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Autoridades de Costa Rica allanaron este lunes la Casa Presidencial y varios organismos estatales, y detuvieron al menos a dos dueños de firmas constructoras, en una operación para desmantelar una supuesta red de pago de sobornos a cambio de obras públicas.

Durante la operación, liderada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que depende de la Fiscalía, se realizaron 57 allanamientos, tanto a entidades públicas como a domicilios particulares. Se presume que la red malversó entre 2018 y 2020 unos 78.000 millones de colones, equivalentes a unos 125 millones de dólares.

"Identificamos un esquema de sobornos, un esquema de regalías y pagos indebidos dirigidos a funcionarios públicos patrocinados por empresas privadas (…) Incluso, había un sistema de intermediación entre empresas privadas y funcionarios que permitía la entrega de sobornos y el ulterior lavado y ocultamiento de esos movimientos", expuso el director del OIJ, Wálter Espinoza.

En el transcurso de la mañana, según información oficial del OIJ, se detuvieron 28 sospechosos, entre ellos dos de los dueños de las constructoras más importantes del país.

La policía ingresó a 14 instituciones públicas, entre ellas la Casa Presidencial, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Transporte Público (CTP), entre otros; a múltiples oficinas de empresas privadas; además de a 21 casas de personas vinculadas a la presunta red.

"Hubo una denuncia hacia un grupo de funcionarios públicos que irregularmente favorecían a algunas empresas y que lo hacían para obtener beneficios en el ámbito de mantenimiento, desarrollo y construcción de carreteras", apuntó Espinoza.

"Esas empresas tenían monopolio de adjudicaciones y licitaciones públicas porque contaban con un apoyo de funcionarios que daban beneficios irregulares", añadió el jefe de la OIJ. Entre los favores se incluyen autos, terrenos, dinero en efectivo, entre otros.

Los delitos que se investigan son peculado, cohecho, falsedad ideológica, malversación de fondos, asociación ilícita y tráfico de influencias. 

Firmas constructoras 

Algunos de los detenidos son parte de la empresa MECO S.A., firma de capital costarricense pero con importante presencia en obras de infraestructura pública y privada en Nicaragua, Panamá, El Salvador y Colombia.

Tres de los arrestos, inclusive, se realizaron en las oficinas de MECO, en la localidad de La Uruca, en la capital costarricense de San José.   

Desde 2019, la Fiscalía costarricense les abrió un proceso por oponerse a la Ley contra la Delincuencia Organizada e, incluso, tenían sus teléfonos intervenidos hace más de un año, según detalla la orden de allanamientos de recintos del caso.

"Constructora Meco está en la mejor disposición de colaborar con el Ministerio Público facilitando y entregando la información y la documentación requerida sobre el caso", dijo la empresa en un comunicado.

Otros de los aprehendidos son parte de la constructura H. Solís, una de las más reconocidas en Costa Rica en cuanto a licitaciones estatales.

Al respecto, Casa Presidencial envió un comunicado y señaló que cooperó con todas las diligencias judiciales, y reiteró que "la gestión pública debe darse con estricto apego a las normas legales y éticas". En ese recinto, la operación duró casi cinco horas. 

Esta es la segunda ocasión en que la Casa Presidencial es allanada. En febrero de 2020, las autoridades ingresaron a sus ambientes como parte de las investigaciones sobre el posible acceso ilegal a información sensible de la población a través de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). 

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