Colombia se queja con Haití por trato a mercenarios implicados en magnicidio
18 colombianos permanecen bajo investigación. La vicecanciller ha pedido que se esclarezca el asesinato del presidente Moise actuando dentro del debido proceso
Colombia se quejó con el gobierno haitiano por el trato que están recibiendo los 18 colombianos implicados presuntamente en el magnicidio del presidente Jovenel Moise y le exigió que les garantice la vida y el debido proceso, según una carta diplomática difundida este viernes.
"Le recuerdo a su gobierno que tiene la obligación moral y legal de proteger a los detenidos que están bajo su jurisdicción", escribió la vicecanciller Marta Lucía Ramírez en la misiva dirigida al embajador haitiano en Bogotá, Jean Mary Exil.
Una misión consular que estuvo en pasados días en Puerto Príncipe "evidenció irregularidades" en el proceso que sigue contra el grupo de mercenarios por su participación en el asesinato de Moise el 7 de julio.
Algunos incluso "sufrieron heridas" durante su detención, y no han recibido una adecuada atención médica ni se les han garantizado condiciones humanitarias, según la cancillería. Asimismo, denunció que a ninguno de los colombianos bajo arresto en Haití le han asignado un "abogado de oficio".
"Demandamos que se investiguen y sancionen a los autores de estas conductas lesivas de sus derechos", apuntó Ramírez en su carta.
Y añadió que el gobierno colombiano quiere que se "esclarezca el crimen y se castigue a los responsables", respetando el "debido proceso a los detenidos".
Moise fue asesinado durante un asalto a su residencia en el que están implicados 26 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano, según las investigaciones en curso. Dos de los atacantes colombianos murieron a manos de las fuerzas haitianas.
Puerto Príncipe cree que se trató de un complot organizado por un grupo de haitianos entre los que están un exsenador fugitivo y un pastor médico radicado en Florida, sureste de Estados Unidos.
Estos hombres habrían reclutado a los exmilitares colombianos, a través de una empresa de seguridad venezolana, también establecida en ese estado norteamericano.
El gobierno de Iván Duque, apoyado en las pesquisas en las que colabora junto al FBI, sospecha que una parte de los mercenarios fueron engañados y que solo unos cuantos supieron del plan para asesinar al presidente.
