Escucha esta nota aquí

Brasil prohibió las quemas en campos y forestas para tratar de poner fin a los incendios en la Amazonia, una medida recibida con escepticismo ante la magnitud de un fenómeno que provocó una crisis diplomática y que muchos atribuyen a la deforestación producto de políticas económica del presidente Jair Bolsonaro en favor de productores agropecuarios y madereros.

El decreto, con vigencia de dos meses a partir de ayer, fue firmado por el presidente Jair Bolsonaro, cuestionado por su apoyo a la expansión de actividades agrícolas y mineras en territorios indígenas y áreas protegidas de la mayor selva tropical del planeta.

El asunto provoca preocupación internacional y crispa al Gobierno, temeroso por su soberanía sobre un territorio de 5,5 millones de km2. La polémica se exacerbó después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, evocara acordar un “estatuto internacional” para la región.

Cumbre mundial

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, planteó la posibilidad de organizar, al margen de la Asamblea General de la ONU en septiembre, una reunión específica sobre la situación en la Amazonia, donde “la situación es evidentemente muy grave”.

El Gobierno brasileño, que ha desplegado más de 3.900 militares y brigadistas, cientos de vehículos y 18 aeronaves, aseguró el miércoles por la noche que los focos de incendio estaban disminuyendo, sin dar números.

Los datos satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales mostraron que desde el martes al miércoles por la noche hubo en Brasil 1.628 focos nuevos, totalizando 84.957 desde enero, más de la mitad de ellos (51,8%) en la selva amazónica.

Esto representa un aumento del 75% respecto al mismo periodo del año pasado y el mayor número de incendios desde 2010.

El país vive su temporada seca, pero los especialistas afirman que el aumento de los incendios se debe principalmente al incremento de la deforestación impulsada por la industria maderera y las actividades agropecuarias, en particular la ganadería para la exportación de carne a China y la expansión de cultivos de soya, alentadas por la política desarrollista de Bolsonaro, contraria a la protección ambiental y favorable al cambio climático.

“Es muy difícil creer que (el decreto) tenga algún impacto inmediato en el terreno. Quien quema sin licencia, no lo va a respetar”, dijo Rodrigo Junqueira, portavoz del Instituto Socioambiental (ISA), una entidad científica no gubernamental volcada en proyectos sociales y ambientales. “La certeza de impunidad es la gran chispa que da inicio a los incendios”, afirmó por su parte el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

WWF señaló que “la mayor parte de la deforestación ocurre en tierras públicas, áreas protegidas, reservas indígenas. Al cruzar esos datos con las áreas de focos de calor detectadas en los satélites, la superposición confirma que las quemas son utilizadas como parte de ese proceso de limpiar la tierra. Son quemas ilegales”.

El fiscal Daniel Azevedo Lobo, miembro del Ministerio Público Federal en el equipo interdisciplinario formado por el Gobierno para tratar la crisis amazónica, afirma que “en un 70%, la deforestación se debe a la actividad de organizaciones criminales”.

“Hay personas engañadas, personas pobres involucradas, pero siempre al servicio de otras, que son las que realmente promueven la deforestación y la apropiación ilegal de tierras”, sostiene. “En Rondonia y en toda la Amazonia hay grupos organizados, estructurados, que se dedican al ‘grilagem’ y están conectados con grupos de otros lugares. Muchos son madereros y actúan donde la tierra está siendo ocupada ilegalmente. Donde hay ‘grilagem’ hay aserraderos”, detalla.