lo que falta es que el Inra confirme si estas tierras entran en la categoría de disponibilidad para ser dotadas.

Según un ex dirigente de la Csutcb, de nombre ficticio Ramón, se supone que el beneficiario no puede vender esas tierras una vez le dan la resolución de asentamiento o título, y que el Inra hace inspección de la Función Social y Económica (FES) cada dos años, para actualizar la lista sindical.

“Antes de que el Inra vaya a evaluar, los dirigentes ya depuran y meten a otra gente. Ahí se da el negociado y tráfico, hacen mejoras y venden la posesión”, explicó.

Si quisiera, dice, tendría tierras para sus hijos, “pero no soy traficante como ellos. Puedo identificar a los que hacen comunidades y después meten a otros, que además no ingresan gratis, ese es el gran problema dentro de la organización”, delató.



“El pueblo indígena originario no tiene la capacidad para defender sus derechos y su identidad, no conoce la delimitación jurisdiccional de su tierra. Por otra parte están los interculturales, que se consideran una gran regional, con comunidades fantasmas en su territorio”, dice Mario (nombre ficticio), un desertor de los interculturales, que prefirió el anonimato por seguridad.

Según él, la problemática de la tierra -ahora mismo- es entre los interculturales y el pueblo indígena chiquitano. Puso como ejemplo a la comunidad Chirimoya, ubicada en San Ignacio de Velasco. “Son una central, supuestamente dicen que tienen una regional, pero la cabeza está en Chirimoya. Tan solo es una comunidad que figura por muchas comunidades”, dijo Mario.

EL DEBER intentó obtener información de la dirigencia de Chirimoya al hacer un viaje a la zona de Bajo Paraguá, para conocer su estructura orgánica, y para que respondan a cuestionamientos de los chiquitanos. Se avisó al dirigente, Efraín Valle de la presencia de EL DEBER en la zona, pero al llegar, los colonos se negaron a dar información y, por el contrario, cuestionaron al equipo de periodistas acerca del trabajo que estaban realizando. Aseguran que ellos son orgánicos y no dieron respuestas. Lo único que dijeron es que han tenido problemas porque fueron desalojados varias veces por los originarios.

Especialmente entre la gente de San José de Campamento, Candelaria y Colorado, existe incomodidad con ‘las trillizas’: Chirimoya, Tierra Firme y Tierra Hermosa. Creen que las 4.700 hectáreas que el Inra recortó a los indígenas oriundos de la zona, dejándoles 23 mil, fueron a poder de estas tres comunidades interculturales, que juntas superan las 100 mil ha., y que hace una década llegaron con el título bajo el brazo (en 2008 según datos del Inra), mientras que las tres originarias, con 100 años de creación, tuvieron que hacer bloqueos para que les titulen el territorio en 2011.

“Para el MAS la gente chiquitana no es nada, la miran mal. Los de Chirimoya llegaron con el título diseñado. La prepotencia fue muy grande, el Inra decidió todo por satélite y en gabinete”, dijo con amargura Arminda Gómez, cívica de San José de Campamento.

Al compararse con los interculturales, ella dice que ellos se desarrollan de forma veloz porque todo les llega, “tienen casas sociales hechas por el Gobierno, nosotros hemos solicitado como dos o tres veces y nada. A ellos les dan maquinaria para que hagan trabajo mecanizado”, aseveró. Según Arminda, Ellos no son gente pobre, sino traficantes de tierras, que las venden las parcelas “y no es barato”.

Pedro Marmaña, secretario del Cabildo de Colorado, dice que en Chirimoya ya no están las primeras personas que llegaron. “Hacen unas mejoras al terreno y lo venden a otros, por eso lo parcelan. Lotean y venden internamente”, acusó.

Mario dice que, como él, varios fueron expulsados de Chirimoya por razones, generalmente de índole política.

No hay santos en el tráfico

Los originarios no se quedan fuera de las denuncias de tráfico de tierras. De acuerdo a Reynaldo Chuvé, cacique de Campamento, a ellos fue su propio líder de Asiciv, hace años, Orlando Socoré, quien los hizo firmar, con engaños, la aprobación para el recorte de las casi cinco mil hectáreas.

Adolfo Chávez, ex líder de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), reconoció que hay un grupo de “hermanos” al que le gusta vivir del tráfico de la tierra, “y eso está comprobado en Guarayos, por eso están las paralelas dirigenciales, lo que pelean es el poderío en Guarayos, lo que buscan es traficar con la tierra, eso está claro. Claro que existe el tráfico, posibilitan la apertura al tráfico a otras personas, llámense empresarios, interculturales, porque por unos centavos negocian, los mismos originarios”, denunció.

