Los pendientes

Cuando una persona muere, sus pendientes mueren con él.

Esto es particularmente cierto en el Derecho Penal, en el que los testimonios pueden tener importancia fundamental.

Los testigos son importantes, hasta que se mueren. Y, si mueren, nadie más podrá contarnos lo que ellos podían contarnos. Muerto un testigo, su testimonio muere con él. Si el fallecido es el principal acusado de un hecho delictivo, su posible culpa también muere con él.

Ha ocurrido a lo largo de la historia, especialmente en los crímenes políticos. Muchas veces, los acusados de la comisión de delitos nunca llegan a responder por estos y se mueren llevándose sus secretos a la tumba. En la Bolivia contemporánea, el caso más conocido es el de Hugo Bánzer Suárez, que jamás respondió a la justicia por los crímenes de su dictadura de siete años. Solo la justicia divina lo juzgó y sentenció: murió de cáncer y se llevó sus secretos.

Y así existen crímenes que se quedaron sin resolver por la muerte de los principales involucrados. ¿Acaso alguien fue juzgado y encarcelado por las masacres mineras de todos los tiempos? ¿Se sabe qué pasó con la de San Juan? ¿Barrientos respondió alguna vez?

Más reciente es la masacre de Amayapampa, también en el norte potosino. Las muertes provocadas por la acción combinada del ejército y la policía son atribuibles a las máximas autoridades del momento, entre ellas el presidente de entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada. Jamás se lo acusó por eso. El prefecto de Potosí de entonces, Yerko Kukoc, murió llevándose su testimonio a la tumba.

Un hecho que marcó la agenda política por algún tiempo en Potosí fue el fraude de Maragua. Como ocurre en política, quienes respondieron con la cárcel no fueron los principales responsables sino las cabezas más fáciles de cortar. Los ejecutores fueron los entonces senadores miristas Gonzalo Valda y Edgar Lazo y el senador adenista Wilson Lora. Lazo murió hace algunos años, de una caída, mientras que Lora pereció recientemente, por coronavirus, la misma enfermedad que ahora afecta a Valda, para quien se estaba pidiendo donantes de plasma.

Pero el caso con mayor relieve nacional, por lo menos por ahora, es el de Marcelo Elío. Como sabemos, este personaje no solo fue diputado sino también viceministro de Régimen Interior y Policía durante el gobierno del MAS. Cumplía esas funciones cuando se produjo el asalto a la Alcaldía alteña que se saldó con la muerte de seis funcionarios.

La responsabilidad de esa masacre, y la manipulación de la escena del crimen, fueron atribuidos a Elío que, ahora, también se lleva sus respuestas a la tumba. 

 (*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.