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Luis Fernando Humérez, conocido como "el testigo clave" en el caso respiradores, intercambió una conversación de WhatsApp con el exdirector jurídico del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela, en la que le preguntó si es que había "alguna salida" antes de que explote el escándalo por la compra con un presunto sobreprecio de 170 respiradores españoles, según datos proporcionados a EL DEBER por fuentes de la investigación. Tras leer un "estamos viendo" como respuesta, escribió que vería la forma de escapar del país.

"¿Hay salida?, le preguntó el 'testigo clave' a Valenzuela, quien le respondió con un "estamos viendo", entonces Humérez abrió la posibilidad de tener un plan para fugar del país, revelaron las fuentes. Desde hace dos semanas, ambos sujetos guardan detención preventiva en el penal de San Pedro, de La Paz, por este caso.

Valenzuela quedó como director jurídico del Ministerio de Salud desde la gestión de Gabriela Montaño, y mientras trabajó, primero para Aníbal Cruz y luego para Marcelo Navajas, mantuvo contacto con la exministra del MAS vía WhatsApp. Además, el día que lo aprehendieron, tuvo un contacto telefónico por 16 minutos con ella, que está refugiada en Buenos Aires, Argentina.

El exdirector jurídico Valenzuela fue aprehendido por la Policía en su oficina del Ministerio de Salud el 19 de mayo. Al día siguiente Humérez se presentó en Cochabamba y fue trasladado a La Paz para comparecer en el caso. El 21 de mayo a mediodía se presentó ante los medios junto a su abogado, Moisés Ponce de León (quien defendió al exfiscal Marcelo Soza en el caso denominado 'terrorismo') y adelantó que el Gobierno fue "estafado" por la empresa proveedora de los equipos. Tras su testimonio, la Fiscalía lo imputó.

En su declaración informativa, Valenzuela fue identificado por el “testigo clave” como la persona que vinculó al Ministerio de Salud con él y otros dos intermediarios. Esos intermediarios, según su versión, fueron el abogado Wálter Zuleta (que fue defensor de Gabriela Zapata), quien supuestamente se vinculó con Iñaqui García, representante de la empresa GPA Innova, que terminó vendiendo los respiradores al Ministerio de Salud. 

El desdoblamiento de llamadas del celular de Humérez destapó que entre enero y mayo de este año, tuvo 141 contactos, 119 salientes y 22 entrantes, con cuatro personajes claves del MAS: el expresidente Evo Morales; el exministro Carlos Romero; el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez y el expresidente de la Cámara de Diputados Edmundo Novillo, así como con otros dirigentes del MAS en Cochabamba y con el exministro de Gobierno de la gestión de Carlos Mesa, revelaron a EL DEBER fuentes de la investigación.

El jueves IME Consulting, la distribuidora de los 170 respiradores enviados a Bolivia, negó rotundamente que se hubiera registrado sobreprecio y que existan funcionarios de la empresa o del Gobierno boliviano que hubieran pedido algún tipo de comisión por la compra-venta de dichos equipos. Sin embargo, reveló que Luis Fernando Humérez, “el testigo clave”, pidió un 'aporte'

En el comunicado, difundido en Bolivia por la agencia comunicacional Rodríguez & Baudoin, IME señaló que “ningún funcionario del Gobierno pidió absolutamente nada por la compra y ningún empresario ni representante de la distribuidora o de la fábrica ofreció comisión alguna”, aunque ratificó que un señor de apellido Humérez pidió “un aporte, pero que le fue rechazado con firmeza”.

Además, confirmó que la solicitud de cotización fue realizada por el entonces director jurídico del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela, y que cinco días después, los equipos volaban hacia Bolivia en un avión de BoA. Con su versión, IME también, supuestamente saca del juego a Zuleta y a García, acusados por Humérez como los otros "intermediarios". El caso fue declarado en reserva por las autoridades judiciales, hasta este martes.