Para Chávez, se tejen muchos intereses dentro de los territorios indígenas, como petróleo, oro, madera, piedras preciosas, etc.

“De una vez que se desenmascare todo. Dirigente que estuvo implicado en el tráfico de tierras tiene que ir preso”, dijo a su vez Fernando Rojas, de Asiciv.

Brasileños

Actualmente, los habitantes de una comunidad titulada que se encuentra en la frontera, La Esperancita, tuvieron que refugiarse en la comunidad vecina La Fortuna, en Brasil, ante amenaza de estancieros brasileños que los acusaron de robar ganado y les dieron plazo para marcharse de su propia tierra.

Eso ocurrió un par de semanas antes de las elecciones subnacionales, y ninguna autoridad se ha manifestado, denunció Marmaña, quien dice que nadie se atreve a hablar de los brasileños por miedo. “Que se descubra quiénes son los palos blancos de los grandes hacendados brasileños, porque estos no aparecen”, dijo Rojas.

Alcides Vadillo, director regional de la Fundación Tierra reconoció que los brasileños están muy metidos con las haciendas ganaderas. Puso de ejemplo a Carmen Rivero Torrez, donde más de la mitad del municipio está en manos de los brasileños. “Y eso lo sabe el Inra”, aseveró.






Una de las pocas denuncias públicas que visibilizó una práctica cada vez más extendida, y silenciosa, salió a la luz hace unas semanas porque ocurrió en un área protegida, Bajo Paraguá.


Lamentablemente, solo es la punta de un ovillo que lleva una década, con más intensidad, y que involucra a partidos políticos, ONG, instancias del Estado, indígenas originarios, grandes hacendados extranjeros e instituciones religiosas. A la Chiquitania, medio mundo la quiere ‘drenar’, no solo en lo que refiere a dotación de la tierra, sino a desmontes, en una zona forestal no agropecuaria, según establece el Plan de Uso del Suelo (PLUS).

La mayoría de las denuncias recogidas por EL DEBER en la zona, de parte de autoridades y originarios, se dirige a los movimientos sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS), y a la politización de instituciones como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra) y de la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierra (ABT). Por escrito y por teléfono, EL DEBER pidió entrevista o datos a estas instituciones, pero (más de una semana después) hasta el cierre no hubo respuesta.

“La ABT está dando permiso, con el achaque de que tienen resolución, a algunas comunidades para orden de desmonte. En la misma resolución dice que si no están asentados dos años, cuando se les entrega la resolución, que esa resolución queda sin efecto, y si usted va a esas comunidades, no hay gente. La ABT solo pide que vayan con carta notariada a solicitar y no va a verificar el lugar”, dijo Fernando Rojas, representante de la Asociación de Cabildos de San Ignacio de Velasco (Asiciv).

Según Arminda Gómez, cívica de San José de Campamento, la prima de Evo Morales, Leonor Ayma, tiene tierra en la zona, en Chirimoya, y ex autoridades, “como Valentín Ticona, que nos manejaba los documentos acá”, acusó. “Yo denuncié públicamente porque no les tengo miedo. Trajeron gente a la Chiquitania porque están en el poder, están en todos lados”, siguió.

Luciano Petigas, del cabildo de San José de Campamento, dice que Ayma llegó a la zona en 2012. “Trabajaba en el Viceministerio de Desarrollo Rural”.

El alcalde saliente de San Ignacio, Moisés Salces, confirmó que hay una pariente de Evo Morales que tiene tierra en Chirimoya, “trabajamos con ella para llevar energía a través de la CRE”, indicó.

Uno de los expulsados de las filas de los sindicatos que organizan las nuevas comunidades, y que prefirió no dar su nombre, explicó que una exautoridad tiene las parcelas a nombre de una familiar y de su esposo, un extranjero, que según él, propuso empezar a trabajar la tierra con marihuana, del mismo modo en que ya se encontró en el Valle de Tucabaca.

Petigas dice que están cansados de pedir a la ABT que les ayude a hacer manejos, que nunca responden, pero que para los incendios aparecieron a demandarlos.

“No sé cómo trabajan el Inra y la ABT, pero los desmontes de los últimos años son responsabilidad de la instancia central”, aseguró Salces.

