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La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz determinó el martes que debido al desacato al fallo a favor de Robert Blanco, quien acudió a un Amparo Constitucional para ser reconocido como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), el Ministerio Público tome cartas en el asunto.

La resolución apunta al incumplimiento de Marco Rodríguez, Rolando Aramayo, Antonio Decormis, Lily Rocabado, Jaime Cornejo, todos miembros del comité ejecutivo de la FBF, quienes siguen ejerciendo sus cargos pese a que el fallo del Tribunal Constitucional, ejecutado el 18 de julio, anula cualquier determinación que puedan asumir estos directivos a nombre de la FBF.

No obstante, Blanco sigue teniendo dificultades para asumir funciones y sus opositores continúan ejerciendo el mandato, amparados en un posible respaldo legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la FIFA, pues el argumento es que Blanco acudió a la justicia ordinaria para resolver un problema interno del fútbol boliviano, siendo que es competencia de los tribunales deportivos.

Ante este panorama, el presidente de la División Profesional volvió a demandar a Rodríguez y sus colaboradores, logrando que el mismo Tribunal Constitucional deje en manos del Ministerio Público el caso para que haga cumplir los fallos de acuerdo a los procedimientos legales.

¿Qué se viene?

En primera instancia, Blanco deberá presentar este último fallo para que el Ministerio Público le abra una causa a cada uno de los miembros del comité ejecutivo de la FBF ante un juzgado de sentencia penal por desobediencia a una resolución por Amparo Constitucional.

Se prevé que se ejecute orden de aprehensión, si un caso hay resistencia, para que un juez de partido de sentencia penal defina el castigo.