Perder un hijo que viene en camino es doloroso. Siempre traumático. Y ese trauma se multiplica hasta lo indecible cuando la mujer afectada, en lugar de recibir apoyo, es criminalizada. Es lo que han sufrido muchas mujeres de El Salvador, uno de los países con las leyes de aborto más restrictivas del mundo, donde incluso una emergencia obstétrica puede llevar a una condena de 30 años, como la que se dictó el 9 de mayo contra Esme. Así se la identifica, para proteger su identidad. De momento está en libertad condicional, pero pasó ya dos años en la cárcel, después de haber sufrido un parto intempestivo en 2019, en una zona rural.

Cuando Esme fue al hospital en busca de atención médica, fue denunciada. Dijeron "que ella había abortado y había acabado con la vida del recién nacido, sin conocer más a fondo lo que propició el parto o que no pudiera acudir a un auxilio”, dice a DW su abogada, Karla Vaquerano, quien está a la espera de recibir el 24 de mayo la sentencia por escrito para apelar. Afirma que el juez basó su decisión únicamente en los argumentos de la Fiscalía, sin tomar en cuenta lo planteado por la defensa.

"Homicidio agravado"

"Somos uno de los países más violentos del mundo y se sigue criminalizando a mujeres en condición de vulnerabilidad”, sostiene la abogada, que forma parte del equipo legal de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (Acdatee).Y explica que muchas veces los procesos se inician por aborto y luego se cambia la figura por "homicidio agravado”, que puede ser sancionado con penas mucho más altas.

Morena Herrera, presidenta de Acdatee, considera "importante que la gente comprenda que no solo es la ley del aborto, sino esta concepción de que el aborto es un asesinato y, por lo tanto, en una etapa más avanzada de embarazo, lo elevan a homicidio agravado por el vínculo materno”. A su juicio, "hay una concepción de la Justicia muy misógina, muy contra las mujeres, sobre todo mujeres pobres”.

Criminalización de la pobreza

Karla Vaquerano subraya que se criminaliza la pobreza. "Hay un patrón: todas son mujeres de escasos recursos, son mujeres que viven al interior del país, son mujeres cabezas de hogar, son mujeres que se encuentran solas”, explica la abogada.

Pero hay también un aspecto político, en un país donde los intentos de reformar la ley de aborto no prosperan. "Los Gobiernos, este y los demás, no consideran el valor de la vida de las mujeres. Ese es el problema de fondo. Pero, además, hay un cálculo político, yo creo que esto en el Gobierno actual está muy presente, un cálculo político electoral, basado en sus vínculos con las iglesias. Con la Iglesia católica y con las iglesias evangélicas”, afirma Morena Herrera.

El caso de Esme representa un revés para el trabajo de las defensoras, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de la primera condena de este tipo en siete años. Pero sus defensoras también acaban de recibir una buena noticia. Este miércoles salió de la cárcel una de las cuatro mujeres que quedaban en prisión por esta causa. Jaqueline había sido condenada a 15 años, tras haber tenido un parto extrahospitalario, pese a que su hija sobrevivió. La acusaron de haber querido abortar. Con ella, la cifra de quienes han recuperado la libertad gracias a las gestiones de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto se eleva a 65. Y la organización reafirma su voluntad de sacarlas a todas de prisión.

El veredicto de la CIDH

El Salvador ya recibió en 2021 una condena dela Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la criminalización de Manuela, una mujer que murió de cáncer en la cárcel, donde se hallaba recluida tras haber sufrido un parto precipitado. "No cabe duda de que Manuela sufrió una emergencia obstétrica causada por la preeclampsia. La Corte rescata que las emergencias obstétricas, por tratarse de una condición médica, no pueden dar lugar automáticamente a una sanción penal”, indicó la CIDH.

Ahora también ha llegado a ese tribunal otro caso, el de Beatriz, quien en 2013 tuvo un embarazo anencefálico. Los médicos recomendaron interrumpirlo, pero dijeron que no podían intervenirla sin una autorización judicial. "Ella entonces solicitó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia y la hicieron esperar 81 días para realizar el procedimiento de histerectomía”, cuenta Morena Herrera. "Nosotros esperamos que el Estado de El Salvador vuelva a ser condenado por la violación del derecho de Beatriz y en esa sentencia es ineludible que la corte tenga que establecer una medida de no repetición, relacionada con el cambio de la ley”.

También cifra esperanzas en el cambio de la sociedad salvadoreña, "sobre todo de las mujeres y de las más jóvenes, que van tomando conciencia de este problema y se van pronunciando. Estos son factores que nosotras consideramos esperanzadores, además de que un Gobierno que se proyecta moderno, como el actual, no puede seguir manteniendo estas leyes y esta forma de aplicación de la ley”.