El informe de la Fundación Tierra sobre incendios y tenencia de la tierra concluyó que la mayor presión demográfica y económica se ejerce sobre la Chiquitania, por la cantidad de tierra fiscal, y para expandir la frontera agroindustrial.

En su recorrido por la zona, EL DEBER constató la presencia de brechas en el área protegida Bajo Paraguá, grandes desmontes en propiedades soyeras en una zona forestal.

“Si funcionara la Comisión Agraria, creada para precautelar el patrimonio departamental, no se habría entregado tierras de uso forestal. Ahora no respetan nada y entregan tierras que no son aptas para ganadería ni agricultura, son de uso forestal”, explicó Eliane Capobianco, ex Ministra de Desarrollo Rural.

Los aludidos

Al comienzo, según Salces, el Movimiento Sin Tierra (MST) tenía más alcance en la zona chiquitana, pero fue desplazado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), junto con las Bartolinas.

Datos del Viceministerio de Tierras, citados en el reportaje Los piratas de la tierra, arrojan que, entre 2006 y 2018, se entregaron tierras a 31.253 familias, el 73% de ellas de la Csutcb, 16% a interculturales, y el resto a Bartolinas, indígenas y MST.

María Muñoz y Marco Miranda, representantes departamentales de las bartolinas y la Csutcb, respectivamente, reconocieron el problema del tráfico de tierras.

“Sabemos que hay cuestionamientos sobre tráfico de la tierra, otros compañeros que conforman comunidades y luego venden la tierra, pero no nos metemos en eso”, aseguró Muñoz.

“Sacamos una resolución para limpiar a esos dirigentes. No he venido a llenarme los bolsillos o a traficar tierra o madera. Dentro de la Chiquitania hay comunidades fantasmas que nunca se han afiliado a una central, pertenecen a una especial”, dijo Miranda.





El 10 de marzo, EL DEBER envió una solicitud de entrevista y/o de información al Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra) para conocer números oficiales de las nuevas comunidades asentadas y tituladas. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Los datos que se manejan son parte del informe Fuego en Santa Cruz, de la Fundación Tierra, en el que se hace un balance de los incendios de 2019 y su relación con la tenencia de la tierra

De acuerdo al documento, a partir de 2012 hubo una tendencia creciente de asentamientos, registrando 701 nuevas comunidades, sobre más de 800.000 hectáreas. Sin embargo, agregando fuentes complementarias, Fundación Tierra menciona que la cifra puede llegar a 1.200 nuevas comunidades, en 1,5 millones de ha.

Fernando Rojas, representante de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (Asiciv), dijo que la cantidad que conocen fue obtenida del ex viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas: 1.400 nuevos asentamientos con resolución del Inra en toda la Chiquitania, de ese total, en San Ignacio hay 180 con resolución, y 70 sin ella.

“Existe hasta una comunidad que tiene personería jurídica y no vive nadie ahí”, criticó y aludió a Montealto, que figura como comunidad y que -dice- está alquilada a un brasileño. “Eso lo denunciamos ante el Viceministerio, y como se iba a hacer una inspección ocular, los de la Alcaldía no quisieron prestarnos una movilidad para llegar”, acusó.

Según un documento facilitado por el Concejo de San Ignacio de Velasco, entre 2016 y esta fecha hubo 40 solicitudes de resolución municipal para acceder a la personalidad jurídica, esto implica que sean tomados en cuenta en sus respectivos municipios, a la hora de elaborar el Plan Operativo Anual (POA), para que se les ejecuten obras, como el mantenimiento de caminos, la perforación de pozos, la construcción de aulas, postas, etc.

Los requisitos para que las comunidades accedan a la personalidad jurídica son la resolución del Inra, que permite el asentamiento en un espacio físico; la resolución del Municipio, que certifica que la posesión y uso del terreno; la resolución de la Subgobernación, luego de los pasos anteriores.

Disminuyó la plata

Desde hace tiempo se sabe que los recursos han sido reducidos; sin embargo, las comunidades siguen llegando con resoluciones de asentamientos del Inra, y es labor de las instancias departamentales y municipales, de acuerdo a competencias, responderles con obras y servicios

Moisés Salces, alcalde saliente de San Ignacio reconoció que en los últimos años llega menos dinero del nivel central, “como Bs 20 millones menos”, indicó. Sin embargo, aclaró que logró gestionar más recursos ante organismos internacionales.

