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La región española de Cataluña vivió anoche una nueva jornada de protestas, con los grupos independentistas radicales incendiando contenedores y montando barricadas en las principales capitales de esa comunidad autónoma, mientras el Gobierno español intensificó los contactos con las diferentes fuerzas políticas, demandó la condena de esos actos y dejó pendiente la posibilidad de una intervención del Gobierno.

Los manifestantes rechazan la condena a 13 años de cárcel de 9 líderes independentistas.

Según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica catalana) resultaron heridas 14 personas, una de ellas de gravedad, mientras que se detuvo a otra persona durante las protestas registradas ayer en Cataluña, frente a los 125 heridos de la jornada precedente y otros 131 del pasado lunes cerca del aeropuerto de Barcelona.

La Policía regional detuvo a 51 personas ayer por los disturbios. Además, 10 vehículos fueron incendiados por los manifestantes más radicales.

En una rueda de prensa tras reunirse con los principales partidos con representación parlamentaria, el jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, exigió al presidente del Gobierno regional, el independentista Quim Torra, que condene los actos violentos.

Anoche, Quim Torra pidió “detener ahora mismo” los disturbios que asolan por tercer día consecutivo la región española, con cientos de manifestantes quemando vehículos y enfrentándose a la policía en Barcelona.

“No se pueden permitir los incidentes que estamos viendo en las calles (...) Esto debe detenerse ahora mismo”, dijo en una comparecencia de urgencia. “No hay razón ni justificación alguna para quemar coches ni ningún otro acto vandálico”, insistió el líder independentista. A poco más de tres semanas de las elecciones legislativas del 10 de noviembre, las cuartas en igual número de años, Cataluña volvió al centro del debate político en España.

Sánchez rechazó, por ahora, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supondría la pérdida del autogobierno regional, o la Ley de Seguridad Nacional, aprobada por el PSOE y PP en 2015, que ofrece al Gobierno “autoridad funcional” para dirigir las acciones que procedan “en materia de seguridad y orden público” ante una situación de interés para la nación.

Según dijo, “es muy importante que los violentos y quienes los amparan o jalean, aunque sea de palabra”, se enfrenten a la “moderación” como respuesta, ya que su esperanza es que el Gobierno entre en sus “provocaciones”.

Como parte de lo que se ha denominado “marchas por la libertad”, sin embargo, el presidente regional catalán se unió al recorrido que, partiendo de distintos puntos de Cataluña, el independentismo inició ayer en diversas columnas por carreteras con el objetivo de converger en Barcelona el viernes, cuando sindicatos independentistas han convocado una huelga general. Anoche, pidió el levantamiento de las medidas de fuerza.

Tanto el líder del Partido Popular (PP), el conservador Pablo Casado, como el de Ciudadanos (liberales), Albert Rivera, reclamaron ayer a Sánchez que actúe ya y de manera contundente.

Mientras, el secretario general de la izquierdista Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, manifestó que apoyará al Gobierno español en aquellas medidas que incidan en la “desinflamación” y se mostró contrario a las “medidas excepcionales” que plantean Casado y Rivera, por lo que instó a Sánchez a decir si está con ellos o por el diálogo.

Mientras se registraban nuevos cortes de rutas y de vías férreas, desde cinco ciudades catalanes partieron las “marchas por la libertad”, para llegar a Barcelona el viernes tras recorrer 100 kilómetros. “Esto es una gran demostración de fuerza. El tema es no parar”, dijo a la AFP Jordi Soler, un estudiante de doctorado de 25 años, que salió de Girona. “Esto es muy pacífico y está bien”, aunque “a veces hay que ser más contundente”, apuntó.

Frustración

Nacida de la frustración a dos años del fracasado intento de secesión que dejó a los separatistas sin rumbo claro, los hechos violentos muestran una radicalización de una parte del movimiento independentista, que se vanagloriaba de haber sido hasta ahora pacífico.

Una pintada de “Torra traidor” en Barcelona mostraba el distanciamiento entre los activistas más radicales y el gobierno catalán.

“Se ha iniciado un camino de no retorno”, indicaron en un comunicado los Comités de Defensa de la República (CDR).

Desde el fallido intento de secesión de 2017, que supuso la pérdida temporal de la autonomía regional y el encarcelamiento o huida al extranjero de sus líderes, “el movimiento se ha quedado en un estado de noqueo”, asegura la politóloga Berta Barbet.

Su proyecto consistía en prometer una independencia fácil, rápida y sin costes lo que se demostró “irreal” ante un Estado totalmente en contra y una sociedad catalana dividida en dos sobre la cuestión.

Desde entonces, “no ha habido una reflexión de fondo sobre hacia dónde avanzar”, explica el politólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Botella.

El proceso hacia la secesión quedó interrumpido, pero mantienen el poder en el gobierno, el parlamento y una mayoría de municipios de esta región de 7,5 millones de habitantes.

Este bloqueo hizo aflorar las diferencias existentes dentro del independentismo, un heterogéneo movimiento que va desde la izquierda anticapitalista hasta la democracia cristiana.

Además de la discrepancia ideológica, “el movimiento está dividido entre quienes quieren ir hasta el final a cualquier precio y quienes no están dispuestos a asumir algunos de los altos costes que supondría”, dice Barbet.

El expresidente Carles Puigdemont (Juntos por Cataluña, JxC) es partidario de mantener la confrontación con Madrid mientras que su exvicepresidente Oriol Junqueras (Izquierda Republicana, ERC) aboga por el diálogo y prefiere aparcar la vía unilateral. Esta dualidad afecta al gobierno presidido por Quim Torra (coalición JxC-ERC) que, además, perdió el apoyo de la tercera fuerza separatista, la izquierda anticapitalista CUP, imprescindible para su mayoría.