Tratamientos a pacientes renales están en riesgo por incumplimiento de pagos
Siete centros privados reclaman el pago por servicios a 500 pacientes, beneficiados con la Ley 475. La Alcaldía asegura que la responsabilidad es del Ministerio de Salud, pero un decreto devolvió la tuición a las comunas
Desde hace dos años y seis meses, la vida de Nancy Andia Juaniquina (37) depende de las hemodiálisis a las que se somete tres veces por semana en el Instituto del Riñón. En todo este tiempo nunca tuvo que preocuparse por conseguir recursos para costear el tratamiento, que está garantizado por la Ley 475, pero ahora estas prestaciones están en riesgo porque el Estado no está cumpliendo con el pago de los servicios a los centros privados.
Siete centros privados han anunciado que podrían suspender el tratamiento de 500 pacientes con insuficiencia renal crónica debido a que el Estado les adeuda desde hace tres meses, indicaron sus representantes.
Herland Vaca Díez, director del Instituto del Riñón, manifestó que hasta el año pasado la Alcaldía cruceña se hacía cargo del pago, pero ha dejado de hacerlo porque aparentemente esas prestaciones pasarían a ser cubiertas por el Sistema Único de Salud (SUS). Sin embargo, el Decreto Supremo 3769, promulgado el 9 de enero, devolvió esta responsabilidad a la Alcaldía, al instruirle hacerse cargo de las atenciones de terapia intensiva y de hemodiálisis en los centros privados cuando no haya espacio en los hospitales de tercer nivel.
“Lo cierto es que no existe ningún respaldo legal o contrato que garantice el pago a los centros donde los pacientes renales dializan y eso nos preocupa”, dijo el doctor Vaca Díez.
Esta incertidumbre es la que embarga de angustia a pacientes como Nancy. “Estamos muy preocupados. El tratamiento es caro. Cada hemodiálisis cuesta Bs 611 y se requieren tres sesiones por semana para reemplazar la función renal. Si no hubiera este beneficio (Ley 475) tendría que reunir más de Bs 1.800 cada semana (Bs 7.200 al mes) solo para las diálisis, sin contar las eritropoyetinas, el complejo B, la vitamina C y otras medicinas que se necesitan. ¿Cree usted que un enfermo renal puede reunir más de Bs 7.200 al mes para su tratamiento? Si yo tuviera que cubrir estos gastos, ya estaría muerta”, dice la mujer, que se sustenta con un sueldo de Bs 1.000.
En alerta
Vaca Díez recordó que en diciembre del año pasado el director del SUS, Juan Carlos Calvimontes, solicitó que no se interrumpa el tratamiento hasta que se defina la situación con la Alcaldía.
Aclaró que la deuda supera los Bs 10 millones, de dos meses de 2018 y un mes de 2019. Los directores de los centros especializados se reunirán en los próximos días para analizar la solvencia que tienen para ver hasta qué fecha pueden soportar el trabajo impago, señaló Vaca Díez.
La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, recordó que el viceministro Álvaro Terrazas, en una visita al Concejo, les dijo que desde el 1 de enero todos los servicios que corresponden al tercer nivel serían asumidos por el nivel central. En este sentido, Sosa pidió hacer las consultas a esas instancias. Empero, aclaró que la Alcaldía cumplirá con el pago de las deudas de 2018.
EL DEBER se comunicó vía telefónica con la ministra de Salud, Gabriela Montaño, quien dijo que en ese momento se encontraba en una reunión. Pidió comunicarse con la encargada de prensa, pero hasta el cierre de esta edición no hubo un pronunciamiento de esta cartera.
