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De los 2,2 millones de personas que se dedican a la agricultura familiar en Perú,  casi 700.000 son mujeres, que en su mayoría carecen de ingresos propios por su trabajo, enfrentan altos índices de violencia de género, embarazos tempranos y escasa participación política.

“Cualquier política de promoción de la agricultura tiene que incorporar a las mujeres rurales porque ellas son las más pobres de la población en pobreza y porque por esa misma situación de dependencia económica están atadas a historias de violencia que no les deja salir adelante y progresar”, aseguró a IPS la dirigente rural Karla Góngora.

La lideresa de una red de autoridades mujeres de la provincia de Quispicanchi, en el departamento surandino de Cusco (Perú), hace este planteamiento tras el anuncio del presidente izquierdista Pedro Castillo, maestro rural y campesino, de que el país emprenderá una segunda reforma agraria, orientada al desarrollo de la agricultura familiar.

Góngora, psicóloga de profesión, es la regidora (fiscalizadora por elección popular de la gestión municipal y con atribución de presentar iniciativas) para el periodo 2019-2022 en el municipio de Urcos, capital de Quispicanchi, una provincia con 82 484 habitantes, en su mayoría de zonas rurales y vinculados a actividades agropecuarias de las que depende su subsistencia.

“Yo felicito esta iniciativa, pero lamentablemente no tenemos información sobre su implementación y menos sobre los mecanismos para la participación de las mujeres del campo, sin esa claridad puede ser otra política que también excluye a quienes más necesitan de la igualdad de oportunidades”, afirmó a IPS en un diálogo en su despacho en las oficinas municipales.

El 3 de octubre, en la fortaleza inca Sacsayhuamán, situada a dos kilómetros de la ciudad del Cusco y admirada por su impresionante arquitectura en piedra, el presidente proclamó ante una multitud de campesinos los ejes de la segunda reforma agraria, política que, remarcó, no implicará ninguna expropiación de tierras.

Esta precisión se adelantó a los temores que el anuncio provocó en sectores empresariales que han traído al tapete la reforma agraria lanzada el 24 de junio de 1969 por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado.

Aquella primera reforma eliminó el latifundio y otorgó derechos a los campesinos, antes no reconocidos, además de expropiar más de 10 millones de hectáreas de tierras.

Pasados 52 años, aquella medida todavía es objeto de visiones polarizadas, por lo que la puesta en marcha de una segunda reforma agraria centrada en el desarrollo de la agricultura familiar despierta muchas expectativas y a la vez inquietudes.

Contexto de la reforma

Ello obedece a que en este país sudamericano de más de 33 millones de personas, la agricultura familiar representa  97% de las unidades agropecuarias y aporta más de 70 % de los alimentos que consume la población peruana, según estadísticas oficiales.

Pero, sin embargo, mantiene a sus protagonistas en gran desventaja social y económica.

Justamente la nueva presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, defendió el 25 de octubre ante el legislativo Congreso que la segunda reforma agraria busca terminar con el abandono en que las mujeres y hombres del Perú rural se encuentran desde hace 30 años, generando una honda fractura en las oportunidades de los habitantes del campo y la ciudad que el gobierno pretende corregir.

Puntualizó que la reforma tendrá nueve ejes, entre ellos la seguridad alimentaria, la infraestructura hidráulica, la industrialización rural, créditos de fomento agrario, asociatividad y cooperativismo, mercados de productores y compras estatales.

Inclusive mencionó un fondo para la mujer rural.

Pero, sin embargo son muchas las dudas sobre su implementación, ahora que en el clima político tenso y polarizado que vive Perú desde que Castillo asumió la presidencia en julio, Vásquez recibió el voto de confianza legislativo el 4 de noviembre.

Gladys Vila, activista indígena quechua, originaria del departamento centroandino de Huancavelica, la región con los mayores índices de pobreza de Perú,  indicó a IPS que si bien entusiasma el anuncio de la segunda reforma agraria, le preocupan varios vacíos.

La expresidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, explicó que entre esos vacíos esta la necesidad de garantizar el financiamiento de la política, en una entrevista telefónica desde Huancayo, capital del central departamento de Junín.

Para que las medidas no queden desarticuladas e inoperativas también se requiere que al compromiso del Ministerio de Agricultura y Riego, se sumen los de los ministerios de Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones, Cultura, y de la Mujer y Desarrollo Social.

Amortiguar las brechas de género

Vila puso énfasis en la importancia de tomar en cuenta las brechas de género en las zonas rurales, pues de lo contrario las mujeres agricultoras, que son motor de la economía pero sin reconocimiento ni valoración, podrían quedar excluidas de las oportunidades de la proyectada reforma.

Planteó que como parte del proceso se den condiciones habilitantes como garantizar a las mujeres la seguridad jurídica de las tierras que trabajan, lo que a su vez requerirá de modificar la ley de comunidades campesinas que reconoce derechos solo al jefe de familia.

“Al quedar fuera del padrón comunitario, también se limita a las mujeres su participación en las juntas directivas y en la toma de decisiones sobre el desarrollo comunal, pese a que tenemos una ley que indica que deben ocupar 30 % de los cargos”, explicó.

Participación paritaria

Vila remarca que es prioritario asegurar la participación paritaria en el acceso a la tierra, para subsanar la vulnerabilidad histórica de las campesinas peruanas.

Datos oficiales indican que las mujeres gestionan en promedio 1,8 hectáreas de tierra y los hombres tres, y que menos de 6 % de las productoras ha participado en oportunidades de capacitación y asistencia técnica.

A nivel mundial, ONU Mujeres ha documentado que las campesinas viven en peores condiciones que sus pares hombres y que las mujeres de zonas urbanas debido a brechas sociales y de género.

También ha evidenciado que si las productoras agropecuarias accedieran en igualdad de condiciones que los hombres a los recursos, se incrementaría la producción de alimentos en los países del Sur en desarrollo y se reducirá la desnutrición entre un 12 y 17 por ciento en ese grupo global.

Clima con mirada femenina

Vila mencionó también la crisis climática que está poniendo en riesgo la vida de las diferentes especies y mermando derechos humanos, en particular de quienes dependen de la agricultura familiar, situación que la política anunciada no ha tomado en cuenta.

“Las mujeres nos estamos adaptando al cambio climático con nuestros saberes ancestrales y con respeto a la madre tierra, resistimos y aportamos a la seguridad y soberanía alimentaria y ese conocimiento debe ser considerado en la segunda reforma agraria”, subrayó.

Un ejemplo de ello es el caso de Beatriz Huisa, campesina de la comunidad de Sachac, en Quispicanchi, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, quien contó a IPS durante una jornada en su aldea que antes el sol la calentaba, pero que ahora la sensación es “de quemadura”.

Y eso no solo sucede en su piel, sino en sus cultivos de papa y hortalizas, que sufren además la reducción de las fuentes hídricas y la aparición de plagas que antes no habían visto por sus planicies.

Sin embargo no se queda de brazos cruzados, y al igual que las mujeres de su comunidad compuesta por 200 familias, apela a los conocimientos de sus abuelas y a insumos naturales para proteger su siembra. Abona la tierra con estiércol de sus animales y prepara repelentes naturales con base al ají rocoto (Capsicum pubescens) y ajos para ahuyentar a gusanos y gorgojos.

Cuando se la pregunta por la anunciada segunda reforma agraria responde que no ha escuchado mucha explicación al respecto, pero que espera que el presidente Castillo “no se olvide de las mujeres del campo”. 

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