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Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en entrevista concedida al diario El Comercio, consideró que el proyecto de ley del congresista Abel Reyes (Perú Libre) que busca ejercer un control sobre el contenido de los medios de comunicación “puede ser una caja de pandora compleja para la democracia”.

— El congresista Abel Reyes, de la bancada Perú Libre, ha presentado un proyecto de ley que tiene como objetivo declarar de necesidad pública e interés nacional “la justa y equitativa distribución” del espectro electromagnético y radioeléctrico en la radio, televisión y otros medios de comunicación. ¿Cómo se puede interpretar esta clase de iniciativas del oficialismo?

La analizamos con mucha preocupación, este tipo de legislación siempre genera altos riesgos para la libertad de expresión y de prensa (…) Estos proyectos suelen llevar inserto un virus de censura, de intención de controlar el debate ciudadano. La ley tal y como está redactada deja un amplio margen para la discrecionalidad, una ambigüedad en algunas expresiones como, por ejemplo, en el artículo 2 cuando se habla de la justa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico para la radio, televisión y otros medios de comunicación. Esa expresión “otros medios de comunicación” realmente abre una puerta enorme para controlar todo tipo de medios.

Nadie puede estar en desacuerdo con el objetivo de lograr mayores voces, lograr que en todo el territorio peruano lleguen las telecomunicaciones, pero hay un alto riesgo de censura y de controlar contenidos en varios párrafos del proyecto (de Reyes).

— La propuesta de Reyes también establece en su artículo 4 que el Gobierno “con carácter excepcional y transitorio” podrá asumir la prestación directa de determinados servicios o explotación de redes de telecomunicación. ¿Existe un peligro de intervención a medios de comunicación que no son afines al Gobierno?

Totalmente, esto me trae reminiscencias a algunas leyes de medios de hubo en Ecuador y en Argentina, en la primera época del kirchnerismo, en Bolivia y hoy mismo en Nicaragua. Hablar, por un lado, de libertad de expresión, de garantizar el derecho ciudadano a comunicarse y a generar contenidos y difundirlos, y por el otro lado sobre la posibilidad de que el Estado controle a los medios y a su contenido, creo que es una contradicción que está ínsita en este proyecto. En el momento del debate parlamentario, sin duda, se va a tener que analizar en profundidad, porque puede ser una caja de pandora compleja para la democracia y la libertad de expresión en el Perú.

— ¿Es necesario que el presidente Castillo marque distancia de esta clase de iniciativas que provienen de su agrupación? ¿Por qué?

Sin duda, porque no sé si este es un proyecto que nació realmente de la voluntad de una persona o si hay una movida por detrás de ellos, pero hablar, por ejemplo, de que los medios de comunicación han olvidado su rol de comunicar con objetividad empieza a ser una delimitación, intromisión en el periodismo, que resulta peligrosa, porque un gobierno que busca la pluralidad de voces tiene que admitir que haya medios que hablen un discurso distinto al que tiene el gobierno.

¿Un proyecto de este tipo puede marcar el inicio al camino adoptado en Venezuela y Nicaragua, donde los gobiernos han violado la libertad de prensa de los medios de comunicación opositores?

Todavía es prematuro decir eso, es un gobierno que recién inicia, pero sin duda es una alerta temprana. Es decir, la ciudadanía debe estar atenta, este proyecto se debe analizar con mucho detenimiento, que (el debate) no se quede en los objetivos generales que son muy ampulosos, pero que pueden encerrar el virus de la censura y el control estatal de los contenidos y del debate ciudadano.

En Venezuela, (la represión a la prensa) se inició obviamente con proyectos de esta naturaleza y luego se fue avanzando y avanzando hasta prácticamente asfixiar al periodismo independiente. Y lo mismo ocurre en Nicaragua y en menor medida en El Salvador. (Esto) empieza a ser un estándar que se comienza a multiplicar en distintos países de la región y en el caso extremo es obviamente Cuba, donde llevar seis largas décadas de dictadura y donde el periodismo independiente está sufriendo una persecución por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel.

— A casi dos meses del inicio del Gobierno de Castillo se han registrado agresiones físicas y también verbales de partes de integrantes del Ejecutivo a periodistas. Por ejemplo, la última fue a la reportera Hellen Muniz, de RPP, cuando un asistente de Comunicaciones de Palacio de Gobierno intentó quitarle el micrófono cuando quiso hacerle preguntas al presidente. ¿A la SIP le preocupa la relación del Gobierno de Castillo con los medios de comunicación?

