El senador Róger “Chonta” Pinto fue un duro y tenaz opositor del régimen del cocalero Morales. Denunció, una y otra vez, que había sido penetrado por el narcotráfico y la corrupción. Que tenía un ‘dossier’ a mano para respaldar sus aseveraciones. Asegurando que era objeto de persecución política, en mayo de 2012 se refugió en la embajada de Brasil en La Paz. Allí permaneció 15 meses, un total de 455 días, porque el gobierno masista se negó rotundamente a concederle el salvoconducto necesario, no obstante que su solicitud de asilo en el vecino país había sido aceptada por Dilma Rouseff. Pudo salir de su encierro y cruzar la frontera, en operativo espectacular, ayudado por un diplomático brasileño.

 “Es nuestro derecho soberano no dar salvoconducto a Pinto”, pretendió justificar en una entrevista radial Amanda Dávila, otrora ministra de Comunicación, que además hizo notar que el parlamentario pandino tenía una veintena de procesos penales en su contra y que, por tanto, no podía beneficiarse con el asilo político. La mayoría de esos procesos respondía a casos de ‘desacato’ y ‘sedición’. Como reeditando los tiempos oscuros de la dictadura, el régimen de Morales fue implacable con sus opositores. Judicializó la política y con la patraña vulgar del ‘caso terrorismo’, una de las acciones más emblemáticas del escarnio y de la persecución, encarceló a más de una treintena de ciudadanos y muchos otros tuvieron que abandonar abruptamente el país para no correr la misma suerte porque no eran respetados ni sus más elementales derechos constitucionales. Con desprecio y bronca porque no pudo echarles el guante, el ahora ex-jefazo prófugo los llamó ‘delincuentes confesos’.

En agosto de 2017, lejos de su tierra y de sus afectos, Pinto perdió la vida en Brasil donde se ganaba la vida como piloto en la fumigación de cultivos. Sufrió un accidente aéreo al precipitarse a tierra su pequeña nave. Falleció días después sin poder recuperarse de sus heridas. Fue un hombre valiente, leal a sus convicciones. En enero pasado, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez concedió un salvoconducto para que viajaran asilados a México el que fuera ministro de Minería, César Navarro y el ex-viceministro de Desarrollo Rural y Tierra, Pedro D. Dorado “porque no existía ninguna denuncia contra ellos”, según explicó la Cancillería. Por estos días, pretendiendo desconocer las competencias específicas de los poderes del Estado, la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados, aprobó un proyecto de ley para la extensión de salvoconductos a ex-ministros y otros ex-funcionarios del MAS que tienen orden de aprehensión y cuentas pendientes con la justicia por delitos de sedición, terrorismo, financiamiento de terrorismo e incitación pública a delinquir. No es poca cosa para quedar libres de polvo y paja, como en muchos otros casos, saltándose la torera, tras catorce años de desgobierno y ejercicio abusivo del poder. Que se haga justicia. La que le fue negada a ‘Chonta’ Pinto, como a tantos bolivianos en un periodo de oscurantismo al que no puede ni debe retornar el país.