Arminda Gómez, cívica de San José de Campamento, llamó “miseria” al POA que reciben. “Por último, vamos como cuatro años sin POA, dicen que no hay plata, que no entran recursos. Y todavía nos obligan a ser solidarios con las comunidades más chicas, es una solidaridad sin fondos”, criticó acerca de la política de que les ejecuten las obras que piden, pero no les entreguen el efectivo, situación que se repite en comunidades de Bajo Paraguá, según caciques.

Gómez dice que hasta el ítem de la Defensoría de la Niñez les quitaron, y que no cuentan con Policía.

Según Salces, las únicas comunidades que no reciben POA son las que tienen condiciones de irregularidad.

A la zona llegan recursos del Fondo Indígena, que recién en los últimos años fueron administrados por los gobiernos municipales, tras el escándalo de corrupción durante el Gobierno de Evo Morales.

Padrón electoral

Se habló de acarreo de gente, tanto en la víspera de las elecciones subnacionales, fue el caso de San Javier, como a lo largo de los años, con la llegada de las nuevas comunidades asentadas.

De acuerdo a cifras del Órgano Electoral, el incremento en el número de nuevos votantes habilitados en la Chiquitania es notorio, al hacer una comparación entre 2015 y 2021.

El municipio que menos ha crecido ronda el 20% de nuevos electores, y los que más, en 37%, como pasa con San Ignacio, que tenía 23.768 ciudadanos habilitados para ejercer el voto en 2015, y que hoy alcanza 32.642, mostrando un incremento de 8.874, es decir 37%. A la par está San Javier, con 37,3%.

A esos municipios les siguen Pailón, la puerta de entrada a la Chiquitania, con un crecimiento electoral de 33,9%; muy cerca está Concepción, con 33,8%; luego viene San Rafael, con 32,8% más votantes que hace seis años.

San Miguel reportó 26% más de nuevos habilitados; San José, 22%; San Ramón, 21,9%; y la estadística más baja fue la de Roboré, con 19,8%.





En San Miguel de Velasco, en 2019, el Comité Cívico convocó a una asamblea de emergencia para defender a la zona de las resoluciones de asentamientos emitidas por el Inra. Sin embargo, las nuevas poblaciones, en mayor magnitud, ya venían asentándose desde 2008.

Hace poco, el Comité Pro Santa Cruz instaló el Comité de Defensa de la Tierra, con la participación de empresarios agropecuarios organizados, parlamentarios, indígenas, comités cívicos provinciales, etc. Su primera tarea es generar un informe técnico de los avasallamientos y titulaciones de la tierra, e instalar la directiva.

Uno de los voceros, José Carlos Gutiérrez, también diputado por Creemos, dijo que ni los empresarios ni los indígenas o interculturales pueden pasarse por encima de la ley, por el Plan de Uso de Suelo y que lamentablemente la Comisión Agraria Departamental, contemplada en la Ley Inra, nunca funcionó.

Cuestionó que la Gobernación nunca se activó, a pesar de ser parte de la Comisión, y de tener competencias sobre el PLUS según manda el artículo 300 de la Constitución Política del Estado (CPE), y de ser el filtro para los nuevos asentamientos.

“No hubo autoridades que hagan valer la función que tenían en el tema de la tierra, porque los alcaldes también fueron permisivos. Hay que identificar y denunciar a los alcaldes que permitieron los asentamientos a cambio de votos, es lo que sucedió en la Chiquitania”, dijo, apuntando específicamente a Pedro Damián Dorado como uno de ellos.

Gutiérrez dice que una de las tareas es anular los asentamientos porque las comunidades que supuestamente ya tienen permiso no existen y las que existen, deben cumplir la Función Económica y Social (FES) de la tierra. “Veremos quiénes son los que están ahí”, dijo.

Según él, es posible cambiar los componentes de la Comisión Agraria a través de una ley departamental. “Los movimientos sociales masistas, bartolinas, interculturales, Csutcb, que según la ley son parte de la comisión Agraria, han instrumentalizado la tierra a través de las influencias políticas con ministros, viceministros y directores del Inra, además de promover el narcotráfico”, acusó.

El parlamentario informó que se ha convocado a Eulogio Núñez, director nacional del Inra, para que rinda informes.

“Hice una nota pidiendo una autorización que ya está anulada, con sentencia, pero queremos el reporte, saber quiénes son los comunarios, cómo se constituyeron y llegaron al Bajo Paraguá, es la comunidad Che Guevara. También estamos observando al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), lo que hacen es grave, por qué cambian a directores y guardaparques, quieren desguarnecer las áreas protegidas. Esta es una política de Gobierno”, aseveró.

