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La ONU, la Unión Europea y Estados Unidos denunciaron este martes un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía de Colombia para controlar casi una semana de violentas protestas contra el gobierno que dejan una veintena de muertos y centenares de heridos.

"Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali (...) la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas", declaró en Ginebra Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Lo que empezó el miércoles como una manifestación pacífica en rechazo a una reforma fiscal ya retirada se transformó en graves protestas contra el gobierno. Según datos oficiales las jornadas dejan 19 muertos (al menos tres por disparos), 89 personas desaparecidas y 846 heridos.

En la tarde de este martes hay bloqueos en las vías de los departamentos de Cundinamarca (centro), Meta (centro), Quindío (centro-oeste) y Valle del Cauca (suroeste).

También hay manifestaciones en Bogotá y en Cali, tercera ciudad del país, capital del Valle del Cauca y la más afectada por los disturbios. 

Hurtado hizo "un llamado a la calma (...) Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta".

Defensores de derechos humanos denuncian casos de violencia policial, que incluyen civiles muertos a manos de uniformados.

La Unión Europea se sumó a las advertencias y pidió "evitar el uso desproporcionado de la fuerza".

Cali en llamas

Las protestas del lunes se tornaron violentas en Cali. La ciudad de 2,2 millones de habitantes está militarizada desde el viernes por orden del gobierno. Manifestantes aseguran que la fuerza pública abrió fuego contra civiles. 

Según la alcaldía local, el lunes por la noche murieron cinco personas y 33 quedaron heridas. La Defensoría del Pueblo no ha corroborado estas cifras.

A los desmanes se suman bloqueos en las principales vías de esa región que provocan desabastecimiento de gasolina y preocupación por el paso de camiones con oxígeno e insumos médicos en plena pandemia.

El Defensor del Pueblo (Ombudsman), Carlos Camargo, afirmó que un miembro de la entidad y otras cuatro personas fueron atacados por uniformados mientras asistían a detenidos en Cali.

"Fueron objeto de amenazas por parte de agentes de la policía nacional quienes dispararon en repetidas ocasiones al aire y al piso, tiraron granadas aturdidoras, los maltrataron verbalmente y les exigieron retirarse del lugar", precisó.

El presidente, Iván Duque, respaldó la actuación de la fuerza pública en una alocución este martes.

"Nada justifica que haya personas armadas que, amparadas en el deseo legítimo de la ciudadanía de hacer marchas cívicas, salgan a disparar a ciudadanos indefensos y a agredir cruelmente a nuestros policías", declaró.

Tres uniformados han recibido disparos desde el inicio de las protestas.

Según el mandatario, la fuerza pública es víctima de agresiones orquestadas por los grupos armados que operan en el país tras más de medio siglo de un conflicto interno. La firma del acuerdo de paz con la guerrilla FARC en 2016 no cesó la violencia.

Duque anunció el desplazamiento de varios ministros a Cali.

Gobierno impopular 

Aunque el presidente retiró la reforma tributaria y el ministro de Hacienda renunció, la gente sigue protestando para exigir "mejores condiciones de vida para la ciudadanía", dijo a la AFP Yonny Rojas, líder de las manifestaciones en Cali.

"El despliegue de la fuerza pública fue demasiado alto, sin precedentes (...) ingresan disparando contra la ciudadanía", añadió.

Duque enfrenta inéditas protestas en las calles desde que subió al poder en 2018. 

Sindicatos, indígenas, organizaciones civiles, estudiantes entre otros sectores inconformes exigen un cambio de rumbo a su gobierno que roza una popularidad del 33%. 

El ministerio de Defensa desplegó 47.500 uniformados en todo el país. Solo en Cali hay 700 soldados, 500 hombres de la fuerza antidisturbios (Esmad), 1.800 policías y dos helicópteros adicionales. 

Amnistía Internacional pidió poner "fin a la represión de las manifestaciones (y) cesar la militarización de las ciudades". 

Por su parte, Washington se dijo "entristecido" por las "pérdidas de vidas" y abogó por una "máxima moderación" de las autoridades. 

Defensores de derechos humanos piden no repetir lo sucedido en 2020, cuando la fuerza pública enfrentó a bala movilizaciones contra la brutalidad policial, dejando una docena de muertos y más de medio millar de heridos.

Las protestas actuales recogen además la desesperación provocada por la pandemia de covid-19 que golpea con fuerza el país de 50 millones de habitantes.

En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia se hundió un 6,8% en 2020 y el desempleo trepó al 16,8% en marzo. Casi la mitad de la población quedó en la pobreza, según cifras oficiales. 

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