Senado: Arce contrata deuda a un ritmo de $us 100 millones por mes

Desde el inicio de la gestión de Luis Arce hasta la fecha, la Cámara de Senadores aprobó 26 proyectos de ley para el desembolso de $us 3.188 millones de deuda externa, lo que representa un promedio de casi $us 100 millones por mes.

Así lo informó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, al aclarar que ni en el pleno de esa cámara, ni ninguna de sus comisiones obstaculizan la aprobación de financiamiento internacional para el desarrollo del país.

Desde noviembre de 2022 hasta ayer, la Cámara Alta aprobó 26 proyectos de ley en materia de créditos, lo que “representa más de 2.849 millones de dólares y 311.500 euros ($us 338.912)”, detalló el legislador oficialista en conferencia de prensa.

La aprobación de financiamiento externo es un asunto neurálgico para la administración de Arce, ya que estos recursos son parte de su estrategia de corto plazo para dotar de liquidez en dólares a la economía, la cual en los últimos meses afrontó la escasez de esa divisa debido a la reducción de las reservas internacionales netas.

Estos préstamos “son muy importantes para el país”, ya que “dan liquidez al Estado plurinacional y contribuyen a la reconstrucción de la economía”, destacó a su vez el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado.

La aprobación de estos créditos en el Legislativo permitirá mantener la estabilidad de precios en el mercado y acceder a divisas “que son de utilización inmediata”, remarcó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en una entrevista el 30 de junio con El Deber.

Al momento, hay unos $us 832,12 millones en financiamiento externo a la espera de su aprobación y posterior sanción en el Legislativo. Se trata de contratos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el banco de desarrollo de América Latina-CAF y con la Cooperación italiana, para proyectos de preinversión, infraestructura vial y riego tecnificado, entre otros.

El más importante de ellos, un crédito de $us 500 millones con el BID, fue aprobado el miércoles pasado en Diputados. El contrato fue suscrito en enero de este año.

Para Montenegro, “es evidente el boicot económico en la Asamblea Legislativa”. En ese marco, “varios asambleístas no están dando curso” a estos financiamientos. “Exigen informes extras como excusa para volver más lenta su aprobación”, sostuvo.

Rodríguez reconoció que la aprobación de algunos contratos de financiamiento requiere de la presentación de “ciertos documentos”. “De acuerdo a reglamento, son 15 días en los que la comisión debe tratar” el proyecto de ley, para “después elevarlo al pleno. Pero por falta de documentación o informes favorables se dilatan otros 15 días, otros 20 días y eso genera cierta especulación en la misma población”, afirmó.

No obstante, el legislador precisó que al momento no hay en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas del Senado o en el pleno de esa cámara “ningún proyecto de ley en materia de crédito”. “Ayer (miércoles), terminamos de aprobar los dos proyectos de ley que quedaban en esa comisión”, subrayó.

Mercado, por su lado, hizo un llamado a los legisladores de todas las tiendas políticas a aprobar esos “créditos indispensables” para el país, para la “estabilidad que necesita nuestra Patria”.

“Que (esa) sea una respuesta positiva del parlamento” al cambio de perspectiva de “ratings en revisión” a “negativa” que hizo Moody’s a la calificación de riesgo Bolivia. Eso “en parte es por los problemas internos que tenemos, aunque consideramos que es injusto porque los índices macroeconómicos están bien”, observó.

Rodríguez expresó que la Cámara de Senadores tiene “predisposición cuando se trata de intereses comunes, de intereses nacionales o de créditos que vayan en beneficio de la población”.

La pugna política al interior del Movimiento al Socialismo (MAS) sucede también en un contexto de reducción de ingresos y crecimiento de la deuda pública.

De acuerdo con datos oficiales, la deuda pública total de Bolivia suma al menos $us 34.665,7 millones y está en más del 80% del Producto Interno Bruto (PIB), calculado para este año en unos $us 43.000 millones. La externa representa 31% del PIB ($us 13.362,7 millones a abril de 2023), la interna 35,2% ($us 15.155 millones a noviembre de 2022) y la de las empresas estatales 14,3% ($us 6.148 millones a junio de 2022)

Apoyándose en el ratio de deuda externa (31%), el Gobierno insiste en que aún tiene espacio para endeudarse, mientras que analistas afirman que se debe incluir en el análisis de sostenibilidad de la deuda pública las obligaciones internas que tiene el Estado.