CARA A CARA

El Instituto Nacional de Estadística (INE) dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, es el encargado de dirigir, planificar, coordinar, ejecutar, procesar y difundir la información del Censo de Población y Vivienda previsto para el 23 de marzo. La ‘gran encuesta’ debió realizarse el 16 de noviembre de 2022 pero el Consejo Nacional de Autonomías resolvió, ‘por consenso,’ postergarla hasta ‘mayo o junio’ de 2024. El presidente Luis Arce respaldó la medida para que el Censo “se efectúe con responsabilidad y sea una herramienta de planificación nacional, departamental y municipal.” Santa Cruz cumplió un paro prolongado exigiendo su realización en 2023, aunque por ser técnicamente inviable, luego accedió a la fecha del año siguiente.

 La organización de la inminente encuesta tropieza con la falta de censistas. En Santa Cruz hay un déficit cercano a los 15.000 encuestadores. El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, en vez de preocuparse en serio por el desajuste organizativo que observa el Censo, ha optado por “informar” públicamente que los vecinos de las zonas residenciales y condominios de la capital cruceña “donde viven los cabecillas (del paro de los 36 días), ni siquiera pueden garantizar a los censistas” y que su protesta fue “para desgastar al Gobierno y dar un nuevo golpe de estado”. Como las antes citadas, las disparatadas elucubraciones del frecuentemente despistado Montaño cuya investidura le demanda compostura y seriedad, ya son harto conocidas y caen por su propio peso.