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DW: Berta Cáceres era una activista ambiental de renombre internacional. Según su libro fue asesinada en 2016 no solo por razones políticas y económicas porque se opuso a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca, sino que también por razones machistas y racistas. Entonces, ¿su asesinato fue un femicidio?

Nina Lakhani: Ella nunca se identificaba como una activista de medioambiente, sino como una luchadora social y defensora de los derechos humanos, los derechos territoriales y los derechos de las mujeres. Como muchos países de la región, Honduras es un país sumamente machista, en el que para una mujer tener un espacio público en cualquier ámbito significa una gran lucha. Para las élites del país, el hecho de que una mujer, además indígena, pudiera enfrentarse a ellas y bloquear sus planes y negocios fue intolerable. Entonces fue asesinada en su cuarto, en su casa, en pijama. Sin embargo, el machismo y el racismo nunca fueron tomados en cuenta como elementos importantes en el caso llevado por el Estado.

Por los constantes ataques y amenazas en contra de Cáceres, ella era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, fue asesinada. ¿Por qué no se le brindó la seguridad necesaria?

Lo que hemos visto en toda la región es que en muchos casos, el Estado no cumple con las medidas otorgadas. Berta no fue la primera, ha habido más de diez personas, solamente en Honduras, que a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH han sido asesinadas. Es otro tipo de impunidad, porque no hay consecuencia ninguna para un Estado que no actúa.

Según su libro, en el asesinato de Cáceres se aplicaron las mismas estrategias de contrainsurgencia que se conocen desde la época de la Guerra Fría. ¿Cómo se explica esta continuidad?

En los años ochenta, cualquier asesinato como el de Berta hubiera sido clasificado como un crímen de Estado. Ahora todo es mucho más gris, hay una violencia generalizada y hay muchos actores privados que pretenden ser legítimos. El asesinato de Berta no ocurrió como un evento aislado. Había una campaña de terror en contra de ella, la organización COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) que Berta lideraba y de la comunidad. Había amenazas, había violencia contra otros líderes locales, había acoso sexual, criminalización y difamación. El asesinato fue el último paso, porque con todas las otras tácticas no se logró neutralizar y silenciar a Berta.

En el libro se menciona una lista de muerte con nombres de líderes sociales de Honduras que circulaba en el ejército. Por lo tanto, ¿se puede decir que Cáceres fue asesinado por orden del Ejército?

No he podido probar eso. Por toda la evidencia que pude conseguir, su nombre, como el nombre de otros líderes sociales, sí apareció en una lista manejada por las fuerzas armadas de Honduras. Cuando hay una lista de muerte, lo que sabemos de este tipo de listas de otros países es que el plan nunca es matar a todos, el plan es neutralizarlos. En el caso de Berta sí participaron varias personas con vínculos previos y actuales a las fuerzas armadas, y varias de ellas fueron entrenadas por militares de Estados Unidos.

Siete personas, entre ellas personal de la empresa DESA que administra el proyecto hidroeléctrico y exmilitares fueron condenadas a largas sentencias de prisión por el asesinato de Berta Cáceres. En un país como Honduras donde reina la impunidad, ¿considera esto un éxito?

Lo considero un éxito parcial, porque el Estado hondureño fue presionado por la comunidad internacional a llevar el caso a juicio. La familia nunca ha dejado de exigir justicia para Berta Cáceres. Sí, ha habido justicia parcial, pero los sentenciados son los autores materiales, pero los que ordenaron, pagaron y se beneficiaron de la muerte de Berta Cáceres todavía no han enfrentado la justicia.

Con respecto al asesinato, ¿cuál es la responsabilidad de instituciones como el banco holandés de desarrollo FMO o empresas como Voith Hydro de Alemania que iba a proveer las turbinas para la hidroeléctrica?

Sabemos que en ningún proyecto en los territorios indígenas ha habido una consulta previa adecuada, tal como lo requiere el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional de Trabajo). En el caso del banco FMO, Berta les escribió tanto a ellos como a los otros bancos en 2013 para advertirles de que había represión contra la comunidad. Nadie puede decir que no lo sabía, pero siguen buscando socios hondureños de las mismas élites que son los únicos que se han beneficiado del golpe de Estado en 2009. Si Honduras fuera un lugar donde estos proyectos hubieran generado trabajo y desarrollo, y estamos hablando de cientos de estos proyectos aprobados a partir del golpe de Estado, ¿por qué siguen huyendo miles de hondureños del país, buscando un trabajo digno y seguridad?

¿Cómo afectó el asesinato de Cáceres a COPINH y a los movimientos sociales en Honduras?

El asesinato de Berta fue un golpe profundo para el movimiento social en Honduras, por eso la mataron, pero cuatro años después ya hay señales positivas, porque no solamente el COPINH, sino el movimiento social en general, se está recuperando. Para mí, es un logro impresionante que el movimiento siga de pie, y lo veo como una gota de esperanza muy importante.