Editorial

23 de agosto de 2020, 3:00 AM
23 de agosto de 2020, 3:00 AM


Bolivia es uno de los países donde cada año suben los casos de violencia contra la mujer, donde hay matrimonios forzados de adolescentes con adultos que casi son normalizados por algunos grupos sociales. Bolivia es el país donde se ha destapado un escándalo: el expresidente Evo Morales es acusado de tener una relación con una mujer desde que ella era menor de edad.

Aunque la acusación aparece en un tiempo electoral no es prudente ni adecuado circunscribirlo a la contienda política que vive el país. Es un hecho que se debe investigar con transparencia porque, si se comprueba, estaremos hablando de la peor manera de uso y abuso del poder contra víctimas inocentes.

No se puede hablar de un romance, aunque la relación hubiera sido consentida, porque se trata de una persona que supuestamente era menor de edad al inicio de un vínculo a todas luces ilegal. La condición vulnerable de la joven se mantiene y por eso es prudente cuidar cómo se maneja la información y las investigaciones ya que se estará afectando la existencia futura de alguien que apenas comienza a dar sus primeros pasos en la vida adulta.

Es preciso también que las corrientes ideológicas no generen un extravío en las consideraciones y los juicios. Ya se han visto bastantes cuestionamientos a la forma como se ha planteado la denuncia y no al hecho en sí mismo. Supuestos defensores de los derechos de las mujeres que mostraron su mirada selectiva a la hora de emitir juicios de valor. En algunos casos, las acusaciones son magnificadas y en otras se busca la manera de minimizarlas porque afectan al jefe de un partido político y ex presidente del país.

Por esa condición, Evo Morales debe ser investigado y él no debería apelar a ningún tipo de fuero ni protección, porque si bien en el país es ‘vox populi’ la afición del ex mandatario por las jovencitas (recuérdese las varias alusiones al retiro del político en el Chapare ‘con su quinceañera’), en este caso se conocen aparentes evidencias que de ser confirmadas estarán comprobando algo de lo que se mucho se ha hablado.

La justicia determinará si la figura legal exacta para su caso es acusación por violación a menor de edad, estupro, trata y tráfico de personas o la combinación de esos delitos.

Como ya se comienza a ver, lo más probable es que el acusado y el entorno lo nieguen todo, como hicieron con el caso Zapata, pero también de esa misma experiencia se debe aprender que por mucha mentira con que se trate de encubrir un delito, al final todo termina saliendo a la luz. En este caso, en particular, hay bastantes evidencias que llegado el momento tendrán que validarse. 

Este caso sale del ámbito de la vida privada del exmandatario que ha guardado silencio hasta el momento. Las acusaciones abren tremenda duda acerca de su conducta moral y lo menos que puede hacer es dar explicaciones. Si se constata que Evo Morales cometió los delitos de los cuales se le acusa, será un imperativo que pague como es debido y que sea procesado y juzgado con todo el peso de la ley.

Un proceso de investigación adecuado será el camino que permita terminar con las prácticas normalizadas de entregar a niñas y adolescentes a hombres adultos, como una forma de obtener recursos para ellas o sus familias. En Bolivia esa es una práctica frecuente que debería avergonzar a la sociedad. Es precisamente por eso que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen la obligación de llevar esas indagaciones sobre Evo Morales de la manera más transparente y eficiente posible.

Acabar con la violencia hacia las mujeres no se logra con discursos o leyes, sino con acciones. Esta es una oportunidad para avanzar.

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