La Misión de Observación Electoral y políticos de diferentes partidos rechazan el comportamiento de algunos empresarios y piden a la Fiscalía que se investigue. Casi 35 millones están convocados a votar

20 de mayo de 2022, 11:55 AM
20 de mayo de 2022, 11:55 AM


A pocos días de la primera vuelta presidencial del 29 de mayo, Colombia vive una crispada campaña electoral marcada por las tensiones entre los principales candidatos a la Casa de Nariño. Arrecian los ataques y denuncias en una campaña que se inclina a la polarización, principalmente entre los dos candidatos que encabezan las encuestas, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.

Han emergido casos de empresarios que están ejerciendo presiones indebidas sobre sus trabajadores para que se abstengan de votar por Petro, un comportamiento que la Misión de Observación Electoral ha calificado como delictivo.

El ejemplo más notorio ha sido el de Sergio Araújo Castro, uno de los fundadores del Centro Democrático, el actual partido de Gobierno, junto al expresidente Álvaro Uribe. El político desató una acalorada discusión esta semana al asegurar en redes sociales que se propone despedir a los trabajadores de sus empresas que apoyan al candidato presidencial del Pacto Histórico, la variopinta coalición de izquierdas que ya obtuvo la mayor bancada en el Congreso en las legislativas de marzo. “Un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir”, escribió.

Diversas voces, desde distintas orillas, rechazaron vehementemente la amenaza de Araújo –con la excepción de algunos sectores del Centro Democrático–. Para empezar, muchos señalaron que esa conducta muy probablemente constituye el delito de constreñimiento al elector, contemplado en el código penal colombiano. Aunque es por mucho el episodio más controversial, no ha sido el único.

Entre otros, se ha conocido el caso del gerente de una cooperativa que produce lácteos que envió una carta en la que, sin mencionarlo, usaba frases y colores de la campaña de Fico Gutiérrez, el candidato de la coalición de derechas, apoyado por el uribismo. O el discurso de un gerente de una empresa de cueros que le dibuja a sus empleados un escenario catastrófico en caso de que Petro sea presidente.

La Misión de Observación Electoral ha rechazado esos episodios, sin dar nombres propios, y ha pedido a las autoridades las investigaciones y sanciones respectivas. Entre los reportes que ha recibido, la MOE señala que se han presentado casos de empresas que comunican a sus empleados que “de ganar cierto candidato” cerrarán las instalaciones y perderán su puesto, lo que “representa un delito electoral en torno al derecho al voto libre”. 

También se han presentado casos de empleadores que, en contra de la reglamentación, no quieren permitir que sus trabajadores vayan a votar el día de elecciones, y otros que están organizando eventos de proselitismo político en favor de algún candidato en los lugares de trabajo.





Amenazas a candidatos

El Gobierno reforzó el esquema de seguridad del candidato derechista Federico Gutiérrez, ante las amenazas de narcotraficantes y paramilitares denunciadas por su equipo.

La campaña de Gutiérrez, segundo en la intención de voto detrás del izquierdista Gustavo Petro, aseguró haber recibido un panfleto intimidatorio de las Águilas Negras, una organización clandestina de origen paramilitar a la que se le atribuyen amenazas sin que nunca se haya identificado a sus responsables.

“El Gobierno nacional, en conjunto con las Fuerzas Militares y la Policía nacional, ha dado instrucciones claras de robustecer el sistema de seguridad del candidato presidencial”, dijo el ministro del Interior, Daniel Palacios.