Según Fernando Larach, vicepresidente del Comité Cívico, y otro vocero del Comité de Defensa de la Tierra, han recibido todo tipo de denuncias, entre ellas de comunidades fantasmas.

Aseguró que tienen el compromiso del vicegobernador para liderar este tema, que ya está afectando a las áreas protegidas del departamento.





“Es gravísimo lo que pasa, no me siento orgulloso de callar, pero la amenaza es latente y las autoridades lo saben, no hacen nada”, dice un resignado guardián del bosque. En los últimos años le resultó imposible internarse en las entrañas del Parque Noel Kempff Mercado para patrullarlo y protegerlo.

Al sobrevolar la zona, el experto en áreas protegidas, que por razones de seguridad no da su identidad, descubrió tres pistas operables hace un tiempo, una de ellas se usaba para turismo, pero hace una década que no funciona. Sin embargo, en reciente sobrevuelo, EL DEBER constató que la pista está con muy buen mantenimiento, donde ya no hay ni hotel ni campamento para los guardaparques.

“El Parque Noel Kempff está siendo víctima de una situación determinada y los comunarios, lo saben, unos participan de eso, otros solo callan. De algún modo, todos se benefician; eso no ocurría en 2017”, dice quien debería custodiar el monte, pero prefiere anteponer su seguridad personal.

Según él, en época de incendios notó situaciones extrañas, como que los comunarios se desesperaban por evitar ayuda del Gobierno, “para tapar sus actos ilícitos”.

Felcn

Uno de los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) que pidió el anonimato y que ha trabajado en sonados casos de narcotráfico, aseguró que “en los últimos pueblitos entran los narcotraficantes, dan todo a los comunarios, los callan, les compran víveres, los llevan cuando quieren a la ciudad, todo mundo sabe”.

Lamentó que solo haya presencia de Umopar en San Ignacio, San Matías, Puerto Quijarro y Cotoca, “increíble en tan grande extensión territorial. Todos los controles que había de la Felcn en la Chiquitania fueron sacados del lugar, tal como en Chapare; ahí nadie entra, ni los policías a realizar controles, si no hay permiso de los que viven en el lugar. Así estamos, la lucha contra los narcotraficantes es casi nula”, criticó.

‘Pedro’ (nombre ficticio) es piloto, dice que no es opción sobrevolar la zona de Noel Kempff Mercado porque es riesgoso debido al narcotráfico.

“Me cuido porque si me ven volando por ahí, quizás me investiguen, aunque no tenga nada que ver. Es mejor no ir para que no digan que me vieron aterrizando por allá y que estoy metido en otra cosa. Solo por estar en esa zona nos pueden estigmatizar”, confiesa.

Coincide con él ‘Ángel’ (también nombre ficticio), otro piloto que hizo trabajos por el lugar. Reconoce que la zona de la Chiquitania, específicamente el Parque Noel Kempff y todo lo que conecta a la frontera con Brasil es donde mejor fluye el tráfico de lo ilícito.

“Es tan grande la selva y tan inhabitada, que las pistas las pueden hacer a gusto para realizar lo que les plazca. Si paso sobre una pista narco y ven mi matrícula desde abajo, para mí ya es un problema, es riesgoso. Todo mundo sabe a quién pertenece la matrícula y eso preocupa, hay que recordar que son mafias. Estamos muy expuestos”, lamenta.

‘Ángel’ dice que ha detectado pistas nuevas, pero que no puede asegurar que sean del narcotráfico, pero también sabe que es extremadamente fácil eludir los controles.

El equipo de EL DEBER hizo sobrevuelo, a nadie revisaron equipaje, ni pidieron cédula de identidad, ni en Santa Cruz de la Sierra, ni en San Ignacio de Velasco.

Evadir los radares también es sencillo, las avionetas tienen un aparato, transpondedor, obligatorio para que el radar controle.

“Pero si yo hago un plan de vuelo a X lugar y apago mi transpondedor, no saben dónde voy después. Tampoco se enteran si lo apagué, ya que al apagarlo el radar no lo controla. De ese punto X puedo irme donde quiera, luego volver y decir que ahí me quedé”, comparte.

Según él, hay quienes hacen planes de vuelo a estancias ‘ficticias’. “Todos sabemos quiénes no trabajan en cosas turbias”, finaliza.



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