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“Destituir provisionalmente al señor Jhon Robert Blanco Méndez de su condición de miembro del Comité Ejecutivo de la FBF”, dice el primer artículo de la resolución del comité ejecutivo de la federación. Además, anuncia que le iniciará procesos deportivos por no haber agotado las instancias deportivas, antes de acudir a la justicia constitucional.

El argumento que emplearon Marcos Rodríguez (vicepresidente División Aficionados), Antonio Decormis (director División Profesional), Jaime Cornejo (director División Profesional), Rolando Aramayo (director División Aficionados) y Lily Rocabado (directora División Aficionados) fue que Blanco desconoció la norma y provocó inestabilidad en la máxima institución deportiva que rige el balompié nacional.

También se respaldan en el artículo 36 del Estatuto de la FBF: “(…) El comité ejecutivo podrá asimismo destituir a una persona o un órgano provisionalmente (...)”. La determinación debe ser incluida en el orden del día de un Congrego para que el dirigente presente su defensa  y se asuma una determinación final, pero debe ser relegado de sus funciones inmediatamente.

“Se autoriza el inicio de procesos deportivos en contra de Jhon Robert Blanco Méndez ante las instancias que se vean pertinentes de forma inmediata, en cumplimento a las normas punitivas deportivas y reglamentos pertinentes”, se lee en el artículo cuarto del documento que tiene una extensión de siete páginas.

En la última parte, ratifican que reconocen a Rodríguez como presidente en ejercicio de la FBF, pero, al final del pliego, el dirigente pandino firma como vicepresidente. “En consecuencia a todos los antecedentes referidos se reconoce al Dr. Marcos Rodríguez Ibáñez como presidente en (ejercicio) de la FBF”, finaliza.

Dato

Blanco ganó un amparo constitucional en la Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz y fue reconocido como presidente de la FBF, mientras que la Sala Constitucional Primera de La Paz valoró la documentación presentada por Rodríguez y ordenó que se habilite su firma ante la banca como titular federativo para el movimiento de recursos económicos.