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La ley de legitimación de ganancias ilícitas mantiene en jaque al Gobierno. Por el momento, la normativa se encuentra en el Senado en espera de ser tratada por los legisladores. Sin embargo, ya cuenta con la aprobación en la Cámara de Diputados a pesar de la negativa de los opositores. Las explicaciones por parte de voceros del gobierno no calman la preocupación de diversos sectores que, cada vez más, muestran su descontento con la norma.

El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Toño Siñani manifestó en un medio televisivo su rechazo a una norma que "atenta contra los comerciantes y el pueblo". El sector gremial se encuentra en estado de emergencia para frenar una ley que consideran "vulnera sus derechos y abre la posibilidad de que sean investigados a simple denuncia".

"La ley lo dice, ganancias ilícitas son aquellos que hacen movimiento sin aportar al Estado. Un albañil que hace su contrato no hace factura, entonces se le dice que es pasible a ser denunciado por ganancias ilícitas", señaló Siñani.

En la ciudad de El Alto, describe el ejecutivo, "el 85% somos cuenta- propia", es decir, que generamos nuestros propios empleos por lo que la alerta es máxima. "Si tenemos más de 15.000 bolivianos nos van a decir ganancias ilícitas. Impuestos Internos ahora ya está yendo a molestar a las tiendas de barrio", apuntó.

Como representante de los gremiales, anuncia movilizaciones y marchas si persiste la intención de avanzar con la norma. El rechazo a la ley despierta la preocupación de otros sectores que ya han anunciado su interés de sumarse la las acciones a partir del 5 de octubre.

La Cámara Departamental de Transporte Pesado de La Paz (Cadetrans) desconfía de la ley ya que es "muy peligrosa" para todos los sectores sociales del país. El titular de la Cámara, Álvaro Ayllón, asegura que la norma supone un grave riesgo para actividades financieras, civiles y comerciales.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, las asociaciones de Periodistas de La Paz,  de Oruro y de Potosí,  y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia rechazan el 11 artículo de la norma. Consideran que viola la esencia del secreto profesional que está resguardada en la Constitución y la Ley de Imprenta.

El mencionado artículo otorga a la Unidad de Investigación Financiera la potestad de pedir información confidencial y “no se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en todo aspecto económico, profesional u otro”. Además, esta solicitud se podrá realizar “sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo”.

La observación sobre este mismo artículo también incomoda a las iglesias evangélicas de Bolivia. Su representante Carlos Aruquipa considera que afectará al secreto de confesión y al diezmo. Desde el consejo nacional cristiano se critica la vulneración de los derechos de las instituciones religiosas en la Ley de legitimación de ganancias ilegales.

El artículo 18 del proyecto en tratamiento establece que tienen el deber de remitir información a solo requerimiento de la UIF las personas que se dedican a universidades, colegios, iglesias, pastores, curas, partidos políticos y ONG.

Los reclamos a la norma llegan desde los sectores más diversos. El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larach, manifestó su rechazo a la ley por contener artículos que "violan todos los preceptos constitucionales". Explica el alcance de la ley que "todos los ciudadanos debemos denunciar cualquier sospecha, no dice que tienes que tener pruebas, de cualquier boliviano mal gastado".

Siñani, ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, teme por la implementación de la ley. "Nos van a venir a allanar nuestros hogares porque no facturamos, nos van a decir ganancias ilícitas, eso nos preocupa, que los militares van a entrar a nuestros domicilios", apuntó. Y puso como ejemplo lo que sucede en Adepcoca "es como si el Gobierno fuera el dueño de esa casa y todos sabemos que es de los cocaleros".

Desde el Gobierno se trata de revertir la corriente negativa generada por la ley y aseguran que se trata de desinformaciones malintencionadas por parte de la oposición. 

La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza Vásquez, descartó una persecución política con la aplicación de esta norma y negó que esta ley tenga fines recaudatorios. No establece ningún tipo de mecanismos de sanción para las actividades económicas e informales, ni tampoco tiene fines recaudatorios como algunos diputados han ido manifestando, por lo contrario, busca proteger a la población de los legitimadores de dinero que abusan de la buena fe de comerciantes”, aseveró.


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