Sí, queremos ser muy cautos en el análisis, los gobiernos cuando inician obviamente pueden tener algunos tropiezos, pero realmente nos preocupa este tipo de actitudes de intolerancia hacia la prensa, algunas expresiones que buscan descalificar el trabajo periodístico. Creemos que ningún modo contribuye a establecer un marco de libertad de expresión. Y por eso insistimos e invitamos al presidente Castillo a que suscriba las Declaraciones de Chapultepec y de Salta, que exprese de ese modo su compromiso pleno con la libertad de expresión, que no deje avanzar ningún tipo de proyecto que de algún modo pueda coactar esa libertad.

— Hace una semana, el Consejo de la Prensa Peruana y el IPYS, entre otras instituciones, le solicitaron al presidente Castillo suscribir las Declaraciones de Chapultepec y de Salta, pero aún no hay una respuesta. ¿Qué mensaje daría si no lo hace?

Obviamente, está en su derecho de hacerlo o no hacerlo, pero creemos que sería una buena señal del rumbo democrático del presidente Castillo suscribir esas declaraciones, porque son principios generales que todo gobierno democrático debería poder cumplir más allá de cuál sea su posición ideológica, como respetar el debate ciudadano, el derecho del pueblo a expresarse, de los periodistas a informar e incluso ser críticos al gobierno. Creo que esto es una regla básica de un régimen republicano y democrático.

— ¿Y si no las firma?

Creo que está en su derecho como todo gobernante, pero sería una mala señal sobre el rumbo que le van a imprimir a su gobierno en esta materia específica de la libertad de expresión. Entendemos que no hay nada que un gobernante realmente democrático no pueda cumplir en ninguno de los dos textos que estamos proponiendo. Somos prudentes, estamos dispuestos a darle un tiempo para que lo analice. El presidente Castillo debe evitar todo gesto de intolerancia a la prensa, de confrontación y facilitar el debate ciudadano que se nutre del libre juego que se canaliza a través de los medios de comunicación.

El Ejecutivo no ha permitido el ingreso de equipos de prensa en ciertas actividades del mandatario. ¿Existe un retroceso en lo que se refiere a la libertad de expresión en comparación a administración anteriores?
Ustedes seguramente lo saben mejor que nosotros, que analizamos con detenimiento la situación, pero a la distancia. Indudablemente, son ciclos políticos que muchas veces tienen marchas y contramarchas, todo el proceso que se vivió durante la última campaña electoral fue realmente complejo, preocupante por cómo se definió la elección. 

Creemos que, por el bien del Perú y su inserción en el contexto de América Latina, debería haber un claro mensaje del presidente Castillo de respetar a rajatabla la libertad de expresión y de prensa. En el proyecto de ley hay algunas expresiones que son para mirar con mucho detenimiento, hay una enorme confusión de ideas entre la posibilidad de que las comunidades aborígenes puedan comunicarse y tener acceso a la cultura y la responsabilidad y derecho que tienen los medios de comunicación.

— El presidente Castillo, desde que asumió el poder, no ha brindado una sola entrevista, ni siquiera a TV Perú Noticias, el canal del Estado. ¿Qué dice este silencio? ¿Es negativo?

El silencio de los gobernantes siempre es negativo. Se entiende en algunas circunstancias especiales donde el gobierno necesita tomarse un tiempo para el análisis, pero un gobierno que recién llega, que llega después de un proceso tan complejo como el que fue la campaña electoral y el escrutinio posterior, creemos que lo mejor que debe hacer un gobernante es someterse al escrutinio periodístico y también de la sociedad. Si el silencio se prolonga en el tiempo empieza a ser una señal negativa.

— Desde hace cuatro semanas tampoco hay conferencias de prensa después del Consejo de Ministros, que había sido institucionalizada durante el último quinquenio…

La base de un gobierno republicano es informar sobre la marcha de los asuntos públicos, un gobierno puede elegir alguna forma de comunicación distinta de los gobiernos anteriores, pero la pregunta y la repregunta de los periodistas es fundamental para que no haya un relato único y que baje desde el poder a la sociedad, sino que se permita un ida y vuelta. Es decir, confrontar la versión oficial con otras informaciones que están en la propia sociedad. Y los medios de comunicación son una forma de acercar a la sociedad al gobernante y ayudar a los gobernantes a sentir a la sociedad.

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