Las implicancias políticas por la muerte de Nisman paralizaron la causa que apunta a Cristina Fernández por el caso AMIA

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19 de enero de 2019, 4:00 AM
19 de enero de 2019, 4:00 AM

La muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, que investigaba el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita (AMIA) y apareció en el baño de su casa con un disparo en la cabeza, cumplió ayer cuatro años, con la investigación estancada en la justicia pese a que el asesinato ya es la hipótesis oficial.

Con el asunto enfangado y convertido en un campo de batalla política por sus profundas implicaciones, la falta de certezas y de rumbo de la causa puede llevarla al cajón, ya rebosante, de los misterios que han surgido desde el ataque terrorista en Argentina, que dejó 85 muertos y sigue impune.

Pocos días antes de su muerte, Nisman había acusado públicamente a la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015) de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado por intereses geopolíticos y comerciales, pero en la víspera de sostener en el Congreso su polémica denuncia –sus críticos argumentan que era endeble y carecía de pruebas–, el fiscal fue encontrado muerto.

Las primeras pericias aseguraron que no habían actuado terceras personas, una conclusión que apuntaba hacia el suicidio, pero tras el cambio de juez –y de Gobierno– el caso dio un giro de 180 grados.

A finales de 2017, un nuevo análisis encabezado por la Gendarmería, una fuerza que no había participado en las primeras investigaciones, desmintió el primero y estableció su versión: dos personas drogaron con ketamina, golpearon y asesinaron al fiscal, al tiempo que manipularon la escena para simular un suicidio.

El juez adoptó esa posición poco después y afirmó en un fallo que Nisman había sido asesinado a consecuencia de su denuncia contra Cristina Fernández, una tesis que recibió el visto bueno de la Cámara Federal el pasado junio, pero tras ello apenas ha habido avances en la causa.

Uno de los puntos a los que se dirigió la investigación es el asistente del fiscal que le dio el arma, Diego Lagomarsino, procesado y con una tobillera de localización desde que la justicia asumió la tesis del asesinato, que siempre ha sostenido que su papel se limitó a facilitarle la pistola a Nisman cuando este se la pidió.

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