La exalcaldesa de El Alto permanecerá detenida por un mes en el penal de Obrajes

14 de octubre de 2022, 17:40 PM
14 de octubre de 2022, 17:40 PM

Este viernes, la justicia determinó enviar a la cárcel de Obrajes de manera preventiva a Soledad Chapetón, exalcaldesa de El Alto, tras ser acusada por una supuesta malversación de recursos económicos del Sistema Único de Salud (SUS).

Fue el juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer N°3, René Eduardo Foronda, quien ordenó la medida extrema de la detención preventiva para la exautoridad edil, luego de que la Fiscalía la imputó por los presuntos delitos de conducta antieconómica y malversación de recursos económicos.

“Hizo mal uso de los recursos destinados al SUS, en plena pandemia, los recursos económicos destinados al área de salud fueron mal utilizados, debieron ser utilizados exclusivamente al área de salud, compra de medicamentos, contratar personal de salud o infraestructura, pero estos recursos fueron destinados para pagar salarios y proyectos de inversión”, indicó el director general de Asesoría Legal de la Alcaldía de El Alto, Isaac Mauricio.

Mauricio indicó que el daño económico es de por lo menos 140 millones de dólares y explicó que ahora se viene la etapa preparatoria del proceso, donde el Ministerio Público investigará todos los “aspectos técnicos y formales de cómo se cometió el delito e identificará a los posibles responsables y cómplices”.

“Nosotros vamos a interponer una apelación incidental porque consideramos que la medida adoptada por la autoridad jurisdiccional es mínima, no nos convence de un mes, debió ser de seis meses de detención preventiva”, comentó el asesor legal.

De hecho, el fiscal asignado al caso, Israel Armando Rojas, fue quien pidió en su imputación formal que Soledad Chapetón sea detenida por medio año en la cárcel de Obrajes, pero la autoridad jurisdiccional ordenó la reclusión por el lapso de solo un mes.

Rojas indicó que, al igual que la Alcaldía de El Alto, también apeló la determinación del juez cautelar porque la consideró “mínima” y señaló que esperará a que fijen fecha para esta nueva audiencia, en la que se buscará ampliar la detención de la imputada.

Además, la Fiscalía procesa a Chapetón por otros dos casos, uno de ellos por pagar a una empresa que no concluyó el tramo cuatro de la construcción del drenaje pluvial de la avenida Juan Pablo II, carretera La Paz – Copacabana, durante su gestión.

Y actualmente tiene detención domiciliaria, arraigo y pago de una fianza de 14 mil bolivianos por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso del Plan Operativo Anual (POA).

Aprehendida con su bebé

El 14 de septiembre, la exautoridad edil fue aprehendida y conducida a celdas policiales con su hija lactante en brazos. Su familia, legisladores y organizaciones denunciaron persecución política porque fueron “armados” dos procesos en su contra.

Los expertos en derecho consideran que existió un abuso de poder contra la exalcaldesa Soledad Chapetón al haber sido aprehendida con su hija menor de edad en brazos. Calificaron como un acto "indolente" contra la infante y la madre aún lactante que tuvieron que dormir en celdas policiales.

"Ha sido una aprehensión exabrupta y arbitraria, tomando en cuenta que dentro de un proceso ya se dispuso detención domiciliaria. La exalcaldesa debió demostrar que tiene un domicilio, familia y tiene todas las intenciones de quedarse en El Alto. Pero de forma arbitraria en un segundo proceso emiten un mandamiento de aprehensión cuando ya declaró", lamentó el abogado José Guillén.

Para el jurista William Bascopé, la aprehensión fue un "abuso demasiado perverso y grosero" por parte del Ministerio Público.

Ambos especialistas explicaron que el Código de Procedimiento Penal en su artículo 232 inciso 8 señala que las madres lactantes de hijos menores de un año no pueden ser detenidas de forma preventiva.

En el caso de Chapetón, su hija tiene un año y cinco meses. Al respecto, la abogada Audalia Zurita dijo que el Estado debe precautelar el interés superior de los menores de edad.